La UCO acude a la sede del PSOE por indicios de financiación ilegal
Los agentes prevén inspeccionar inmuebles de altos cargos socialistas en el marco del ‘caso SEPI’ que instruye Pedraz
Sede del PSOE.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a la sede del PSOE en Madrid. Los agentes han entrado a primera hora de este miércoles en las oficinas de la madrileña calle de Ferraz para buscar pruebas sobre la supuesta financiación irregular del partido, señalan a THE OBJECTIVE fuentes de la investigación. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, también ha dado luz verde para que se inspeccionen inmuebles de altos cargos socialistas repartidos por todo el país. Las pesquisas se enmarcan en el caso Leire Díaz, en el que se investiga el presunto amaño de contratos públicos en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La UCO tiene la orden de retirar información muy concreta relacionada con el caso SEPI. Los agentes buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con una presunta caja B. En la causa, que desde el principio está bajo secreto, fueron detenidos el pasado diciembre el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, hombre de confianza de la exministra María Jesús Montero; la denominada fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Joseba Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán.
El juez les acusa de haber formado una estructura paralela a la empresa pública entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO considera que mediaron, al menos, en cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros y que en esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos». Los tres detenidos, que quedaron en libertad, participaban en un grupo de WhatsApp denominado Hirurok (los tres, en vasco). Su labor le habría reportado unos ingresos de 750.000 euros, que fueron destinados principalmente a la adquisición de inmuebles.
La fontanera del PSOE
Pedraz les atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Este juez también investiga el caso hidrocarburos. Uno de los imputados, Víctor de Aldama, aseguró a finales de abril en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo que entregó 1,8 millones de euros para financiar al PSOE entre 2019 y 2020. También aseveró que había pagado entre 3,5 y cuatro millones de euros a José Luis Ábalos y Koldo García y que desconocía la cantidad que se había destinado al partido.
Como avanzó este diario, la empresaria Carmen Pano también afirmó en sede judicial que había llevado 90.000 euros a la sede del PSOE. Realizó dos entregas de 45.000 euros en bolsas de plástico en octubre de 2020 por mandato de los empresarios del caso hidrocarburos, que pretendían acelerar la concesión de una licencia como operador de hidrocarburos para Villafuel. El asesor de Koldo García llegó a conseguirle reuniones con altos cargos de la Administración para ello.
El juez del Supremo Leopoldo Puente cifró el pasado julio en cinco millones de euros el «botín» que habría repartido la trama en concepto de mordidas a cambio de amaños en obra pública. El magistrado, en línea con las sospechas de la Guardia Civil, apuntaba entonces a una posible financiación irregular del PSOE al considerar que «más personas físicas o jurídicas» se habrían lucrado con las comisiones ilegales por las que fueron procesados los ex secretarios de Organización Ábalos y Cerdán.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno también abrió el pasado diciembre una causa secreta para investigar los pagos en efectivo del PSOE en el marco del caso Koldo. Los agentes de la UCO ya entraron en Ferraz el pasado 20 de junio para clonar la cuenta de correo electrónico corporativa de Cerdán por el presunto amaño de contratos de obra pública.