Sánchez pretende anular la mejor herramienta antiblanqueo que combate la corrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende anular la mejor herramienta antiblanqueo que utilizan las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) y los servicios secretos del CNI para combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Se trata del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), creado y gestionado por el Consejo General del Notariado desde hace más de 20 años. El departamento dispone del Índice Único Informatizado con datos cruzados de 47 millones de personas físicas, entre ellas 50.000 políticos y allegados.   

La OCP es un organismo que canaliza, analiza e investiga todos los expedientes tramitados en las notarías de España para identificar a los titulares reales de las operaciones mercantiles, societarias e inmobiliarias. El fin último es detectar cualquier operación sospechosa y ponerla en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad. De esa manera ha contribuido a depurar casos de corrupción como los de Santos Cerdán, Julio Martínez o Rodríguez Zapatero. 

La orden ministerial EHA/2963/2005, firmada por el ministro Pedro Solbes el 20 de septiembre de 2005, obligaba en su artículo primero al Consejo General del Notariado a fundar el OCP y a participar en «el reforzamiento, intensificación y canalización en la colaboración del notariado con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales».

En el apartado tercero se exigía la creación de una Unidad de Análisis y Comunicación del OCP que examinara «con especial atención cualquier operación en la que intervenga o participe el notario relativa a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales o al resto de operaciones vinculadas al blanqueo de capitales».

El cruce de datos del OCP, integrada por especialistas en la prevención de blanqueo de capitales, a través de su Base de Datos con Titulares Reales (BDTR), es la herramienta perfecta para identificar a los verdaderos propietarios de todas las sociedades mercantiles que operan en España. Gracias a esa labor, los agentes de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía y de la UCO de la Guardia Civil han podido avanzar en sus investigaciones contra la corrupción. 

Concejales implicados en casos de corrupción

El organismo cuenta con el Índice Único Informatizado, que centraliza toda la información y permite la trazabilidad de todas las operaciones realizadas ante notario. Gracias a esa fiscalización de los datos, los agentes han podido avanzar en investigaciones que afectan a sociedades relacionadas con dirigentes socialistas e implicadas en el pago de mordidas. El OCP levantó el velo a algunas de las operaciones de Forestalia, Servinabar y Análisis Relevante con la identificación de los investigados Santos Cerdán, Antxon Alonso y Julio Julito Martínez Martínez como cooperadores necesarios en la manipulación de concursos públicos. 

El empresario alicantino, considerado testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, figura en los archivos electrónicos del OCP como el supuesto titular de un entramado de sociedades con decenas de ramificaciones instrumentales. Toda esa arquitectura societaria, montada para ocultar el dinero y sus titulares, pudo plasmarse gracias a la labor diaria de los notarios de toda España. 

Desde que las notarías se implicaran en la lucha contra el blanqueo de dinero a raíz de las operaciones Ballena Blanca y Malaya en la Costa del Sol —años 2005/2006— en las que fueron investigados cuatro notarios —finalmente exonerados—, el Consejo del Notariado ha participado sin ruido ni alharacas en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. Los resultados en esas dos décadas han sido espléndidos. 

Las cifras que se manejan en torno a las notarías ya de por sí anticipan el calibre de su importancia. En España trabajan cerca de 3.000 notarios, que a su vez emplean a más de 17.000 trabajadores. Todos los días fácilmente pueden pasar por sus oficinas unos 60.000 clientes y comunicar al OCP más de medio millón de reseñas. En la actualidad, la base de datos del Índice Único Informatizado contiene 175 millones de documentos notariales, 736 millones de intervenciones, 47 millones de personas físicas (entre 2004 y abril de 2026) y 3.300.279 de personas jurídicas, de las que 1,3 millones pertenecen a sociedades limitadas. Asimismo, aparecen registrados 34 millones de inmuebles. 

En función de las directrices de la orden ministerial de 2005, el OCP se ha convertido en los últimos años, entre otros cometidos, en el azote de la corrupción. Por las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), fundado por el G7 en 1989, el organismo notarial ha gestionado entre sus cometidos más de 27.000 expedientes sobre políticos (concejales, alcaldes, consejeros autonómicos, diputados provinciales…) y casi 50.000 personas entre familiares y allegados. Todos ellos constituyen una lista que se actualiza cada seis meses sobre operaciones inmobiliarias y societarias. De esa relación de políticos locales llama la atención un dato: el 80% de los concejales de urbanismo de una comunidad autónoma está relacionado con algún caso de corrupción. 

Una ley antiblanqueo sin fe pública  

Con el anteproyecto actual del Gobierno —al que se oponen todos los organismos implicados en la lucha antiblanqueo, incluido el informe del Consejo Fiscal—, el papel fiscalizador del OCP en materia de prevención saltaría por los aires. La nueva Ley de Integridad Pública contempla la modificación de 18 normas para mejorar, supuestamente, la lucha contra la corrupción, según la versión de la Moncloa. Sin embargo, en el ámbito mercantil, los cerebros del sanchismo del Ministerio de Hacienda pretenden quitar de en medio a los notarios, quienes hasta la fecha desempeñan una labor impecable en el control de las transmisiones de herencias y donaciones. También de la venta o traspasos de las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada, donde radica la parte mollar de la ocultación y el blanqueo de dinero.

El artículo 13 del anteproyecto gubernativo contempla varios cambios en la ley de sociedades de capital. Entre ellos, la regulación sobre la transmisión de las participaciones sociales. A partir de que entre en vigor la reforma, las transmisiones se realizarán mediante un documento privado con tan solo una firma electrónica y su posterior inscripción en el registro mercantil. Ese procedimiento lo que logra es dejar fuera a los notarios, que no podrán dar la «fe pública». De esa forma, no se realizará el reconocimiento real de los implicados, una de las claves para desmontar la proliferación de testaferros y amañamientos societarios. Con el nuevo sistema, el OCP y su Índice Único Informatizado —donde se concentra toda la información de las operaciones societarias— perderán todo su valor como herramienta antiblanqueo. Los delincuentes y corruptos lo celebrarán con champán.

La nueva ley empobrecerá el lema que los notarios llevan a gala: «Nihil prius fide» («Nada antes que la fe»). Tal enunciado, que procede de un verso del poeta Propercio, se refiere, por supuesto, a la «fe pública», que los notarios con su firma aportan veracidad y garantía judicial al certificar un documento. Seguidamente, tienen la obligación legal de volcar todos los datos en el sistema del OCP. Si la nueva ley sanchista hubiera sido aprobada hace un par de años, los técnicos y especialistas del OCP habrían tenido más dificultades para detectar las 15 sociedades limitadas de Forestalia o la maraña de sociedades de los testaferros de Rodríguez Zapatero. En cascada, esos impedimentos también habrían ralentizado las investigaciones policiales. 

El cometido de los estafadores parte generalmente de un principio: el del engaño. Por ello, suelen trocear los elementos de una sociedad en diferentes notarías. En unas inscriben la dirección de la sociedad; en otra, el objeto; en una tercera, la fecha y así, sucesivamente, cambiando repetidas veces los nombres de los accionistas de la mercantil. Con el cruce de datos del OCP los notarios se lo ponen más difícil a los delincuentes de guante blanco. Si el contrato de Santos Cerdán con la mitad de las acciones de Servinabar descansaba debajo de una cama era así porque los infractores se resistían a darle la categoría de escritura pública para que no se registrara en el sistema. Aun así, todo era legal porque aquel documento no perdía ningún valor porque tanto Santos Cerdán como Antxon Alonso podían obligar al otro a registrarlo ante notario. 

Con la nueva ley se puede dar la extraña circunstancia de que una de las primeras normas legales del Gobierno de Rodríguez Zapatero cuando llegó a la Moncloa en 2004 se vea ahora, 21 años después, menoscabada por un cambio legislativo que, potencialmente, le va a favorecer. Los agentes implicados en las investigaciones policiales se preguntan: «¿Por qué ahora esos cambios?» ¿Por qué ahora la modificación coincidiendo con las pesquisas contra Begoña Gómez o por las implicaciones del expresidente Zapatero y otros socialistas de la cuerda del sanchismo en asuntos de corrupción como el rescate de Plus Ultra o Air Europa? 

Fuerzas de Seguridad: el fin de una herramienta eficaz

Las dudas sobre el anteproyecto también se la plantean la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo Fiscal. El órgano asesor de la Fiscalía General del Estado recomienda la no supresión de la obligación de que las transmisiones de acciones y la constitución de derechos reales pasen por los notarios y se materialicen en escritura pública. El Colegio de Abogados de Madrid ya se ha manifestado así mismo, públicamente, con la queja de que sin el protagonismo de las notarías los investigadores dispondrán de menor capacidad para desmontar las tramas de la corrupción política.   

Los primeros perjudicados serán los funcionarios policiales. Todo este caudal informativo del OCP está a disposición de los servicios secretos y de los agentes de la Seguridad del Estado tanto para investigaciones sobre terrorismo, de narcotráfico o blanqueo de dinero. Las primeras aportaciones del Consejo General del Notariado fueron en materia de terrorismo y, gracias a los datos facilitados por el OCP, se pudo evitar un atentado yihadista en el Metro de Barcelona. 

Todas las fuentes policiales consultadas coinciden en destacar la eficacia de la unidad de blanqueo del Consejo. Uno de los policías beneficiados me confesó la prontitud con la que responden a través de correos electrónicos los datos solicitados sobre sus investigaciones de narcotráfico, terrorismo, o crimen organizado. «Prácticamente recibimos la información en tiempo real. Como máximo se produce una demora de unos 20 o 30 minutos», destacaba el agente antiterrorista. En los últimos 20 años, el OCP ha comunicado a las Fuerzas de Seguridad y al CNI más de 40.000 operaciones sospechosas de blanqueo de dinero. Muchos de los casos estaban relacionados con la corrupción política, tanto del Partido Popular como del PSOE.

Los profesionales de la policía consultados se quejan de que esa falta de cooperación, si desaparece el Índice Único Informatizado, va a ralentizar sus investigaciones: «Lo que ahora resolvemos en un clip puede demorarse y retrasar nuestra lucha contra la delincuencia organizada. De por sí, los criminales ya se preocupan para superarnos en disponer de mejores medios tecnológicos, armas e infraestructura, sobre todo, para ocultar el dinero obtenido de sus negocios ilegales». 

Las mismas fuentes consultadas se sorprenden del proyecto gubernamental y se muestran críticas: «La única explicación que encontramos es que se deba a una respuesta de castigo por su colaboración con los investigadores de casos como los ERE, Ábalos, Koldo o Santos Cerdán, pero antes también nos ayudaron en las operaciones Gürtel o Púnica, que afectaban al PP. Creemos que se debe a una reacción que responde a intereses personales: les molesta que investiguemos a los políticos socialistas y, mucho más, al entorno del presidente. Pero es nuestro trabajo por orden judicial». 

Un método avalado por el GAFI

Los éxitos en el servicio público del OCP del Consejo General del Notariado, tanto como su base de datos centralizada BDTR, la segunda más potente de España, y su equipo de profesionales, han sido reconocidos públicamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con altas calificaciones. El trabajo de los notarios españoles ha contribuido, según el organismo independiente con sede en París, a que el sistema español en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción política haya alcanzado prestigio a escala internacional. Sin embargo, los cambios programados por el Gobierno de Sánchez, pendiente de su aprobación en el Congreso, pone en peligro todo lo que se ha avanzado en las últimas dos décadas. 

Si nadie lo impide, el anteproyecto de la Moncloa discurrirá con celeridad por las comisiones parlamentarias y, seguramente, será aprobado antes de las próximas elecciones generales por los partidos de la coalición Frankenstein, que se pone de perfil en los casos de corrupción que afectan al sanchismo. La solución final pasa por Núñez Feijóo. Hace unas semanas plasmaba en esta sección algunas de las leyes que el dirigente popular se verá obligado a revertir cuando llegue a la Moncloa y disfrute de una mayoría parlamentaria. A la lista también habrá que incluir la ley de Integridad Pública. Si los ciudadanos preguntan a la IA de ChatGPT por la importancia del OCP, recibirán esta respuesta: «Se considera una herramienta muy valiosa para la investigación económica y financiera de las autoridades españolas».

El propio GAFI anda perplejo por el anteproyecto de ley que viene a desbaratar algo que funciona y que ha sido reconocido internacionalmente como una herramienta eficaz e impecable para investigar la corrupción y el blanqueo de capitales. La reforma del Ejecutivo indirectamente va a beneficiar a las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico y al terrorismo. No existe ninguna excusa económica porque su financiación corre a cargo de los notarios de España y del Consejo General del Notariado.

El Gobierno, para sacar adelante su anteproyecto, pone como referente los sistemas antiblanqueo desarrollados en Inglaterra e Italia, pero oculta que el modelo transalpino es una copia del que prevalece actualmente en España con el control de los notarios. También omite que el GAFI aclaró en su momento que la fórmula anglo-italiana presentaba en algunas de sus medidas una «evidente vulnerabilidad», algo que no sucede en nuestro país.   

Los resultados han demostrado en las últimas décadas que la medida más dañina para el terrorismo yihadista ha sido el control y el seguimiento del dinero para impedir la financiación de las células yihadistas y así frenar sus operaciones terroristas. El CITCO (el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), en el que confluyen expertos de la Policía, la Guardia Civil, CNI y, más recientemente, Mossos y Ertzaintza, es una de las organizaciones de inteligencia que más se ha beneficiado de las bases de datos del Índice Único Informatizado Notarial. 

Gracias al seguimiento del dinero y las operaciones notariales, los agentes han podido desarticular varias organizaciones criminales, así como el bloqueo en España de las cuentas de 22 oligarcas rusos y más de cien testaferros, todos ellos de la esfera del presidente ruso Vladimir Putin tras las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. También el embargo de cerca de 40 bienes inmuebles.

La lucha contra el blanqueo ha servido para debilitar la capacidad destructiva de las organizaciones yihadistas. Recuerdo varios casos en los que la Comisaría General de Información, con información de EEUU, pudo seguir el rastro a un español con residencia en Andorra que había abierto un banco en Suiza. La entidad había sido utilizada por un jeque que financiaba operaciones de terrorismo internacional de corte islamista. Los responsables de la UCAO y de inteligencia del DAO de la Policía consiguieron darle la vuelta y convertirlo en colaborador. Es uno de los casos más brillantes de la Comisaría General de Información (CGI) que muy pocos conocen y que sirvió para prevenir más de un atentado. De la información obtenida por el confidente, pudieron también desarticular más de una banda internacional que operaba desde la Costa del Sol en el tráfico de armas. 

Si el OCP hubiera funcionado en 2004, los yihadistas de Al Qaeda lo habrían tenido más difícil a la hora de perpetrar el atentado del 11-M. Y si el FBI o la CIA hubieran contado con un organismo similar, Mohamed Atta y su célula de Al Qaeda habrían tenido más dificultades para planear el choque de aviones contra las Torres Gemelas o el Pentágono. 

«Si algo funciona bien, no lo toques», es una frase que se le atribuye también a Edward A. Murphy Jr., el norteamericano de la famosa ley de Murphy. La verdad es que quien acuñó ese pensamiento para la eternidad fue Bert Lance, director de la Oficina de Administración y Presupuesto durante la presidencia de Jimmy Carter, a quien le ayudó a ganar las elecciones presidenciales en 1976. Su frase era: «Si no está roto, no lo arregles». Pero esa es una lección que le cuesta aprender a alguna cabeza rota de la Moncloa.