El Congreso rechaza reforzar el Instituto de las Mujeres con los votos de PP, Vox y Junts
La iniciativa del PSOE plantea ampliar las funciones del organismo para reforzar la igualdad y combatir la discriminación
Diputados en el Pleno del Congreso. | EP
El pleno del Congreso ha rechazado, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para ampliar las competencias y la capacidad de actuación del Instituto de las Mujeres, con el objetivo de mejorar la protección frente a la discriminación y blindar las políticas de igualdad.
La propuesta, rechazada con 174 votos en contra, 166 a favor y 4 abstenciones del PNV, buscaba reforzar este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad y reformar determinadas leyes procesales dentro de su ámbito competencial.
La iniciativa del PSOE surge de la transposición necesaria de las directivas de la Unión Europea, que los socialistas pretendían aprovechar para realizar «una puesta al día» del Instituto de las Mujeres y de su arquitectura institucional, ha defendido la diputada socialista Lidia Guinart.
La propuesta buscaba mejorar la protección frente a la discriminación y consolidar las políticas de igualdad en España, en un contexto de «cuestionamiento creciente» de los avances y de discursos «cargados de misoginia, de negacionismo, incluso de odio», ha sostenido Guinart.
Y ante los retos derivados de la inteligencia artificial que supone «una amenaza real por el uso de las deepfakes, la pornografía, el ciberacoso, la cosificación del cuerpo de las mujeres y otras formas de violencia», ha relatado la diputada socialista, se atribuye al organismo funciones para supervisar algoritmos, especialmente en sistemas de alto riesgo.
«Injerencias o interferencias externas»
Desde el PP, la diputada Silvia Franco ha dudado de la independencia del Instituto de las Mujeres cuando su estructura jerárquica está «sometida» al Gobierno, y la proposición no blinda al organismo frente a «injerencias o interferencias externas» respecto del poder político.
Para Vox, esta aparente reforma técnica y administrativa pretende reforzar «el entramado ideológico» de las políticas de género, según la diputada Reyes Romero, que ha criticado que los problemas de las mujeres sigan siendo los mismos pese a que se «multiplican» observatorios, institutos, comisionados o campañas de propaganda.
En Junts, el diputado Jose Pagés ha opinado que la iniciativa esconde una ampliación de competencias del organismo estatal en un estado descentralizado, lo que, a su juicio, es sinónimo de «politización» y contribuye a «las guerras culturales».
Podemos ha apoyado la tramitación de esta iniciativa porque creen que las instituciones que trabajan y defienden los derechos de las mujeres tienen que estar «fuertes» y «actualizadas», ante el cuestionamiento de este tipo de organismos por una «ofensiva reaccionaria», ha señalado la diputada Noemí Santana.
«Precariedad y brecha salarial»
Si bien ha apuntado que las políticas feministas «se están viendo apagadas» esta legislatura frente a la pasada con Podemos en el Gobierno, ha incidido en que ninguna institución «va a acabar por sí sola» con los problemas de discriminación, precariedad, la brecha salarial o la carga de cuidados que sufren las mujeres.
Desde Sumar, Júlia Boada ha remarcado la necesidad de actualizar un organismo «imprescindible» para poder hacer efectiva la igualdad de las mujeres, que necesita de más herramientas ante el crecimiento de las discriminaciones.
Por su parte, la diputada del PNV Maribel Vaquero ha apuntado que la propuesta puede producir «erosión silenciosa» del autogobierno vasco al desplazar las competencias autonómicas por acumulación de actuaciones estatales, como en la capacidad legal que se le otorga al Instituto de Mujeres para litigar en defensa de intereses colectivos.
Bildu ha defendido que es necesario actualizar las políticas de igualdad, pero no profundizar en este modelo de «feminismo institucional» que contiene «límites muy claros», y alejado de la vida real, ha dicho la parlamentaria Isabel Pozuela.
Un argumento que ha compartido Etna Estrems (ERC), que ha destacado el objetivo de seguir avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres, pero ha considerado que el sistema no está respondiendo a los problemas reales de discriminación o acoso.