La UCO acude a la Dirección General de la Guardia Civil para recabar testimonios
Los agentes también se han personado este miércoles en la sede socialista de Ferraz por indicios de financiación ilegal
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González en León. | Delegación del Gobierno en CyL
La Unidad Central Operativa (UCO) ha acudido este miércoles a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, para recabar testimonios en el marco del caso Leire Díaz, en el que se investiga el presunto amaño de contratos públicos en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los agentes se han personado a primera hora de la mañana en las dependencias centrales de la Benemérita, donde todavía continúan entrevistando a distintas personas, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes próximas a la investigación. Estas pesquisas se suman a las que realiza la UCO en la sede madrileña del PSOE en Ferraz, así como en las viviendas e inmuebles de algunos dirigentes para buscar pruebas sobre la supuesta financiación irregular del partido.
La UCO tiene la orden de retirar información muy concreta relacionada con el caso SEPI. Las fuentes consultadas sostienen que han requerido a Ferraz el contrato de la denominada fontanera del PSOE Leire Díez, que trabajó para Correos, empresa pública que depende de la SEPI. Los guardias civiles también buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con una presunta caja B.
Las llamadas entre Leire y González
Respecto a la entrada de la Guardia Civil en la Dirección General, algunas fuentes apuntan a que puede estar relacionada con las llamadas que la directora del Cuerpo, Mercedes Gonzalez, habría realizado a Leire Díaz mientras se reunía con el agente imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, en la que la militante socialista presuntamente buscaba trapos sucios contra la UCO. Al parecer, Díez recibió al menos dos llamadas de González durante ese encuentro, aunque no las descubrió hasta que finalizó, habida cuenta de que se celebró sin teléfonos por motivos de seguridad. Ambas han negado la existencia de esas llamadas, según ha podido confirmar este periódico.
La fontanera del PSOE y el comandante imputado por el caso mascarillas, que tuvo cargos de responsabilidad en la Jefatura de Información del Cuerpo y fue agregado de Interior en la Embajada española en Venezuela, habrían quedado en dos ocasiones. En ambos encuentros, Díaz habría ofrecido a Villalba protección judicial y también rehabilitarle en su carrera, incluso proporcionándole un ascenso con un puesto próximo a la dirección general de la Guardia Civil, como asesor, a cambio de que incriminara a responsables de la Unidad Central Operativa (UCO), al frente de diversas investigaciones contra el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez.
Según informa El Programa de Ana Rosa, los agentes de la UCO habrían acudido a la sede del Cuerpo para entrevistarse con distintos responsables de la Unidad de Régimen Disciplinario por los expedientes sancionadores que se habrían abierto durante los últimos años contra agentes que investigaban al PSOE o al entorno del partido.
Registros a Cerdán y Zarrías
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, también ha dado luz verde para que se inspeccionen inmuebles de antiguos altos cargos socialistas como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. Fruto de las pesquisas, Pedraz ha imputado a a estos dos últimos, a Leire Díez y a la actual gerente del partido, Ana Fuentes. En la causa, que desde el principio está bajo secreto, fueron detenidos el pasado diciembre el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, hombre de confianza de la exministra María Jesús Montero; Leire Díez y el empresario Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán. Se les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
El juez les acusa de haber formado una estructura paralela a la empresa pública entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO considera que mediaron, al menos, en cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros y que en esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos». Los tres detenidos, que quedaron en libertad, participaban en un grupo de WhatsApp denominado Hirurok (los tres, en vasco). Su labor le habría reportado unos ingresos de 750.000 euros, que fueron destinados principalmente a la adquisición de inmuebles.