Estupor en la Guardia Civil por la entrada inédita de la UCO: «Esto afectará a altos mandos»

La imagen fue inédita. Con el auto del juez Santiago Pedraz en la mano y decenas de agentes bajo sus órdenes, el jefe de la unidad anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), el teniente coronel Antonio Balas, irrumpió el pasado miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información y tomar declaraciones a los mandos del Instituto Armado que —supuestamente— abrieron informaciones reservadas y expedientes disciplinarios a agentes de la UCO que investigaban a dirigentes del PSOE y del entorno del presidente del Gobierno, y se negaban a informar a sus superiores. El magistrado de la Audiencia Nacional cree que la cúpula del Instituto Armado usó esos procesos sancionadores para presionar a los guardias civiles y paralizar las pesquisas.

La noticia sobre la entrada de la UCO en las dependencias centrales de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno corrió como la pólvora entre los agentes. «Estamos todos flipando», señalaban a este periódico distintos mandos, que, aunque estaban presentes en las instalaciones, eran ajenos a lo que estaba ocurriendo. «Esto no ha pasado nunca», añadían poco después otras fuentes consultadas por este periódico. Y estaban en lo cierto. Se trataba de la primera vez que la UCO entraba en el corazón del Cuerpo por un caso de presunta corrupción, pues, cabe destacar, las pesquisas de la unidad se enmarcaban en el caso Leire Díez.

«La única vez que ocurrió algo similar fue en 1992, cuando se produjo un registro en las dependencias de la antigua Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (Ucifa), que estaban en la sede de la Dirección General, por orden del juez Baltasar Garzón. Pero aquello no era corrupción», recuerda un mando de dilatada experiencia en el Cuerpo. Días después de la visita de la unidad de élite, todavía hay estupor y resaca emocional entre los guardias civiles y los oficiales. «Los hechos son gravísimos, porque no solo van contra la cúpula de la propia institución —es decir, la política—, sino que pueden afectar también a altos mandos de la uniformada».

Los expedientes al jefe de la UCO

Durante el tiempo que los agentes de la UCO estuvieron en la sede de la Guardia Civil, que se extendió varias horas, recabaron testimonios de al menos tres generales del Cuerpo. No obstante, advierten fuentes próximas a la investigación, este caso podría escalar hasta el DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, y la directora, Mercedes González, habida cuenta de que las informaciones reservadas se abren por decisión del máximo mando uniformado, tras recibir la orden de la directora y con el conocimiento del ministro del Interior. De confirmarse estas actuaciones, los responsables de los expedientes podrían haber incurrido en un delito de obstrucción a la justicia, señalan las mismas fuentes.

En el marco de estas pesquisas, el juez también revisa las tres investigaciones internas que el DAO ordenó abrir contra Rafael Yuste cuando era coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), en pleno estallido de distintos casos de corrupción que afectaban a dirigentes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez, según publicó THE OBJECTIVE el pasado jueves.

Yuste fue uno de los oficiales inmersos en las investigaciones internas de la cúpula de la Guardia Civil, incluso meses antes de que ascendiese a general de brigada y dejase la dirección de la UCO en diciembre de 2025, coincidiendo siempre con su negativa a informar a sus superiores sobre la evolución de las pesquisas. «Las tres concluyeron sin responsabilidad, pero el hecho de que te envíen un oficio en el que comunican que se ha ordenado que se instruya una información reservada, te tomen declaración… Es una presión muy fuerte y excepcional. Al final es para averiguar si eres un delincuente o un infractor», señalan a este diario fuentes conocedoras de estos hechos.

Leire Díez avisó a la directora

El motivo de la apertura de estas investigaciones internas siempre tenía el mismo fundamento: la supuesta filtración de información a los medios de comunicación sobre investigaciones en curso que afectaban al PSOE, idea extendida por la fontanera del PSOE entre la dirección de la Guardia Civil, según apunta el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire Díez, y que conecta el caso con los expedientes que después ordenaba abrir la directora del Instituto Armado. El escrito judicial atestigua que la fontanera confirmó que todas las filtraciones que se producían «venían de la UCO directamente» y así se expresó a la directora del Cuerpo, Mercedes González. 

«He hablado en diferentes encuentros con ella, pero no se entera de lo que ocurre en la Guardia Civil y no da crédito de dónde está metida […] y no sabe cómo meterle mano», advierte Leire Díez. La paradoja es que mientras la militante socialista advertía a la cúpula de la Benemérita sobre supuestas filtraciones de los agentes de la unidad de élite, un exmando de la UCO, el capitán Juan Sánchez Yepes, revelaba a la trama que ella dirigía información secreta sobre la estructura de la unidad de élite y de sus miembros, entre ellos, de Antonio Balas, según consta en el auto judicial de Pedraz. El magistrado investiga al oficial por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Según consta en una grabación, intervenida por la Guardia Civil, el exmando, que también fue asesor de la exdirectora del Cuerpo María Gámez, comienza advirtiendo que toda la información que va a revelar es secreta y que está «cometiendo un delito de revelación de secretos», para acto seguido atender las solicitudes de Leire Díez, «informándole sobre la estructura interna de la UCO o incluso aportando información sobre alguno de sus miembros», señala el escrito judicial. «Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley […], porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet», advierte Yepes, antes de ceder ante la trama.