La vivienda, otra vez

El precio de la vivienda sigue por las nubes, y no solo en España. Aquí nos quejamos de que los pisos hayan subido el 50% desde 2010, pero en Alemania y Suecia lo han hecho el 100%; en varios estados de los Estados Unidos el 160%, y en algún país báltico incluso el 200%. Estas tasas de crecimiento resultan inalcanzables para los salarios, especialmente en España, donde, debido a la baja productividad, apenas han registrado un aumento del 12% en ese mismo periodo.

El resultado práctico es que si en 1987 el hogar mediano debía destinar a la compra de vivienda, según el Banco de España, la renta bruta de tres años, ahora necesita la de ocho.

Se trata de un problema que trasciende el ámbito de lo meramente económico y lo está envenenando todo. Como observa The Economist, su carestía «está detrás de algunos de los mayores conflictos de los últimos años», porque ha abierto un cisma entre los prósperos urbanitas y los demás, ese magma social de la periferia (la España vaciada, la Francia de los chalecos amarillos o la Gran Bretaña del Brexit) que percibe que el sistema está sesgado en su perjuicio y vota a opciones cada vez más radicales.

Urge, por tanto, resolver el problema de la vivienda y en España nos encontramos con un panorama político muy dividido, incluso dentro del propio Gobierno, como pudo apreciarse el pasado 19 de marzo, cuando los cinco ministros de Sumar e Izquierda Unida se negaron a entrar en el Consejo de Ministros que iba a aprobar el plan de respuesta económica a la crisis abierta por la guerra de Irán porque no incluía medidas de vivienda.

Al final, el plantón se resolvió troceando el paquete anticrisis en dos reales decretos: uno con las medidas generales (energía, márgenes empresariales, etcétera) y otro específico sobre vivienda, que todo indica, sin embargo, que no será convalidado, porque si dentro del Gobierno no hay consenso, mucho menos lo hay fuera de él. Ahora mismo, mientras la izquierda parlamentaria plantea soluciones fuertemente intervencionistas, la derecha aboga por lo contrario: suprimir la mayoría de los controles, que solo desincentivan la construcción y la puesta en alquiler y, por tanto, impiden que la oferta crezca.

¿Quién está en lo correcto?

Sobre ello debaten el profesor del IESE Javier Díaz-Giménez y el corresponsal económico de THE OBJECTIVE Miguel Ors Villarejo en este nuevo episodio de El Gris Importa.