Las pruebas de la UCO demuestran que la trama Leire operaba al menos desde 2019
El sumario señala que la primera víctima fue la juez Mercedes Alaya, instructora del 'caso de los ERE' en Andalucía
Vicente Fernandez, Leire Díez y Santos Cerdán. | Ilustración de Alejandra Svriz
Leire Díez reflejó un lamento en su libreta azul: «Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña [Gómez] alguien nos recibe». El entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió con la exmilitante socialista y sus acompañantes en la sede nacional de la calle Ferraz el 24 de abril de 2024, coincidiendo con los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa. De esos dos encuentros nació, presuntamente, una estructura para «proteger» al partido y a su líder ante las causas judiciales que les afectaban. Sin embargo, el sumario del caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz demuestra que las actuaciones de la trama se remontan, al menos, a 2019 y tuvieron como primera víctima a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Cerdán en «un nivel superior» y a Leire Díez en un segundo escalafón «ejecutivo». La exmilitante socialista se encargó de sumar a otras personas a la operativa, como el empresario Javier Pérez Dolset. Pedraz subraya que el ex secretario de Organización del PSOE puso la estructura del partido a disposición de la trama y facilitó el cobro de 188.000 euros «con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial».
La trama Leire desembarcó en Ferraz en abril de 2024, en los días de reflexión que se tomó Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. La denominada fontanera del PSOE aseguró que poseía información de los seguimientos que la «policía patriótica» llevaba a cabo contra el líder socialista. En concreto, grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo relacionadas con las saunas de su suegro. Cerdán admitió en sede judicial dos encuentros, pero explicó que declinó cualquier acción porque esos audios ya se conocían. Los investigadores discrepan de su versión y han constatado hasta 39 encuentros entre ellos.
Andalucía como origen
El sumario del caso Leire Díez, sin embargo, demuestra que la trama comenzó sus andanzas cinco años antes de su primera reunión con Cerdán para desmontar operaciones judiciales y policiales. La UCO sostiene que el origen de la red está ligado a la causa de los ERE de Andalucía, en la que fueron condenados 19 dirigentes socialistas, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, por el desvío de 679 millones de euros en beneficio de empresas, trabajadores y organizaciones sindicales afines.
La trama se encargó de dirigir las labores en la sombra encaminadas a desactivar el caso de los ERE de Andalucía. Para ello buscó en 2020 la «muerte social» de la juez Mercedes Alaya, instructora del procedimiento. La misma magistrada que investigó por el caso Aznalcóllar al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. Cercado por el escándalo, tuvo que dimitir en octubre de 2019. La Audiencia Provincial de Sevilla acabó absolviéndole.
Leire Díez, socia y pareja sentimental de Fernández, prometió entonces al expresidente de la SEPI que sería restituido: «Volverás y nos ocuparemos de que el tumor se extirpe». Para esa jugada propusieron echar mano de Rafael Salvador, un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que había trabajado en el caso de los ERE. «Es el momento de sacar a Torrente», espetó la denominada fontanera del PSOE a Pérez Dolset, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Los investigadores sospechan que los primeros pasos de Leire Díez buscaban proteger los intereses económicos vinculados a la participación de cargos socialistas en el caso SEPI, el del cobro de comisiones millonarias a cambio de rescates ejecutados con dinero público. Así se extrae de un informe de la UCO que se remonta a finales de 2019 y principios de 2020 para explicar los movimientos iniciales de la trama contra jueces y fiscales.
El factor SEPI
En aquel momento, el Gobierno era ajeno a cualquier caso de corrupción. Tampoco el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, o su mujer se encontraban imputados. Sin embargo, Leire Díez ya buscaba la «muerte procesal y social» de la juez Mercedes Alaya. Según consta en las comunicaciones intervenidas a la trama, la magistrada se convirtió en objetivo a batir tras obligar a Fernández a dimitir de la presidencia de la SEPI. Los investigadores sostienen que esa marcha mermó las posibilidades de la trama.
Pedraz mantiene una causa secreta en la Audiencia Nacional que investiga a Leire Díez, Fernández y al empresario Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán, por componer una estructura paralela a la SEPI entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO considera que mediaron al menos en cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros y que en esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos».
Los tres fueron detenidos el pasado diciembre. Todos quedaron en libertad con medidas cautelares. Los investigadores descubrieron en sus teléfonos móviles que participaban en un grupo de WhatsApp denominado «Hirurok» («nosotros tres» en vasco) y que su labor le habría reportado unos ingresos de 750.000 euros destinados principalmente a la adquisición de inmuebles. Cerdán se ha desvinculado este viernes de la trama a través de un comunicado en el que reivindica su inocencia. Además, carga contra la UCO por «destruir» personas que «sectores del Estado perciben como molestos».
Los mensajes intervenidos por la UCO señalan que Fernández propuso a Leire Díez en julio de 2020 remitir a Cerdán un documento sobre las conclusiones de la Fiscalía sobre el caso Aznalcóllar. Una evidencia que pone en entredicho la versión del exdirigente navarro. También se han encontrado anotaciones de Antxon Alonso que aluden a reuniones entre la exmilitante socialista y el ex secretario de Organización del PSOE en enero de 2021.
Reunión en 2021
El expresidente de la SEPI relató a Leire Díez que Cerdán le había hablado de «alguna empresa navarra para apoyarla», por lo que propuso Cistec Technology. La fontanera del PSOE formó parte de su consejo de administración posteriormente, entre octubre de 2021 y mayo de 2023. Como avanzó este diario, la firma recibió 1,3 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) el 7 de julio de 2021, el mismo día que el ente público adquirió el 25,5% de la compañía.
La trama trató de introducirse en el PSOE mucho antes de la imputación de Begoña Gómez. La libreta de anotaciones que encontró la UCO en el coche de Leire Díez revela los «antecedentes». Una de las primeras páginas del cuaderno azul muestra que se reunió el 24 de noviembre de 2021 con destacados antiguos dirigentes socialistas, como Elena Valenciano, Gaspar Zarrías y Juan Manuel González Mejías, sobrino de Felipe González. Estaba previsto que al encuentro también asistiera Antonio Hernando, que había sido nombrado director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno un mes antes, pero en último momento excusó su presencia. Sí estuvo, en cambio, en las reuniones de Ferraz en abril de 2024.