Almeida quita a Casa Árabe su sede en Madrid tras la etapa de «despilfarro» de Irene Lozano
El alcalde castiga a la institución adscrita a Exteriores entre críticas a la «bancarrota» que dejó la «biógrafa de Sánchez»
La sede Casa Árabe en las Escuelas Aguirre de Madrid. | EP
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este lunes que da hasta el 1 de septiembre a Casa Árabe para que desaloje el emblemático edificio de Escuelas Aguirre. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado la decisión por la etapa de «despilfarro y chiringuito» de Irene Lozano, que llevó a la «bancarrota» a esta institución cultural adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y en cuyo consorcio estaba la Comunidad de Madrid hasta este año.
«Hoy en el patronato de Casa Árabe hemos manifestado que recuperamos la posesión del edificio, de Escuelas Aguirre y, por tanto, que Casa Árabe no podrá seguir en esa ubicación», ha trasladado Almeida en rueda de prensa. El Consistorio adopta esta decisión tras el «chiringuito» en el que convirtió Casa Árabe «la biógrafa de Pedro Sánchez, Irene Lozano». Su gestión al frente fue «lamentabilísima», a juicio del alcalde, ya que dejó «en bancarrota» a Casa Árabe y «ahí están los informes del Tribunal de Cuentas, que apuntan a una responsabilidad contable de Irene Lozano».
Almeida ha incidido en que la gestión de Lozano supuso el «abandono del edificio», que adolece de «problemas estructurales importantes». En la actualidad, varias partes del edificio se encuentran cubiertas con lonas verdes ante el riesgo de caída de cascotes a la vía pública. «Hemos tratado de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores pero el ministro José Manuel Albares ni está ni se le espera en este asunto», ha reprochado.
El Ayuntamiento recuperará ahora formalmente el edificio de Escuelas Aguirre y acometerá obras urgentes de recuperación, conservación y consolidación porque no van a dejar «que se caiga». «Lo vamos a devolver al uso de todos los madrileños después de que Casa Árabe haya sido un despilfarro y un chiringuito de Irene Lozano, que lo dejó en bancarrota. Hasta aquí hemos llegado», ha argumentado.
El Ayuntamiento sí que ha manifestado su voluntad de «cooperar con Casa Árabe para que puedan encontrar otra ubicación y puedan continuar con la actividad», según Europa Press. En este sentido, Almeida ha puntualizado que «no tienen intención de proporcionarles otro edificio municipal», por lo que se abre la incógnita de su futuro en la capital. Dentro del consorcio que dirige Exteriores también está el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía. En cuanto a los usos de Escuelas Aguirre, Almeida ha planteado que puede ser «perfectamente el cultural», pero siempre «para disfrute de todos los madrileños».
Lozano dimitió en febrero del año pasado por sorpresa. Su salida se debió al malestar dentro de esta entidad cultural adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores por su mala gestión económica, según revelaron fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE. Una delicada situación que llevó al consorcio a aplazar los presupuestos que Lozano presentó para 2025 y a plantear un ultimátum a la biógrafa de Pedro Sánchez para que presentase un plan de viabilidad para sanear las cuentas.
Casa Árabe es un consorcio institucional creado en julio de 2006 mediante un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba. Las cuatro instituciones autonómicas y locales están gobernadas por el PP y han sido las más críticas con la gestión de la directora general, hasta el punto de que la Comunidad de Madrid se marchó a principios de año.
El choque dentro del consejo rector llegó a tal punto que a finales de 2024, los representantes del PP rechazaron las «discutidas» cuentas que Lozano propuso para el pasado año, por lo que Casa Árabe funcionó con los presupuestos prorrogados. Además, emplazaron en ese momento a la directora a presentar un plan económico de viabilidad a lo largo del mes de enero, pero la exdiputada socialista dejó que expirase el plazo sin entregar ningún documento y tras ello, renunció al cargo.