La trama presionó a directivos de la SEPI para lograr rescates: «Hay que hablarlo con Charo»
Leire Díez y Vicente Fernández presionaron a la directiva de la entidad para salvar a una empresa afín al PNV
'Charo' Martínez, directiva de la SEPI. | SEPI
La Unidad Central Operativa (UCO) desvela en un nuevo informe sobre el llamado ‘caso SEPI‘ que la trama presionó a altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para lograr el rescate de 112,8 millones de euros para la empresa Tubos Reunidos. Una firma industrial muy cercana al PNV, que el nacionalismo vasco maniobró para salvar. Por sus gestiones la trama cobró comisiones superiores a los 250.000 euros. Y entre las operaciones que desplegaron para lograrlo, tal y como muestran los mensajes intervenidos por la Guardia Civil, aparecen presiones y contactos con Rosario Martínez (se refieren a ella como «Charo»), directiva de la SEPI, y con Miguel Ángel Santiago, director corporativo de la entidad pública.
En noviembre del pasado 2025 THE OBJECTIVE informó de la enorme preocupación existente en la cúpula del PNV ante las investigaciones de la UCO sobre Santos Cerdán, Leire Díez y las ramificaciones vascas del ‘caso SEPI’. Sabían, ya entonces, que el nombre del partido aparecería vinculado a diversas operaciones de la trama. Y eso es precisamente lo que apunta el nuevo informe de los investigadores de la Guardia Civil, que ya obra en poder de la Audiencia Nacional.
Según ese informe, al que ha tenido acceso este diario, la trama de Leire Díez y Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) maniobró ante la entidad pública para lograr que una empresa vasca en graves problemas financieros, pero con el respaldo político absoluto del PNV, alcanzase un rescate clave para su futuro. En total, 112,8 millones de euros de los que la empresa pagaría diversas comisiones a la trama a razón de 5.000 euros mensuales entre 2021 y 2023. Esa y otras bonificaciones «de agradecimiento» elevaron la comisión total por encima de los 250.000 euros.
El informe de la UCO desgrana los contactos mantenidos por la trama con altos directivos de la SEPI para allanar el camino a la empresa vasca hacia ese rescate millonario. Parte de las gestiones las dirigieron a Rosario Martínez Manzanedo, a la que llamaban «Charo», directora del área de Participadas de la SEPI y «encargaba de la tramitación de la solicitud».
«Me cuentan que Tubos Reunidos ha pedido del fondo 100 millones de euros en forma de préstamo participativo. ¿Es correcta la info? ¿Cómo ves la solicitud?», le escribió el 23 de noviembre de 2020 ‘Charo’ Martínez a Vicente Fernández, que había sido presidente de la SEPI hasta su dimisión en octubre de 2021.
En las conversaciones intervenidas aparecen menciones y chats con Miguel Ángel Santiago, director corporativo de la SEPI y otro de los hombres clave para la concesión de esas ayudas. También a otro Miguel Ángel, en este caso Figueroa, director de otra de las áreas de Participadas de la SEPI que tenía influencia sobre el rescate de Tubos Reunidos. Federico Castaño, director de medios de la SEPI hasta octubre de 2021. Vicente Fernández, según acredita la UCO, mantenía conversaciones por Whatsapp y por aplicaciones encriptadas para comunicaciones seguras con los cuatro directivos.
El papel del PNV
La UCO ha descubierto que Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández; y el empresario Joseba Antxon Alonso, presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se reunieron con el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el exsenador Joseba Aurrekoetxea, entre otros cargos de los nacionalistas vascos, para que el Gobierno rescatara a Tubos Reunidos. El éxito de la operación incluso aparece anotado en una de las agendas de la denominada fontanera del PSOE.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si Leire Díez, Fernández y Antxon Alonso formaron una estructura paralela a la SEPI entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO cree que mediaron en al menos cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros y que en esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos». Los tres, que fueron detenidos en diciembre, tenían un chat en WhatsAapp llamado Hirurok («nosotros tres» en vasco) que presuntamente habría cobrado más de 750.000 euros en comisiones.
El Gobierno aprobó el rescate de Tubos Reunidos en julio de 2021, dos años después de que Fernández abandonara la SEPI. El socio de Leire Díez presidió la empresa pública entre junio de 2018 y octubre del año siguiente, cuando dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Luego trabajó para Servinabar, donde cobró 128.000 euros entre junio de 2021 y abril de 2023. La empresa vasca que consiguió 112,8 millones también le tuvo como consultor externo durante cuatro años tras la concesión de la ayuda pública.