El PSOE califica de «nuevo disparate» la nueva pieza separada en el 'caso Begoña Gómez'
«No tiene ninguna vinculación con ese contrato», justifica la formación socialista antes de cargar contra Díaz Ayuso
Begoña Gómez en el Fórum Social Pere Tarrés en junio de 2023. | David Zorrakino (EP)
El PSOE ha calificado este viernes de «nuevo disparate» la apertura de una pieza separada en el caso Begoña Gómez. El magistrado Juan Carlos Peinado investigará si se cometieron delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la UE en adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés en la que existían fondos comunitarios.
«Nuevo disparate para seguir alargando un juicio político a una persona inocente. Begoña Gómez no tiene ninguna vinculación con ese contrato», ha señalado la formación en redes sociales, antes de afirmar que están «deseando» escuchar las explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ayer se conociese el informe de la UCO en el que apuntaban que una empresa suya facturó trabajos al gigante de la sanidad privada Quirón Prevención por labores que no tenía la capacidad de hacer.
«Deseando escuchar las explicaciones de Ayuso sobre la millonada embolsada por su pareja desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid», ha resaltado el PSOE.
Prevaricación y de fraude a los intereses de la UE
El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Begoña Gómez por presunto delito de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea ante la sospecha de supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos.
En una providencia, el magistrado ordena la formación de una pieza separada y pide a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos.
En la resolución, de apenas dos párrafos, Peinado pide opinión a la Fiscalía de Madrid sobre esta nueva línea de investigación, que se centra en un contrato adjudicado por la empresa pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next, propiedad de Barrabés, y la consultora KPMG. El expediente fue financiado con fondos comunitarios Feder y ya estuvo bajo la lupa de la Fiscalía Europea.