La UCO se blinda contra espionajes: contrata una empresa de barrido de micros y 'pinchazos'
El pliego, de 83.100 euros, ha sido negociado sin publicidad y con un solo licitador experto en contrainteligencia

Agentes de la UCO.
La Unidad Central Operativa (UCO) ha estado en el punto de mira de la trama presuntamente impulsada por el PSOE para tratar de desarticular investigaciones por corrupción que afectaban al Gobierno. La mujer a la que el partido encargó esa labor, Leire Díez, dejó multitud de pruebas de sus intentos por conseguir información de la unidad y de sus principales jefes. Pero además de informantes, la UCO tiene un complejo sistema de contrainteligencia para evitar infiltraciones. De hecho, ha firmado un contrato con una empresa especializada en blindar sus comunicaciones y detectar cualquier tipo de pinchazo o micrófonos ocultos en sus dependencias.
Que la UCO era el principal rival a batir por parte de la llamada ‘trama Leire‘ es ya una certeza, en vista de los apuntes y grabaciones que tenía en su poder la llamada fontanera del PSOE. Incluso había captado a un oficial de la UCO, Juan Sánchez Yepes, para que les facilitara información interna de los agentes. Pero la unidad de investigadores no solo está amenazada por esta trama, sino por todos aquellos grupos organizados que están entre sus objetivos, de ahí que los investigadores tomen medidas para protegerse frente a posibles espionajes externos.
A finales del pasado mes de abril, la Guardia Civil firmó un contrato con una de las empresas con mayor experiencia en el terreno de la contrainteligencia. Se trata de Gecomse (General Comunicaciones y Seguridad S.A.), que aporta sistemas de contramedidas electrónicas a la seguridad del Estado desde 1989. Lo que en el sector se denomina TSCM (siglas en inglés de Technical Surveillance Counter-Measures, o Contramedidas de Vigilancia Técnica).
El contrato asciende a 83.100 euros, negociado sin publicidad y con un solo licitador. Los pliegos del contrato son confidenciales, y el expediente tiene como concepto declarado el «suministro de un sistema de adquisición de evidencias acústicas para dotar a la Unidad Central Operativa (U.C.O.) de la Jefatura de Policía Judicial».
Expertos en barrido de micros
Fuentes de la Guardia Civil a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE explican que el equipo suministrado no está destinado a operaciones de inteligencia, sino de contrainteligencia. Es decir, de protección. De hecho, como aseguran, la empresa contratada está especializada en tecnología de barrido de micrófonos o escuchas en edificios, salas de reuniones o vehículos. Los dispositivos de escucha activa, los que se utilizan en operaciones contra la delincuencia, «se compran a otros suministradores».
El propio contratista se define en su página web como experto en estas tácticas de detección de escuchas y micros, así como de cualquier dispositivo de espionaje oculto con la finalidad de obtener vídeo o audio que emita en RF (radiofrecuencia) o por la red GSM (móvil). También ofrecen detectores de balizas GPS para asegurar flotas de vehículos.
Según el catálogo de soluciones de esta firma, una de las amenazas más habituales de sus clientes son «los micrófonos ocultos, cámaras encubiertas, rastreadores o dispositivos basados en redes móviles pueden emitir señales que delatan su presencia si se analizan adecuadamente». «Para este tipo de inspecciones se utilizan analizadores de espectro portátiles y herramientas de análisis RF capaces de examinar el entorno radioeléctrico y detectar emisiones sospechosas. Estos equipos permiten identificar señales procedentes de dispositivos de vigilancia, analizar su frecuencia y comportamiento, y localizar su origen mediante antenas especializadas y sistemas de registro de actividad».

Por otra parte, tal y como ha avanzado Vozpópuli, la UCO ha reforzado sus capacidades de escuchas electrónicas con un contrato que supera los 300.000 euros. El contrato está relacionado con el sistema Egobox, el mismo que la trama Leire investigó como una potencial opción para anular causas judiciales por corrupción, como ya intentó hacer en el pasado la defensa del condenado por narcotráfico Sito Miñanco.
Expedientes contra la UCO
El DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas contra el coronel Rafael Yuste cuando era jefe de la UCO, en pleno estallido de distintos casos de corrupción que afectaban a dirigentes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez. Estas actuaciones, según fuentes del Instituto Armado consultadas por TO, tenían una finalidad claramente amedrentadora: las tres concluyeron sin responsabilidad, pero el hecho de que se enviara un oficio comunicando la instrucción de una información reservada y se tomara declaración a los investigadores constituía, en palabras de fuentes conocedoras de los hechos, una presión muy fuerte y excepcional, equivalente a investigarles como posibles infractores.
La investigación interna que inició la cúpula contra la UCO llegó a requerir, por orden de la directora Mercedes González, un organigrama para poder encuadrar a los investigadores de las causas que afectaban al PSOE, así como una relación nominal de los agentes con rango de oficial al mando de esas pesquisas. En julio de 2024, el teniente general Llamas ordenó además al coronel jefe de la UCO que los agentes debían ponerse de perfil en las investigaciones contra dirigentes socialistas y personas del entorno del presidente, a la espera de que fuera la autoridad judicial quien tomara la iniciativa. Una orden que, según declaraciones recogidas en el sumario, vino acompañada de la advertencia de que el DAO estaba recibiendo muchas presiones políticas.
El pretexto para abrir los expedientes era siempre el mismo: supuestas filtraciones a la prensa. Cualquier aparición en los medios de una noticia relacionada con las pesquisas de la UCO se convertía, según fuentes próximas al caso, en una caza de brujas contra los investigadores, acusándoles sin prueba ni indicio alguno de estar detrás de esas publicaciones, razón por la cual ninguna de las investigaciones internas prosperaba. Fuentes próximas a la investigación lo calificaron de clara persecución con finalidad amedrentadora, con probable responsabilidad de la cúpula política y parte de la cúpula uniformada del Cuerpo.
