La RFEF ocultó que Hacienda investigaba a Negreira 16 meses antes del estallido del caso

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ocultó en la rueda de prensa de marzo de 2023 en la que compareció para dar explicaciones sobre el caso Negreira que sabía que la Agencia Tributaria investigaba al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) desde octubre de 2021. Una afirmación que corrobora el requerimiento de información enviado por Hacienda a la RFEF en esas fechas, incluido en el sumario, y en el que exigía a este organismo datos sobre los contratos, funciones en el CTA y las incompatibilidades en el cargo de Negreira cuando ejercía como vicepresidente. La justicia constató posteriormente el abono de 8,4 millones de euros del FC Barcelona a Negreira, que ocupó este cargo en el CTA de 1994 a 2018. Los pagos se realizaron de 2001 a 2018. El proceso judicial para determinar si el club catalán se vio beneficiado deportivamente por esta situación sigue abierto.

En concreto, el requerimiento de la Agencia Tributaria es del 18 de octubre de 2021, según la RFEF, mientras la rueda de prensa de este organismo se celebró el 2 de marzo de 2023 (16 meses después del oficio), tras hacerse público el caso Negreira. En la comparecencia, Andreu Camps, secretario general de la RFEF, presidida en ese momento por Luis Rubiales, declaró que el requerimiento era un trámite ordinario más y que no se refería a persona alguna. Lo hace a partir del minuto 35.08 del vídeo de su comparecencia, incluido en esta información, en la que estuvo en todo momento acompañado por Luis Medina Cantalejo, presidente entonces del CTA.

«Llegado a este punto, es absolutamente imprescindible y muy necesario poner de relieve algo que esta Real Federación Española de Fútbol considera esencial: existe un procedimiento de investigación en sede de la Agencia Tributaria que siguió unos trámites y que se desarrolló durante un tiempo determinado […]. La Agencia Tributaria, en fecha 18 de octubre de 2021, formuló una consulta de datos económicos, funciones y normativa del CTA […], solicitud de información que no estaba relacionada con persona alguna, no tenía ninguna referencia a qué persona se estaba investigando». Camps añade que, pasado el tiempo y una vez conocido el caso Negreira, la federación entiende que el requerimiento se centraba en «este asunto [en referencia al escándalo Negreira]».

Sin embargo, la documentación de la Agencia Tributaria cita expresamente a José María Enríquez Negreira, tal y como ha podido confirmar THE OBJECTIVE. En la misma se detalla que la RFEF contestó al primer oficio de Hacienda en el que solicitaba información de Negreira, lo que confirma que este organismo sabía al menos 16 meses antes del estallido mediático que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros estaba siendo investigado fiscalmente, ya que respondió al mismo con los datos solicitados sobre el investigado.

Este diario ha preguntado a la Real Federación Española de Fútbol antes de la publicación de esta noticia para recoger su versión, sin obtener a cierre de esta edición respuesta alguna.

Camps sí reconoce en esa misma rueda de prensa (minuto 37.36) que la Fiscalía envió dos requerimientos adicionales casi un año después del primero con referencias directas a Negreira: «Debo informar que el Ministerio Fiscal también formuló dos requerimientos de información en junio y en octubre de 2022 referidos, en este caso sí, al señor Enríquez y sus funciones en el CTA. En el primer oficio nos preguntó cuáles eran las funciones de este señor en el CTA y en el segundo oficio nos preguntó cuál era el sistema de designación de los árbitros y con qué fechas de antelación se comunicaba a los clubes. Ahora, una vez conocida la información periodística, hemos relacionado estas consultas con ese tema».

La información aquí detallada se encuentra en el denominado Informe Pelícano 2.0, avanzado en exclusiva por este diario y que actualmente está bajo el análisis de los departamentos de Integridad de la FIFA y la UEFA. El documento trata de demostrar, entre otras cosas, las incoherencias entre las explicaciones públicas ofrecidas por los entonces mandatarios de la federación y la realidad de los requerimientos de la inspección de Hacienda.

El texto subraya la importancia de lo sucedido en la RFEF dentro del marco temporal comprendido entre el primer requerimiento del 18 de octubre de 2021, en el que Camps dice que no se reclamaba información sobre Negreira pese al soporte documental aquí aportado, y los de junio y octubre de 2022. En estos dos últimos casos, Camps sí reconoce que la Fiscalía señala a Negreira en los requerimientos, dando a entender que es solo entonces cuando la RFEF comprende que algo sucede con el exvicepresidente del CTA. La realidad es que en octubre de 2021 Hacienda les reclamó información del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a la que respondieron. En junio del mismo año, la RFEF modificó de urgencia su Código Ético. Según adelantó este periódico, esta reforma se realizó de manera presuntamente irregular, omitiendo el paso por la Junta Directiva y la Comisión Delegada. La modificación eliminó el plazo de prescripción de 10 años que contemplaban las normativas de la FIFA y la UEFA para este tipo de infracciones.

Tan solo un día después de la entrada del requerimiento de Hacienda se produjo una reunión clave entre Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Albert Soler, entonces director general del Consejo Superior de Deportes (CSD). Ya en noviembre de 2021, en la primera Junta Directiva posterior a la consulta de Hacienda, Laporta delegó su voto directamente en Luis Rubiales. Semanas antes, el presidente de la RFEF había anunciado personarse judicialmente en contra de la Superliga, proyecto que Laporta defendía de forma activa.

En esa misma reunión de la junta de noviembre de 2021 se aprobó, de manera unánime, una nueva Política Anticorrupción cuyos supuestos encajaban con la problemática del escándalo que ya investigaba la Inspección de Tributos. Además, se ratificó de forma exprés el nombramiento de tres miembros de la Comisión de Ética acogiéndose a un artículo de unos nuevos estatutos que, en ese momento, todavía no habían sido validados por el CSD. Lo hizo nueve meses después, el 7 de julio de 2022. Pelícano 2.0 señala a la denuncia ante la FIFA y la UEFA la inoperancia institucional voluntaria, y sentencia que la RFEF «mintió sobre el requerimiento de Hacienda» y que disponía de datos sensibles sobre las sospechas que pesaban en torno a Negreira desde el año 2021.