La UCO acude a la sede del PSOE por datos sobre la financiación irregular de sus cloacas
Los agentes también han registrado inmuebles de Cerdán y Zarrías por la causa de Leire Díez que instruye Pedraz
La sede del PSOE, este miércoles. | Diego Radamés (EP)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a la sede del PSOE en Madrid. Los agentes han entrado a primera hora de este miércoles en las oficinas de la madrileña calle de Ferraz para requerir documentación de una trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido y el Gobierno. Fuentes de la investigación señalan a THE OBJECTIVE que se buscan pruebas sobre una supuesta financiación irregular de sus cloacas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, también ha dado luz verde para que se inspeccionen inmuebles de antiguos altos cargos socialistas como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. Las pesquisas se enmarcan en el caso Leire Díaz, en el que se investiga el presunto amaño de contratos públicos en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La UCO tiene la orden de retirar información muy concreta relacionada con el caso SEPI. Las fuentes consultadas sostienen que han requerido a Ferraz el contrato de la denominada fontanera del PSOE Leire Díez, que trabajó para Correos, empresa pública que depende de la SEPI, aunque nunca estuvo en nómina del partido, según su entorno. Se trata de una derivada de la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y que gira en torno al uso de una contabilidad B para pagar sus servicios. Desde el PSOE señalan que han recibido un requerimiento de documentación en «un procedimiento declarado secreto y ajeno a financiación ilegal».
Fruto de las pesquisas, Pedraz ha imputado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a Zarrías, a Leire Díez y a la actual gerente del partido, Ana Fuentes, al menos como cómplice. Se les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. En la causa, que desde el principio está bajo secreto, fueron detenidos el pasado diciembre el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, hombre de confianza de la exministra María Jesús Montero; Leire Díez y el empresario Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán.
La fontanera del PSOE
El juez les acusa de haber formado una estructura paralela a la empresa pública entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO considera que mediaron, al menos, en cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros y que en esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos». Los tres detenidos, que quedaron en libertad, participaban en un grupo de WhatsApp denominado Hirurok (nosotros tres en vasco). Su labor le habría reportado unos ingresos de 750.000 euros, que fueron destinados principalmente a la adquisición de inmuebles.
Pedraz les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La UCO se ha personado este miércoles en los domicilios de Cerdán en Milagro (Navarra) y del empresario Javier Pérez Dolset, también imputado, en Móstoles (Madrid). Los agentes también han irrumpido en la sede de la consultora del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.
Tanto Zarrías como Cerdán están estrechamente relacionados con Leire Díez. El primero reconoció en sede judicial que le pagó 16.000 euros para que investigase la supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que fue condenado. El ex secretario de Organización del PSOE se reunió en dos ocasiones con la exmilitante socialista en abril de 2024, durante los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez, porque tenía información de los seguimientos que la «policía patriótica» llevaba a cabo contra el líder socialista y algunos de sus familiares.
Pedraz también investiga el caso hidrocarburos. Uno de los imputados, Víctor de Aldama, aseguró a finales de abril en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo que entregó 1,8 millones de euros para financiar al PSOE entre 2019 y 2020. También aseveró que había pagado entre 3,5 y cuatro millones de euros a José Luis Ábalos y Koldo García y que desconocía la cantidad que se había destinado al partido.
Posible financiación irregular
Como avanzó este diario, la empresaria Carmen Pano también afirmó en sede judicial que había llevado 90.000 euros a la sede del PSOE. Realizó dos entregas de 45.000 euros en bolsas de plástico en octubre de 2020 por mandato de los empresarios del caso hidrocarburos, que pretendían acelerar la concesión de una licencia como operador de hidrocarburos para Villafuel. El asesor de Koldo García llegó a conseguirle reuniones con altos cargos de la Administración para ello.
El juez del Supremo Leopoldo Puente cifró el pasado julio en cinco millones de euros el «botín» que habría repartido la trama en concepto de mordidas a cambio de amaños en obra pública. El magistrado, en línea con las sospechas de la Guardia Civil, apuntaba entonces a una posible financiación irregular del PSOE al considerar que «más personas físicas o jurídicas» se habrían lucrado con las comisiones ilegales por las que fueron procesados los ex secretarios de Organización Ábalos y Cerdán.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno también abrió el pasado diciembre una causa secreta para investigar los pagos en efectivo del PSOE en el marco del caso Koldo. El pasado marzo, Aldama le entregó un sobre que custodiaba con información de la supuesta financiación ilegal del partido. Los agentes de la UCO ya entraron en Ferraz el pasado 20 de junio para clonar la cuenta de correo electrónico corporativa de Cerdán por el presunto amaño de contratos de obra pública.