La trama Leire buscó la «muerte» de jueces incómodos: «Es momento de sacar a Torrente»

Leire Díez, la mujer a la que el PSOE presuntamente encargó dirigir las labores en la sombra encaminadas a desactivar investigaciones y causas judiciales que afectan al partido, buscó en 2020 la «muerte social» de la juez Mercedes Ayala, a cargo del caso ERE y del caso Aznalcollar, y que obligó a dimitir al entonces presidente de la SEPI —también socio y pareja de Leire Díez— Vicente Fernández. «Volverás y nos ocuparemos de que el tumor se extirpe», le dijo Díez a Fernández. Y en esa jugada echaron mano de un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que había trabajado en el caso de los ERE. «Es el momento de sacar a Torrente», le dijo Javier Pérez Dolset a Leire Díez.

En el sumario del caso Leire Díez —al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE—, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que la trama actuaba «de manera conjunta y coordinada, manteniendo una unidad de acción y dirección» con el objetivo último de «proteger» a Pedro Sánchez de todos los casos de corrupción que cercan a su Gobierno y su entorno personal. Pero los primeros pasos del equipo de Leire buscaban proteger los intereses económicos vinculados a la participación de cargos socialistas en el caso SEPI, el del cobro de comisiones millonarias a cambio de rescates ejecutados con dinero público.

Así se extrae del informe de los investigadores, que se remonta hasta finales de 2019 y principios de 2020 para explicar algunos de los primeros movimientos de la trama contra los jueces y fiscales. En aquel momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no tenía en ciernes ningún caso de corrupción, ni tampoco su hermano o su mujer. Sin embargo, Leire Díez ya buscaba la «muerte procesal y social» de la juez Mercedes Alaya. La misma que llevó el caso de los ERE en Andalucía.

Alaya, tal y como consta en las comunicaciones intervenidas a la trama, se convirtió en objetivo a batir al estar al frente de la instrucción del llamado caso Aznalcóllar, relacionado con irregularidades en una mina y que obligó a dimitir a Vicente Fernández de la presidencia de la SEPI. El organismo ya se había convertido entonces en pieza clave del entramado de mordidas por rescates que involucraba a Leire Díez, Santos Cerdán, Antxon Alonso y el propio Fernández. Era esencial recuperar el trono de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para que la maquinaria de las presuntas mordidas siguiese funcionando.

«Exterminar socialmente» a la juez

«Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos de que el tumor se extirpe», le decía Leire a Fernández, entonces ya su pareja sentimental. «Yo estoy hilando un relato, porque además de la muerte procesal tiene que ser social también», le dijo. Insistió: «Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis. Lo tuyo lo tengo ya, con lo que tengo te puede servir. Voy a por los ERE».

En esa tarea para buscar la «muerte» de la juez Alaya, la trama involucró a un inspector ya jubilado de la UDEF. La UCO lo identifica como Rafael Salvador, a quien llaman «Torrente». Su relación con Alaya se torció cuando el inspector, como jefe del equipo de policía judicial del caso de los ERE en su fase embrionaria, le dijo a la juez que las tareas que le encomendaba a sus agentes «[excedían] con mucho las capacidades técnicas» de la unidad. La respuesta de Alaya fue prescindir de la Policía Nacional y entregarle el caso a la Guardia Civil.

Leire y su gente comienzan a reunirse con Torrente con el claro objetivo de encontrar material sensible para dejar a la juez fuera de juego en el caso Aznalcóllar. Tras los primeros contactos, en julio de 2020, en plena pandemia, Leire Díez se decidió a reclutarle oficialmente para sus operaciones.

La popularmente conocida como fontanera le escribió: «Las conversaciones que tuvimos en invierno han servido para que, desde posiciones elevadas, gente que es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas, derivadas de lo que yo he escrito tras nuestra conversación, estén dispuestos a tomar medidas. Me siento más segura con tu conocimiento de primera mano de todo. ¿Tú te podrías trasladar a Madrid? Te garantizo lo que necesites y, sobre todo, la posibilidad de hacer justicia». La respuesta del inspector jubilado fue tajante: «Por supuesto que sí».

«Llegó el momento de Torrente»

A partir de entonces comenzaría una relación de colaboración más o menos estable, como refrenda la investigación de la UCO. Rafael Salvador se convirtió en una herramienta para el grupo, hasta el punto en que, cuando tenían algo entre manos importante, le convocaban. «Ya tenemos un montón de audios de espionaje al PSOE. Pero ha llegado el momento de sacar a Torrente…», le diría Pérez Dolset a Leire Díez en mayo de 2022.

Unos pocos días más tarde, Dolset entregó a la Audiencia Nacional parte de los audios de Villarejo previamente comprados, y que él mismo llevaría a Ferraz coincidiendo con los «días de reflexión» que se tomó Pedro Sánchez al abrirse la causa judicial contra su esposa, Begoña Gómez. En esas fechas se produce una nueva reunión en Zaragoza con este inspector jubilado. Leire le dijo a Vicente Fernández por WhatsApp: «Me voy con Torrente».