La comisión de anticorrupción deportiva creada por Sánchez en 2019 ocultó el 'caso Negreira'

El Gobierno de Pedro Sánchez creó en 2019 la Confad, la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas. La Orden fue firmada el 9 de julio de ese año por Carmen Calvo, en ese momento vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Se materializó a propuesta del Ministerio de Hacienda, entonces —y hasta 2026— presidido por María Jesús Montero. También fue impulsada por el Ministerio del Interior y el de Cultura y Deporte. Se constituyó solo cuatro días después de que Hacienda iniciase las investigaciones del caso Negreira, tal y como refleja la documentación del sumario, a la que ha tenido acceso este diario.

Entre los miembros de este organismo figuraban por mandato legal la persona titular de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD) y representantes de las federaciones deportivas españolas, entre ellas la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida en ese momento por Luis Rubiales. Albert Soler estuvo al frente del CSD entre el 4 de mayo de 2021 y el 10 de enero de 2023, años en los que se investigaba a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y del que se ha certificado que recibió pagos de 8,4 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona, que contrató sus servicios para disponer de información acerca del nombramiento de los árbitros en las competiciones futbolísticas. No hay constancia de que Soler y los organismos federativos compartieran información en esta comisión, creada específicamente para ello. Hay que subrayar que Soler fue designado hasta en dos ocasiones por el Gobierno como director del CSD mientras se investigaba a Negreira, según avanzó THE OBJECTIVE.

La función de la Confad era, en palabras de la propia comisión, «ofrecer la respuesta coordinada de todos los miembros de la Comisión Nacional y determinar las pautas de actuación esenciales que deben llevarse a cabo para avanzar en la lucha contra esta lacra», en referencia a la manipulación de las competiciones deportivas. El pleno de la comisión tenía entre sus funciones, tal y como refleja la propia Orden, «establecer, a nivel nacional, un cauce formalizado de diálogo y cooperación entre autoridades públicas, organizaciones deportivas, organizadores de competiciones deportivas y representantes del sector del juego con experiencia en la materia al objeto de prevenir y erradicar la corrupción y la manipulación de las competiciones y las apuestas».

Participación de Policía y Guardia Civil

La pertenencia a Confad no era discrecional. El artículo 3 de la Orden establece quiénes son los miembros de la comisión. Entre ellos está «la persona titular de la Dirección General de Deportes» y «dos vocales designados por la persona titular de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes en representación de las Federaciones deportivas españolas», además de «un representante de la Dirección General de la Policía, designado por la persona titular de la Dirección General de la Policía» y «un representante de la Dirección General de la Guardia Civil, designado por la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil». Es decir, el CSD, la RFEF, Policía y Guardia Civil eran miembros por imperativo legal de la Confad.

Más de dos años después de la creación de este organismo, la RFEF recibió un primer requerimiento de la Agencia Tributaria, el 18 de octubre de 2021, en el que Hacienda solicitaba información sobre contratos, funciones e incompatibilidades de Negreira en su etapa como vicepresidente del CTA. Pese a que el secretario general de la RFEF en aquella época, Andreu Camps, afirmó en rueda de prensa que Hacienda «no preguntó por persona alguna», la documentación de la Agencia Tributaria cita expresamente a José María Enríquez Negreira. THE OBJECTIVE publicó en exclusiva el contenido de ese requerimiento y la respuesta de la RFEF, que en ambos casos se refería siempre a Negreira. Es decir, la RFEF ya sabía en 2021 de la existencia de su figura y las pesquisas en torno a su figura, ya que respondió con información concreta al requerimiento.

El 9 de junio de 2022, la Fiscalía envió otro requerimiento a la RFEF solicitando información también sobre Negreira. El 15 de junio hizo lo propio con el FC Barcelona. La federación, por tanto, tenía confirmación judicial de la gravedad del caso desde ese momento. No hay constancia de que se trasladase esta información a la Confad.

Soler fue interrogado por la Policía Judicial en septiembre de 2022 en el marco de la misma investigación. Tampoco se ha constatado que informase a la comisión de la que formaba parte por ley. Es algo que confirmó el propio Gobierno en una respuesta oficial a una pregunta por escrito del PP en el Congreso de los Diputados sobre los pagos del FC Barcelona a Negreira. Fue registrada el 19 de mayo de 2023. La respuesta es clara: «El ex director general del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler, no proporcionó ninguna información al presidente del Consejo Superior de Deportes sobre el caso objeto de la pregunta».

La Ley del Deporte, cuya tramitación se prolongó hasta el 30 de diciembre de 2022, siguió su curso sin que ninguno de estos elementos se trasladara al debate parlamentario ni a la comisión creada para coordinar la lucha contra la corrupción deportiva. Este silencio es significativo teniendo en cuenta las declaraciones del entonces presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, solo un mes antes, en abril del 2023: «Me he informado y la situación es excepcionalmente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto».

La Confad ha mantenido su actividad hasta ahora. De hecho, hace solo unos días, el 3 de junio de 2026, la Dirección General de Ordenación del Juego presidió una nueva reunión de la comisión. Según la información oficial publicada por el organismo, el encuentro abordó «cuestiones como la protección de menores, la integridad en las competiciones deportivas, la evolución de las alertas sobre apuestas sospechosas y las nuevas tendencias del mercado». La nota recordaba que «la Confad constituye el principal espacio de coordinación nacional en materia de integridad deportiva y lucha contra la manipulación de competiciones, favoreciendo el intercambio de información y la actuación conjunta entre todos los actores implicados». Este diario ha contactado con la Confad, la RFEF y el CSD para recoger sus apreciaciones respecto a esta información, sin recibir respuesta al cierre de esta edición.

El informe ‘Pelícano 2.0’

La información aquí publicada se encuentra en el informe Pelícano 2.0 presentado de forma anónima ante FIFA y UEFA, organismos que investigan su contenido. El documento, en poder de este diario, señala que Soler «ocupaba desde 2021 un puesto clave como miembro de la [Confad] al frente de la actuación contra la corrupción deportiva y manipulación de partidos en España, estando implicado de forma directa en el caso FC Barcelona/RFEF». La denuncia concluye que la Confad, como organismo creado en respuesta a exigencias europeas, «estaría obligada a servir de centro de comunicación y cooperación con las principales partes interesadas, exigir a las organizaciones deportivas para que lleven a cabo una investigación y la remitan a las autoridades judiciales». Y añade que «no se sabe nada de la Confad respecto a estos casos de corrupción».

La investigación judicial deberá determinar si el silencio de las partes implicadas fue una omisión negligente o una decisión consciente. Los documentos del BOE certifican los hechos. La comisión existía, sus miembros lo sabían y no hay constancia de que nadie hiciese referencia al asunto. El caso Negreira se encuentra actualmente bajo investigación penal en España. La vía deportiva quedó cerrada por prescripción. El código ético de la RFEF fue modificado en 2021, reduciendo el plazo para perseguir este tipo de conductas de diez a tres años, justo el mismo mes en que se cumplían tres años del último pago a Negreira.