Bolaños gastó 45.000 euros en la cartelería de juzgados que el CGPJ ordenó retirar
Presidencia incorporó la denominación «Gobierno de España» en las sedes y fue cuestionada por el órgano
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, destinó 44.649 euros a la instalación de nueva cartelería en juzgados de toda España para incorporar la denominación «Gobierno de España», una actuación que posteriormente fue cuestionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que solicitó su retirada.
La información, obtenida a través del Portal de Transparencia, detalla que el gasto correspondió al «suministro e instalación de la cartelería exterior para el cambio de denominación a nuevos tribunales de instancia» y que la inversión ascendió exactamente a 44.649 euros, con IVA incluido.
La polémica surgió después de que el CGPJ mostrara su rechazo a la inclusión destacada de la marca institucional del Gobierno en la señalización de las sedes judiciales. El órgano de gobierno de los jueces consideró que la presencia de dicha identificación podía afectar a la imagen de independencia del Poder Judicial, al vincular visualmente los edificios donde se administra justicia con el Ejecutivo.
La actuación formaba parte de los cambios derivados de la entrada en funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia previstos en la reforma organizativa de la Justicia impulsada por el Gobierno. Dentro de ese proceso, se procedió a sustituir la señalización exterior de numerosos edificios judiciales en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Canarias.
La respuesta facilitada por el Ministerio constituye la primera cifra oficial sobre el coste de esta actuación. El documento, firmado por la directora general para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé, confirma que la inversión pública destinada a la nueva cartelería superó los 44.000 euros.
La controversia sobre estos carteles se produjo en paralelo al debate institucional entre el Gobierno y el CGPJ acerca de los límites competenciales en la gestión de la imagen corporativa de las sedes judiciales. Finalmente, las referencias cuestionadas fueron retiradas tras las objeciones planteadas por el órgano de gobierno de los jueces.