El Supremo frenó el intento del jefe de la Guardia Civil de expedientar a la UCO
El DAO del Cuerpo ordenó abrir hasta tres expedientes por presuntas filtraciones de las investigaciones del 'caso Koldo'
La directora de la Guardia Civil y Leire Díez. | Imagen generada por IA
El Tribunal Supremo frenó la intención del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, de expedientar a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) por una presunta filtración del caso Koldo. Los investigadores sospechan que detrás de esa operación se encontraría la exmilitante socialista Leire Díez, que lideraba una trama para «proteger» al PSOE y a Pedro Sánchez. El encargado de instruir dicha información reservada, el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, el general Antonio Cortés, pidió permiso para iniciar las acciones al juez Leopoldo Puente, que rechazó autorizarle. El magistrado incluso le advirtió de que abriría diligencias contra él y su superior en caso de que lo hiciera. Como avanzó este diario, Llamas ordenó abrir hasta tres procesos sancionadores a Rafael Yuste cuando dirigía la UCO.
La apertura de esos expedientes estaba relacionada con una supuesta filtración de información a los medios de comunicación sobre investigaciones en curso que afectaban al PSOE. La documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE señala que Leire Díez confirmó que todas esas filtraciones «venían de la UCO directamente» y así se lo hizo llegar a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
El sumario del caso Leire Díez apunta a que la denominada fontanera del PSOE y González se habrían reunido al menos en tres ocasiones. Desde Moncloa señalan que la directora de la Guardia Civil la atendió fuera del ámbito institucional y que cortó la relación cuando supo de sus intenciones de atacar a los jueces que cercaban al partido y a Pedro Sánchez. El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas contra Yuste y encargó a Cortés su instrucción. La primera, en diciembre de 2024.
La UCO en la diana
La UCO acudió el pasado 27 de mayo a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid para recabar testimonios de distintos agentes. Entre ellos, el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, al que Lamas encargó las pesquisas contra los responsables de la unidad de élite. Preguntado por su conocimiento de las investigaciones internas, Cortés afirmó que solo conocía una información reservada que le encomendó el DAO.
El acta de declaración señala que el 11 de mayo del año pasado, tras una conversación telefónica previa, Cortés se reunió en la Dirección General con Llamas. El encuentro se produjo en la cafetería de la sede central de la Guardia Civil. El DAO le informó de su intención de abrir una información reservada a consecuencia de una noticia que fue publicada en los medios de comunicación relativa al caso Koldo, en la que se encausa al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor.
El DAO consultó al testigo si tenía algún tipo de inconveniente en realizar la instrucción de dicha información reservada, pero este le manifestó que no lo tenía. Dos días después, el 13 de mayo, entregaron a Cortés en su despacho un sobre cerrado que incorporaba la orden de iniciar el expediente. El escrito detallaba que el objetivo era aclarar una posible filtración por parte de la UCO de las investigaciones desarrolladas y vinculadas a las noticias publicadas en los medios de comunicación. Aunque eligió un secretario para que le auxiliara, no se llegó a nombrarlo formalmente.
Para cumplir el requerimiento del DAO, el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad de la Guardia Civil se reunió días más tarde con el general jefe de la Jefatura de Policía Judicial, de quien depende directamente la UCO. Este le dijo que no consideraba que la apertura de dicha información reservada fuera del agrado de los magistrados que instruían las investigaciones judiciales del caso Koldo. La misma recomendación que realizó Yuste, que también le comentó que la filtración podría haberse originado en otro lugar. A pesar de ello, el expediente continuó adelante.
Filtraciones del caso Koldo
El entonces jefe de la UCO le adelantó que, en caso de apertura de la información reservada, él sería la persona que prestase declaración o contestase al requerimiento que le pudiera ser enviado. Para proteger a su equipo, Yuste negó al instructor del expediente que pudiese tomar declaración a ningún otro componente de la unidad. También le informó de que no aportaría ningún dato relativo a la investigación en curso, toda vez que había recibido instrucciones al respecto por parte de la autoridad judicial competente.
El instructor de la información reservada se personó en la Audiencia Nacional y se reunió con el magistrado Ismael Moreno, encargado del caso Koldo en este órgano. Le informó la misión que le habían encomendado y le preguntó si tenía algún inconveniente en que siguiera adelante. Según su versión, el juez le respondió que no existía ningún problema siempre que no afectase al procedimiento en curso. También hizo lo propio en el Supremo, pero Puente no se encontraba en ese momento, por lo que le dejó un aviso para que le recibiera.
Puente le citó en su despacho a mediados de mayo del año pasado. Durante la reunión, Cortés le relató la encomienda que había recibido y le inquirió si, por su parte, existía algún inconveniente en abrir una información reservada. El magistrado le manifestó de «forma tajante» que no lo autorizaba y que, si se llegaba a incoar algún expediente, procedería a abrir diligencias tanto contra él como contra la persona que lo ordenó. Ante semejante escenario, comunicó las conversaciones con los jueces al DAO de la Guardia Civil, que le ordenó cerrar la información reservada.
Este caso contrasta con las reticencias de la directora de la Guardia Civil a investigar a la trama Leire pese a los avisos de dos unidades. La UCO ha constatado que la denominada fontanera del PSOE mantuvo al menos tres reuniones con González para, supuestamente, instarle a que iniciara una investigación interna contra mandos y agentes que investigaban casos de corrupción que afectaban a los socialistas y al entorno de Sánchez. Todo ello, con el objetivo de perjudicar a la unidad de élite y torpedear las pesquisas. Díez, además, presumía de «controlar» a la máxima responsable del instituto armado; decía incluso tener en su mano el control de la cúpula directiva.
Las presiones contra los investigadores no solo habrían sido materializadas a través de las informaciones reservadas, sino también a través de órdenes directas. El DAO llegó a exigir al jefe de la UCO en julio de 2024 que, en las investigaciones que tuvieran afectación política, en relación con las que seguían contra dirigentes del PSOE y personas del entorno del presidente del Gobierno, en concreto con el caso de su hermano, David Sánchez, los agentes no debían ser proactivos en las mismas, sino que «debían ponerse de perfil», a la espera de que la autoridad judicial tomase la iniciativa. Una orden que han ratificado en sus declaraciones tanto el general Rafael Yuste como el que fuera su antiguo superior, el general jefe de la Policía Judicial Alfonso López Malo.