El sector turístico augura un verano caliente por el registro de viajeros tras la queja de Bruselas
Hoteles y agencias celebran que la Comisión cuestione la norma, pero temen que aumenten las reticencias de los viajeros
Un grupo de turistas en Madrid. | EP
La apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea contra España por el registro de viajeros ha sido recibida con satisfacción por buena parte del sector turístico, que llevaba tiempo denunciando la desproporción de una norma que obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y comunicar una amplia cantidad de datos personales de sus clientes. Sin embargo, la decisión de Bruselas llega también acompañada de una nueva preocupación: que el inicio de la temporada alta esté marcado por un aumento de las reticencias de los viajeros a facilitar información y por nuevos conflictos en el momento de realizar reservas o registros.
La paradoja es evidente. El Real Decreto 933/2021 sigue plenamente vigente y las empresas continúan obligadas a exigir los datos que marca la normativa. Al mismo tiempo, la Comisión Europea acaba de comunicar formalmente a España que considera que algunos de sus pilares podrían ser incompatibles con la legislación comunitaria sobre protección de datos, al cuestionar tanto el volumen de información recopilada como los fines para los que puede utilizarse y el plazo de conservación de tres años.
En el sector existe la sensación de que Bruselas ha acabado dando la razón a unas advertencias que llevaban tiempo formulándose. De hecho, el procedimiento abierto ahora tiene su origen en una denuncia presentada ante la Comisión Europea por FETAVE en enero de 2023. «Para nosotros es una noticia muy positiva porque confirma una preocupación que llevamos trasladando a las instituciones europeas desde hace más de tres años», explica en declaraciones a THE OBJECTIVE César Gutiérrez, presidente de UNAV-FETAVE. El dirigente recuerda que la federación ha realizado un seguimiento constante del expediente ante la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento Europeo hasta lograr que Bruselas iniciara el procedimiento de infracción.
Reticencias a dar datos
Pese a esta satisfacción, Gutiérrez reconoce que la situación abre un escenario complejo para los próximos meses. «Es comprensible que un ciudadano se pregunte por qué debe facilitar determinados datos si la propia Comisión Europea considera que la regulación presenta incompatibilidades con el derecho europeo», señala a este diario. El responsable de UNAV-FETAVE sospecha que quienes ya eran reacios a facilitar determinada información probablemente seguirán siéndolo, pero admite que la decisión de Bruselas puede reforzar esas reticencias. «Las agencias no [quieren convertirse] en una especie de policía de [sus] clientes. [Pueden] informar y explicar las obligaciones existentes, pero tampoco [pueden] entrar en conflictos permanentes con los viajeros».
Las agencias de viajes llevan tiempo advirtiendo de situaciones en las que algunos clientes, especialmente procedentes de países con una mayor sensibilidad hacia la protección de la privacidad, se negaban a facilitar determinados datos personales. En algunos casos, esa negativa impedía completar el proceso porque la plataforma no permite finalizar la comunicación si faltan campos considerados obligatorios.
«Ya existía problemática antes de la intervención de la Comisión Europea y es razonable pensar que pueda incrementarse», explica a THE OBJECTIVE Ana Barluenga, directora del área jurídica de CEAV, recordando que la organización denuncia desde el inicio que la normativa española exige una cantidad excesiva de información y establece finalidades demasiado amplias para el uso de los datos. A su juicio, el procedimiento abierto por Bruselas constituye un paso muy relevante porque supone el primer reconocimiento formal de esas dudas por parte de las instituciones comunitarias.
Aunque considera prematuro evaluar el impacto de la noticia entre los consumidores, admite que la intervención europea puede reforzar la percepción de que algunas de las obligaciones impuestas por el decreto son difíciles de justificar. «Es previsible que aumenten los casos de viajeros que cuestionen la necesidad de facilitar determinados datos».
Hoteles obligados a seguir aplicando
La preocupación también existe entre los hoteleros, que afrontan el inicio de la campaña de verano con una normativa cuya legalidad está siendo examinada por Bruselas. «Nunca nos hemos negado a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que hemos cuestionado siempre ha sido la desproporción de determinadas exigencias», explica a este diario Jorge Marichal, presidente de Cehat.
Marichal recuerda que los establecimientos hoteleros llevan décadas facilitando información a las autoridades y que la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad nunca ha estado en tela de juicio. Sin embargo, considera que el decreto amplió el alcance de los datos solicitados hasta niveles que el sector consideraba incompatibles con la normativa europea. Cehat reconoce que los empresarios seguirán cumpliendo la ley mientras permanezca en vigor, pero admiten que la decisión de la Comisión Europea puede aumentar el malestar de algunos clientes justo en el periodo de mayor actividad turística del año.
«Confirma lo que temíamos»
El abogado especializado en protección de datos José Leandro Núñez García considera que la actuación de Bruselas confirma muchas de las dudas que expertos en privacidad venían planteando desde la aprobación de la norma. «La Comisión Europea está cuestionando precisamente los elementos que más preocupaban: la cantidad de datos solicitados, la falta de concreción de las finalidades y el plazo de conservación», explica a THE OBJECTIVE.
El jurista considera especialmente preocupante la acumulación de información sensible en una base de datos centralizada y recuerda que la Agencia Española de Protección de Datos había advertido años atrás sobre la necesidad de analizar rigurosamente la proporcionalidad de las medidas adoptadas. A su juicio, el principal problema es la inseguridad jurídica generada después de que miles de empresas hayan tenido que invertir recursos para adaptarse a una normativa cuya compatibilidad con el derecho europeo está ahora en cuestión.
Mientras Bruselas espera la respuesta del Gobierno español, el sector turístico se prepara para afrontar una temporada alta marcada por la contradicción de seguir exigiendo unos datos que la legislación española considera de recolección obligatoria, pero que las propias instituciones europeas cuestionan.