La trama Leire buscó acomodo a Vicente Fernández para seguir «tutelando la SEPI»
Montero se resistió 16 meses a nombrar un nuevo presidente tras su imputación por el 'caso Aznalcóllar'
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La trama Leire maniobró para encontrar acomodo a Vicente Fernández. El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dimitió en octubre de 2019 tras ser citado como investigado en el caso Aznalcóllar. Leire Díez buscó fórmulas para que siguiera «tutelando la SEPI», donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que crearon una trama paralela para favorecer contratos y rescates públicos que cifran en 132,9 millones de euros. La imputación de Fernández también activó una operativa contra jueces para salvaguardar sus intereses económicos. Inicialmente, contra la magistrada Mercedes Alaya. Cinco años más tarde integraron el equipo que supuestamente impulsó el PSOE para influir en los casos judiciales que cercan al partido y que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La decisión de Alaya dio al traste con las aspiraciones de la trama Leire. La instructora del caso Aznalcóllar imputó a Fernández por las presuntas irregularidades de la adjudicación de los derechos de explotación de la mina sevillana cuando ejercía como secretario general de Industria, Innovación y Energía de la Junta de Andalucía. El Gobierno que presidía Susana Díaz concedió en marzo de 2015 a la multinacional Grupo México los derechos de explotación del yacimiento que protagonizó la catástrofe en 1998.
«Si decidimos sacrificar a Vicente [Fernández] estamos abriendo la veda para que hagan lo propio con otros; ya estamos viendo que la verdad no es la prueba que más pesa», escribió Leire Díez en una de sus agendas, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La denominada fontanera del PSOE insistió: «¿Dónde puede estar Vicente [Fernández] para que siga tutelando la acción de SEPI si tenemos claro que es la persona que reúne las mejores condiciones para ello?». La anotación aparece en un cuaderno que los investigadores fechan a finales de 2019.
Las agendas de Leire Díez
En la veintena de agendas incautadas a Leire Díez por la UCO hay numerosas alusiones a la SEPI, pero también a empresas públicas como Correos, Tragsa y la Agencia EFE. Sin embargo, sus empeños estaban puestos fundamentalmente en el holding que presidía Fernández a pesar de su salida. «Papel de Vicente no visible pero oficial para poder seguir siendo interlocutor en operaciones complejas», escribió la exmilitante socialista en unas notas de abril de 2021.
Fernández dimitió en octubre de 2019, pero el Gobierno se resistió a nombrar un nuevo presidente en la SEPI durante 16 meses. La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, designó a Belén Gualda al frente del holding de titularidad pública en marzo de 2021, tras casi 600 días de sede vacante. La dirigente sevillana guardó el puesto a su colaborador desde los tiempos en la Junta de Andalucía, donde Fernández fue secretario de Industria, Innovación y Energía e interventor general durante el Gobierno de Susana Díaz.
Durante ese tiempo, Fernández mantuvo el contacto profesional con los empleados de la SEPI. Algunos aseguran que le vieron en varias ocasiones en su antiguo despacho tras la dimisión y que incluso mantenía el chófer. Año y medio después del nombramiento de Gualda, en las Navidades de 2022, Moncloa fue advertida de la existencia de una «SEPI paralela», según avanzó este diario. En un principio, se interpretó como un boicot a la nueva presidenta, pero en realidad se trataba de otra cosa: una estructura que aprovechaba su influencia para conectar empresarios y entes públicos.
Los investigadores sospechan que la «SEPI paralela» disponía de dos sedes sociales. La primera, hasta julio de 2021, en la residencia oficial del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En ella, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Fernández y Leire Díez se reunirían de forma habitual. Koldo García hablaba de la exmilitante socialista como alguien que hacía determinados encargos, motivo por el que Ábalos la fichó para montar un periódico digital para la militancia, La Hora Digital. Después la habría enchufado en la empresa pública Enusa, de donde dio el salto a Correos.
La «SEPI paralela»
La segunda sede se encontraba en el despacho de Diego de León, 36, a apenas 600 metros de la sede central de la SEPI. Un sitio discreto que Fernández alquiló en 2019 para seguir realizando las operaciones pendientes que se habían visto interrumpidas -aparentemente- con su dimisión. Los trabajadores del holding de titularidad pública relatan escandalizados que el vicepresidente, Bartolomé Lora, acudía a despachar cada semana con Fernández, que seguía siendo el presidente de facto. La actividad se intensificó con los rescates con dinero público que, entre otros, beneficiaron a Air Europa (noviembre de 2020) y Plus Ultra (marzo de 2021).
La imputación y posterior dimisión de Fernández por el caso Aznalcóllar llevó a la trama a intensificar sus andanzas para desmontar operaciones judiciales y policiales. Pedraz investiga a Leire Díez por montar una estructura avalada por Cerdán desde abril de 2024, durante los días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo, el sumario del caso demuestra que comenzó sus andanzas a finales de 2019 a raíz del caso de los ERE de Andalucía, en el que fueron condenados 19 dirigentes socialistas por el desvío de 679 millones de euros.
La trama se encargó de dirigir las labores en la sombra encaminadas a desactivar el caso de los ERE de Andalucía. Para ello buscó en 2020 la «muerte social» de la juez Mercedes Alaya, instructora del procedimiento. La misma magistrada que investigó por el caso Aznalcóllar al presidente de la SEPI, que se vio obligado a dimitir cercado por el escándalo. La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a Fernández y a otros 15 acusados en marzo del año pasado. La UCO investiga si presionó a la Fiscalía para absolver a su socio.
Tras abandonar la SEPI, Fernández se refugió en Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso en la que Cerdán poseía el 45% de las acciones. La constructora navarra tuvo en nómina al expresidente de la SEPI como director comercial de la constructora navarra entre mayo de 2021 y febrero de 2023. Durante ese periodo se embolsó más de 100.000 euros. Una tarea que simultaneó con su trabajo de asesoría durante cuatro años para Tubos Reunidos, que recibió una inyección de 112,8 millones del holding público. Una de las cinco operaciones bajo sospecha realizadas por la «SEPI paralela».
El grupo Hirurok
La UCO descubrió su existencia de rebote, tras el registro de la casa de Antxon Alonso hace ahora un año. Los agentes buscaban pruebas sobre el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública relacionada con la pieza separada del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional. Hallaron la escritura de compraventa firmada por Cerdán, pero también un grupo de WhatsApp llamado Hirurok («nosotros tres» en vasco) que levantó suspicacias. El chat lo conformaban el propietario de Servinabar, Fernández y Leire Díez, que fueron detenidos en diciembre en una causa que también instruye Pedraz.
Los mensajes aludían a una estructura paralela a la SEPI entre 2021 y 2023 que habría favorecido contratos y rescates públicos gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO considera que mediaron al menos en cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros, se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos» y que esa labor le habría reportado unos ingresos de 750.000 euros. La principal operación fue la concesión de una ayuda pública de 112,8 millones a Tubos Reunidos, que tuvo cuatro años como consultor externo a Fernández.
Una segunda operación, adelantada por este diario, implica ayudas públicas por valor de 17,3 millones a favor de Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia. Otra de las operaciones destacadas tuvo lugar en Asturias y está relacionada con el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). La trama habría influido en el presidente de la mesa de contratación para adjudicar un contrato de 2,8 millones de euros a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente.
La trama también habría conseguido la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a Servinabar por importe de 18.120 euros. La empresa de Antxon Alonso elaboró «un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede». La Audiencia Nacional también investiga sobrecostes en un contrato de Enusa. Todo ese dinero se habría canalizado a través de Mediaciones Martínez.