Bruselas abre un procedimiento de infracción a España por su polémico registro de viajeros
El registro entró en vigor el año pasado tras su aprobación por parte del Ministerio del Interior
Una playa llena de sombrillas.
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España al considerar que el sistema de registro de viajeros establecido por el Real Decreto 933/2021 vulnera la normativa comunitaria en materia de protección de datos. Bruselas cuestiona tanto la amplitud de la información que se recopila de los viajeros como el tiempo durante el que dichos datos son conservados por las autoridades españolas.
El expediente se ha puesto en marcha mediante el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español, en la que la Comisión detalla las presuntas irregularidades detectadas y concede un plazo de dos meses para que España adopte las medidas necesarias para corregirlas. En caso de que no se produzcan avances satisfactorios, el procedimiento podría evolucionar hacia un dictamen motivado y, posteriormente, desembocar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La decisión ha sido recibida con satisfacción por la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) y para la Confederación Española de Agencias de Viales (CEAV), que considera que el Real Decreto 933/2021 impone obligaciones incompatibles con el derecho de la Unión Europea a las actividades de hospedaje, alquiler de vehículos y operadores turísticos intermediarios.
Satisfacción en el sector
Según FETAVE, la actuación de Bruselas supone una «extraordinaria noticia» para el conjunto del sector turístico español y, especialmente, para las agencias de viajes, que desde hace años vienen denunciando la desproporción de las exigencias administrativas, la inseguridad jurídica generada por la norma y las dificultades prácticas para su aplicación.
FETAVE destaca además que fue la única organización sectorial del turismo español que presentó una impugnación formal ante la Comisión Europea. Desde entonces, la federación ha mantenido una labor continuada de seguimiento del expediente ante las instituciones comunitarias, trasladando sus reclamaciones tanto a la Comisión como al Defensor del Pueblo Europeo y al Parlamento Europeo.
Piden su suspensión
En este contexto, UNAV y FETAVE han solicitado al Ministerio del Interior la suspensión urgente de la aplicación del Real Decreto 933/2021 a las agencias de viajes. Asimismo, reclaman la paralización de cualquier desarrollo reglamentario que mantenga obligaciones directas para estas empresas y la apertura de una mesa de trabajo con el sector para abordar una nueva regulación. El presidente de UNAV-FETAVE, César Gutiérrez, ha señalado que «si la Comisión Europea cuestiona los pilares del RD 933/2021, el Ministerio del Interior debe suspender su aplicación a las agencias de viajes y revisar de inmediato la norma».
La Comisión Europea recuerda que la directiva comunitaria sobre protección de datos en el ámbito penal establece que el tratamiento de información personal por parte de las autoridades policiales debe respetar el derecho fundamental a la protección de datos. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que la legislación española obliga a proveedores de alojamiento, plataformas digitales y empresas de alquiler de vehículos a recopilar, almacenar y transmitir datos personales de los viajeros a una base de datos centralizada accesible por las fuerzas de seguridad, una práctica que podría exceder los límites establecidos por la normativa europea.
La apertura de este procedimiento supone un nuevo revés para una regulación que ha sido objeto de críticas desde su aprobación y abre la puerta a una posible revisión de las obligaciones de registro e información que actualmente afectan a buena parte de la industria turística española.