El Gobierno gastó 571.000 euros en el gran hermano turístico que investiga la UE

El expediente se ha puesto en marcha mediante el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español, en la que la Comisión detalla las presuntas irregularidades detectadas y concede un plazo de dos meses para que España adopte las medidas necesarias para corregirlas. En caso de que no se produzcan avances satisfactorios, el procedimiento podría evolucionar hacia un dictamen motivado y, posteriormente, desembocar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El gran hermano de Grande-Marlaska le ha costado al Estado 571.000 euros. Denominado así por el icónico personaje de 1984 de George Orwell, el sistema de registro de hospedajes y alquileres de vehículos impuesto por el Ministerio del Interior ha sido duramente criticado tanto en España como en el extranjero. De hecho, la UE ha abierto un procedimiento de infracción al considerar que el sistema de registro de viajeros establecido por el Real Decreto 933/2021 vulnera la normativa comunitaria en materia de protección de datos.

Una resolución emitida al amparo de la Ley de Transparencia de 2013 desvela por primera vez el coste de la plataforma que se ha utilizado para recopilar todos los datos de las personas que visitan nuestro país: «El nuevo sistema de registro de hospedaje y alquiler de vehículos se ha desarrollado utilizando recursos propios de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Por ello, no existe un expediente de contratación que se haya licitado con dicho objeto, pudiéndose, no obstante, cuantificar el coste en relación a licencias, desarrollos, mantenimiento […] asociados en 571.000 euros», reconoce el escrito en respuesta a THE OBJECTIVE.

El documento, firmado el 23 de enero de 2025 por el subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, Manuel Izquierdo Bernal, arroja luz sobre algunos de los aspectos menos conocidos de una herramienta que ha generado un intenso debate entre empresarios del sector turístico, organizaciones de defensa de la privacidad y responsables de seguridad. Este responde, además, a las siguientes preguntas: cuántos establecimientos y entidades hay registrados en el sistema en el día en que se conteste a esta pregunta con los últimos datos actualizados, cuántas entradas de pernoctaciones ha habido en el sistema en el día en que se conteste a esta pregunta con los últimos datos actualizados y cuántas entradas de alquiler de vehículos ha habido en el sistema en el día en que se conteste a esta pregunta con los últimos datos actualizados.

El subdirector general correspondiente reconoce a este medio que «en el momento de dar respuesta a la pregunta formulada» se han registrado «un total de 165.432 establecimientos y entidades», además de «8.974.022 entradas de pernoctaciones» y «6.546.172 entradas de alquiler de vehículos», respondiendo así a todas las preguntas formuladas por este diario. Son cifras que, hasta ahora, el Ministerio del Interior no había hecho públicas, puesto que no había ofrecido datos concretos sobre el desembolso asociado a este proyecto ni sobre el número de registros acumulados desde su puesta en funcionamiento.

Un desarrollo realizado con medios propios

Uno de los aspectos más destacados del documento es que el ministerio asegura que el sistema se desarrolló mediante recursos propios de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Según la resolución, al no haberse recurrido a una contratación externa específica para la creación de la plataforma, no existe un expediente de licitación pública asociado a este proyecto. No obstante, Interior sí cuantifica los costes derivados, como se ha explicado anteriormente, en 571.000 euros. La ausencia de un concurso público específico podría suscitar preguntas sobre la metodología empleada para calcular ese importe y sobre el alcance exacto de los recursos internos utilizados para sacar adelante el proyecto tecnológico.

El sistema constituye una de las principales herramientas de recogida y tratamiento de información relacionada con la actividad turística y la movilidad dentro del territorio nacional, al centralizar datos que anteriormente eran comunicados mediante procedimientos diferentes o plataformas menos integradas. Su importancia redunda en que España es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

La resolución también ofrece una fotografía del grado de implantación alcanzado por el sistema, que asegura que existen 165.432 establecimientos y entidades registrados en la plataforma en el momento de dar respuesta a las preguntas de este diario. Esta cifra engloba a los sujetos obligados a remitir información a las autoridades competentes, entre los que se encuentran hoteles, hostales, apartamentos turísticos, campings, viviendas de uso turístico gestionadas profesionalmente y empresas dedicadas al alquiler de vehículos.

Casi nueve millones de pernoctaciones registradas

Entre los datos facilitados destaca el volumen de información que el sistema ya ha procesado: 8.974.022 entradas de pernoctaciones en todos los establecimientos inscritos. Además de la información relacionada con los alojamientos, la resolución incluye datos sobre el otro gran ámbito cubierto por la plataforma: el alquiler de vehículos, de los que el sistema ya había registrado 6.546.172 entradas.

El registro de viajeros ha sido objeto de debate desde la entrada en vigor de la normativa que amplió y actualizó las obligaciones de comunicación de datos. Mientras que el Gobierno ha defendido la medida como un instrumento necesario para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunos representantes del sector turístico han expresado preocupación por el aumento de la carga administrativa. Así, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) consideran que el Real Decreto 933/2021 impone obligaciones incompatibles con el derecho europeo a las actividades de hospedaje, alquiler de vehículos y operadores turísticos intermediarios.

La Unión Europea inició la semana pasada un procedimiento de infracción a España por este polémico registro de Marlaska, apodado Gran Hermano turístico por la prensa internacional, muy crítica con este sistema. El expediente se ha puesto en marcha mediante el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español, en la que la Comisión detalla las presuntas irregularidades detectadas y concede un plazo de dos meses para que España adopte las medidas necesarias para corregirlas. En caso de que no se produzcan avances satisfactorios, el procedimiento podría evolucionar hacia un dictamen motivado y, posteriormente, desembocar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).