La UCO halló en la sede del PSOE una agenda sobre el rescate de la SEPI a Tubos Reunidos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en la sede del PSOE una agenda con anotaciones manuscritas relativas a la ayuda pública a la compañía Tubos Reunidos, vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI. Así consta en un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que este lunes ha imputado a 25 personas, entre ellas la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda, en la causa que investiga una presunta trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno.

En dicho escrito, el Ministerio Fiscal se hace eco del hallazgo de la UCO, que en virtud de un requerimiento dirigido al PSOE, intervino en su sede de la madrileña calle Ferraz «diversas evidencias», entre ellas la citada agenda con anotaciones sobre Tubos Reunidos.

Tales anotaciones «pondrían de manifiesto» que el exdirigente socialista Santos Cerdán «habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos» así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente.

Se trata de la trama que presuntamente habría realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.

Anticorrupción sostiene que el grupo denominado «Hirurok» —«Nosotros tres», en euskera, y presuntamente integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— habría llevado a cabo «acciones tendentes al otorgamiento» de la ayuda.

A cambio de esta gestión percibieron 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera «mendaces» pues su verdadera motivación vendría por las gestiones para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

La decisión, conocida este lunes, del juez Pedraz de investigar a más de una veintena de personas amplía el foco de la investigación a otras empresas de relevancia. Para el Ministerio Fiscal existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.

Además, la UCO señala el destacado papel que habría desempeñado el que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández, que con razón de esta operativa habría facturado 40.000 euros.

Los agentes sospechan asimismo que, en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Fernández «habría continuado de facto actuando como tal» en la sombra. Así han constatado «su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones».