Zapatero se lucraba con mordidas mientras 'cobraba' del Estado diez millones por servicios

José Luis Rodríguez Zapatero cobró mordidas de millones de euros, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, mientras se beneficiaba de servicios y fondos del Estado por su condición de expresidente del Gobierno. El Estatuto aprobado por Felipe González en 1992 le garantizaba, además, un salario vitalicio próximo a los 100.000 euros anuales al que nunca renunció.

Paralelamente, Zapatero, sus socios y testaferros podrían haber acumulado durante años, de manera opaca, más de 15 millones de euros, según fuentes que conocen las investigaciones. Una parte de las ganancias se ejecutaba a través de bitcoins y oro en operaciones internacionales.

La gran contradicción se producía porque el Real Decreto 405/1992 permitía a Zapatero, además de un salario vitalicio de unos 80.000 euros brutos anuales, disfrutar de una serie de «medios y prerrogativas», como dos asistentes de niveles 30 y 18 de la Administración, contratados por «libre designación» y elegidos por él mismo. Esos puestos de trabajo, organizativamente, están adscritos a Presidencia y Secretaría del Gobierno y al Ministerio de Relaciones con las Cortes.

Uno de esos destinos como asistente estaba cubierto por la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, a la que el juez José Luis Calama atribuye «un papel esencial» en la trama corrupta del caso Plus Ultra. Alcázar, que acompaña laboralmente al expresidente desde hace 30 años, siempre ha pasado desapercibida en sus funciones de secretaria. Sus compañeros de Ferraz la valoran como una militante «discreta y siempre entregada a su trabajo». Comenzó a colaborar con Zapatero cuando aterrizó en la Moncloa en 2004.

Asimismo, el expresidente disponía de una dotación especial para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles que se incluían en los Presupuestos Generales del Estado. El despacho en la calle Ferraz de Madrid, propiedad del PSOE, podría ser uno de esos inmuebles financiados en parte con fondos públicos. Entrevisté en una ocasión a Zapatero en su lugar de trabajo y el habitáculo era espacioso, pero sin lujos. En aquellas fechas, noviembre de 2015, Felipe González también ocupaba otras dependencias en el mismo piso.

La falta de transparencia con los periodistas del PSOE y del Gobierno me ha imposibilitado conocer la cantidad que ha podido gastarse Hacienda con Zapatero en concepto de ayuda para gastos de oficina.

El expresidente también disponía de automóviles del parque móvil con conductores de la Administración del Estado. Los escoltas del servicio de seguridad pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía. La cantidad y los horarios de los guardaespaldas los fijaban las autoridades del Ministerio del Interior, que siempre se han mostrado muy generosas con las necesidades de Zapatero. Sobre todo, por sus continuos viajes al extranjero, especialmente a Venezuela. Según cálculos realizados por los investigadores, el expresidente —solo a Caracas— se había desplazado en unas 50 ocasiones. Esos beneficios de vehículos y escoltas también eran aplicables a su cónyuge o «persona unida con análoga relación de afectividad», según el decreto. Incluso tras el fallecimiento del titular.

Y en todos esos desplazamientos de Zapatero a lo largo y ancho del mundo en una supuesta tarea altruista que ya se encargaban sus acólitos de airear, también contaba con los privilegios del Estatuto 405 gubernamental. El real decreto lo recoge en su contenido, en el punto 5 del artículo 3, dedicado a las prerrogativas: «Disfrutará de libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado».

Diez millones de coste para el Estado

El coste de Zapatero al Estado desde que abandonó la Moncloa a comienzos de 2012 hasta el auto del juez Calama superaría fácilmente los diez millones de euros, calculando tan solo diez años. El cálculo ha sido realizado por un experto en la Administración de Hacienda que ha considerado los emolumentos del expresidente, los salarios de sus colaboradores, los gastos en oficinas, los desplazamientos y los servicios de conductores, vehículos, policías escolta y otras ayudas.

Todo ese dispendio se producía mientras Zapatero ya había puesto en marcha la maquinaria de generar grandes cantidades de dinero en sus relaciones con los chavistas bolivarianos. El recorrido sería el siguiente:

Tras decidir no presentarse a la reelección en las generales del 20-N de 2011 y la severa derrota del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba frente a Mariano Rajoy, Zapatero se acogió a una ley orgánica de 2004, aprobada durante su mandato presidencial, por la que los expresidentes podían convalidar el salario del Estatuto 405 por el de consejero del Consejo de Estado. Durante los cuatro años que desempeñó esa tarea, entre 2012 y 2015, percibió unos emolumentos anuales de 100.000 euros. En total, unos 400.000.

En 2015 optó por dedicarse a la función de asesor y consultor internacional, caladero donde se movía más dinero y era más fácil ocultarlo. Aun así, Zapatero seguía presentándose con su aureola de hombre de paz, como batallador de causas perdidas y como un gran negociador en situaciones de crisis. Ya en 2014 inició su labor de mediador en Venezuela en representación de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) en el apartado de reformas institucionales.

Fue en esa época cuando comenzaron sus relaciones políticas con el régimen chavista, con Nicolás Maduro en la Presidencia, tras la muerte de Hugo Chávez. Zapatero estableció un vínculo especial con Delcy Rodríguez, entonces ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Maduro, aunque ya había sido jefa de despacho de la Presidencia con Hugo Chávez. Su nombre sirvió años después para denominar el conocido Delcygate, el asunto todavía sin aclarar de su viaje ilegal a Madrid, en enero de 2020, en un avión venezolano que, supuestamente, transportaba maletas con oro en su bodega. Ese será el siguiente gran escándalo que hará tambalearse una vez más al sanchismo. Se trata de la bala de plata que guarda José Luis Ábalos en la cartuchera como represalia y venganza por el trato recibido de su «amigo» y siempre protegido Pedro Sánchez.

A partir de esa relación con el régimen dictatorial de Maduro, que provocó el rechazo de la oposición venezolana, Zapatero amplió de manera exponencial sus bienes, según las diligencias del juez Calama. Los 80.000 euros que cobraba del erario público no podían justificar su patrimonio inmobiliario y mantener el ritmo de vida de su familia. Para los investigadores, sus lujosas viviendas en el barrio residencial de Aravaca (Madrid) y en la isla de Lanzarote, junto al mar, entre otras propiedades, podrían justificarse por el cobro de coimas y comisiones.

Zapatero, en su última declaración de bienes cuando todavía era presidente, solo reconocía un patrimonio de 209.206 euros, con unas deudas que ascendían a más de ochenta mil. En la actualidad, según informaciones de algunos medios de comunicación, sus bienes ascenderían a entre 4 y 6 millones.

El magistrado de la Audiencia Nacional Calama también debería investigar si Zapatero ha cometido un delito de malversación de fondos por el uso de viajes pagados por el Estado. Además, si ha utilizado, como afirma el propio juez, el despacho de la calle Ferraz y los servicios de su secretaria para fines ilícitos y muy distintos de aquellos contemplados por el Decreto 405.

La responsabilidad de Sánchez y sus ministros

Si el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha colocado a Zapatero y sus socios en el chiquero de una organización criminal, la larga sombra de la corrupción también avanza hacia el Consejo de Ministros de Sánchez. El Gobierno en pleno facilitó y aprobó el rescate de Plus Ultra cuando María Jesús Montero era ministra de Hacienda. Es poco probable que los entonces miembros del Gobierno desconocieran que Zapatero lideraba las gestiones para obtener el rescate de la línea aérea venezolana, como corroboran las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El diligente trabajo de sus agentes ha servido para que la ciudadanía recupere el respeto hacia este departamento policial de la Comisaría General de Policía Judicial, que ha reconquistado su prestigio. Paradójicamente, según denunciaron a THE OBJECTIVE sus agentes, el éxito de las investigaciones no se produjo gracias a las instrucciones de su jefe, Fernando Alonso, que llegó a la Unidad con instrucciones de no «meterse en temas políticos». Las órdenes partían del despacho del mismísimo ministro Fernando Grande-Marlaska. Afortunadamente, en España los magistrados de la Audiencia Nacional, como sucede con el juez Calama, poseen suficiente independencia para desarrollar sus investigaciones sin interferencias de la cúpula político-policial. Los agentes trabajan bajo sus órdenes y se juegan sus carreras si filtran sus diligencias a los mandos ministeriales mientras el sumario permanece secreto. Un pequeño grupo de policías ha actuado como héroes ante la mirada inquisitiva de Grande-Marlaska. Y, como destaca alguno de ellos: «Y eso que era juez».

El rescate de Plus Ultra no solo se debió a una decisión de los ministros socialistas, sino también al apoyo de quienes representaban la cuota de poder de Podemos. Cuando se aprobó el crédito gubernamental, el 9 de marzo de 2021, se sentaban en la mesa del Gabinete de la segunda legislatura sanchista varios dirigentes morados: Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo; Yolanda Díaz, Irene Montero, Alberto Garzón y el pensador Manuel Castells.

Curiosamente, el líder de los morados abandonó el Gobierno 22 días después del plusultracidio, sustituido por Ione Belarra, titular de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Todos ellos fueron cómplices de la concesión del rescate de 53 millones. Consentían el privilegio, negado para otros, a una empresa que arrastraba pérdidas antes de la covid, que mantenía una deuda millonaria con la Seguridad Social, que estaba vinculada al régimen chavista, que no poseía aviones y que, operativamente, carecía de mercado.

También es cierto —y difícil de desmentir— que el grado de impunidad y de influencia de Zapatero se acrecentó con la llegada de Sánchez a la Moncloa. Aunque el expresidente había apoyado en 2017 a Susana Díaz en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Sánchez no olvidaba que su entrada en la política había sido propiciada por el número dos de ZP, José Blanco. El actual presidente trabajaba bajo sus órdenes en la Secretaría de Organización de Ferraz después de que Zapatero ganara el XXXV Congreso federal por los pelos —por nueve votos— a José Bono en el año 2000.

El entonces joven militante madrileño era uno de los polluelos del aparato de Ferraz. Lo mismo sucede con otros ministros de los gobiernos de Sánchez durante sus tres legislaturas, que deben a Zapatero su carrera política y sus primeros cargos. Destacan Óscar López (miembro del equipo de José Blanco, jefe de Sánchez en Ferraz y diputado), Reyes Maroto (Fundación Ideas para el Progreso, de la que Zapatero era presidente), María Jesús Montero (consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía), Luis Planas (embajador en Marruecos y en la Unión Europea), Teresa Ribera (secretaria de Estado para el Cambio Climático), Juan Carlos Campo (secretario de Estado de Justicia), Óscar Puente (inició su carrera en el Ayuntamiento de Valladolid y fue apoyado por Óscar López en su candidatura a la Alcaldía), Ángel Víctor Torres (secretario general del PSOE en Canarias y diputado), Ana Redondo (diputada en las Cortes de Castilla y León) y Elma Saiz (delegada del Gobierno en Navarra).

Un debate que no deben eludir los políticos

Los expresidentes autonómicos también cuentan con un decreto similar al 405: el privilegio de asegurarse unos ingresos y el uso de servicios públicos cuando abandonan sus cargos. Se trata de una regalía que abarca a la mayoría de las 17 comunidades autónomas, excepto Cantabria. En algunos casos —posiblemente muchos—, ese estatuto estaría justificado, ya que existen expresidentes sin medios económicos y con dificultades para regresar al mundo laboral. Algunos ya están jubilados y sus ingresos son limitados. ¿Por qué no van a merecer algunos servicios como recompensa a su etapa presidencial? Tampoco es discutible su protección por los escoltas proporcionados por el Ministerio del Interior para evitar represalias violentas de quienes fueron sus enemigos o de algún exaltado.

Sin embargo, la pregunta que brota a raíz del affaire Zapatero es si ese estatuto de privilegios debería ser suspendido o reformado para expresidentes que tengan asegurados los servicios del Estado o afronten procesos judiciales. Un consejero de comunidad autónoma me comentó que el planteamiento original era facilitar la vida a los presidentes desasistidos y sin ingresos que abandonaban la política, no subvencionarlos a todos por igual. Se plantean dos ejemplos opuestos: Joan Lerma y Joaquín Leguina, por una parte, y Eduardo Zaplana y Alberto Ruiz-Gallardón, por otra. Los dos últimos disfrutaban de unos ingresos privilegiados y una cobertura de medios facilitados por empresas privadas. Hay también casos en que esa protección la facilitan instituciones autónomas del Estado.

Por ello, Eduardo Zaplana renunció a cualquier estatus cuando abandonó la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Era razonable porque acumuló todos los servicios mientras fue ministro con José María Aznar y, más tarde, como portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso. Después tampoco tenía sentido porque fue contratado por Telefónica y tenía cubiertos por la empresa los servicios de secretaria, despacho, escoltas y chófer. Además, sobre su salario tampoco podía quejarse.

¿Tiene sentido que Zapatero, Aznar, Rajoy o González, que, como bien es sabido, disfrutan de suculentos ingresos anuales, reciban subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado? ¿Se merece Sánchez los mismos privilegios cuando salga de la Moncloa y consiga cualquier otro destino con importantes ingresos, bien en un organismo internacional o en el propio PSOE como diputado o secretario general de su partido?

En torno a este debate, existe un caso sin precedentes: la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, suspendió en 2015 el Consejo Consultivo, un órgano autonómico que garantizaba a los expresidentes madrileños sueldo, coche oficial, oficina y secretaria. Sin embargo, la medida de Cifuentes, que más tarde tuvo que dimitir por el escándalo de unas cremas robadas en un supermercado de Madrid, dinamitó el Consejo para perjudicar a Ignacio González, que acababa de dimitir como primer mandatario de Madrid. Según colaboradores de su equipo, la expresidenta actuaba por venganza después de unas turbias y tensas relaciones de años con González.

La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, recuperó el estatuto de expresidentes el año pasado para equipararse al resto de las comunidades autónomas y al Gobierno central.

Si Zapatero llegó a amasar una fortuna de varios millones de euros procedentes de comisiones por gestiones de tráfico de influencias, como recoge el juez Calama en su escrito, lo más decoroso habría sido su renuncia a los servicios y fondos recibidos del Estado. De esa manera habría demostrado la solidaridad que predicó cuando era presidente y secretario general del PSOE.

A muchos socialistas les sorprende que Zapatero, un político que se había presentado a la Secretaría General del PSOE con un programa centrista —Nueva Vía— en la línea de la Tercera Vía del laborista británico Tony Blair o Nuevo Centro del canciller socialdemócrata alemán Gerhard Schröder, compartiera posiciones con la dictadura del régimen chavista venezolano, plenamente populista y represor. Y lo peor: que hiciera negocios millonarios con ellos, según las investigaciones. El auto del juez Calama resuelve la incógnita. Quien se presentaba como un «demócrata social», jugando con el término «socialdemócrata», ha acabado como un codiciócrata.

Una fuente que conoce muy de cerca a Zapatero me dice que urge aclarar pronto las acusaciones de la Audiencia Nacional: «Esta investigación va a provocar a los socialistas una verdadera catástrofe. Si, finalmente, se llega al desmoronamiento del gurú y símbolo de la izquierda española, el PSOE está muerto. Por eso, cuanto antes se conozca la verdad, antes habrá que afrontar una catarsis en el seno del partido. No podemos esperar a que el escándalo de Zapatero y Sánchez nos arrastre al sumidero a los socialistas de bien, como ocurrió en Italia con Bettino Craxi».