Maduro entregó 250 millones en petróleo a dos accionistas de Plus Ultra vinculados a Zapatero

Nicolás Maduro usó una red de colaboradores internacionales para sortear las sanciones petroleras de Estados Unidos. El expresidente de Venezuela se valió de un sistema contable externo a la empresa estatal PDVSA manejado por militares con antecedentes penales. Solo en el primer trimestre de 2021 consiguieron exportar 45 millones de barriles por un valor aproximado de 2.200 millones de euros. Entre los beneficiados se encontrarían Camilo Ibrahim y Felipe Baca, antiguos accionistas de Plus Ultra y vinculados a la trama por la que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero. El régimen chavista les habría entregado seis millones de barriles, valorados en más de 250 millones de euros, para colocarlos en China.

Entre los operadores que habrían facilitado el comercio extraoficial de petróleo de PDVSA se encontrarían sociedades de Singapur, Grecia, Islas Mauricio, Estados Unidos y China. Las entregas de crudo estaban controladas por el coronel José Antonio Pérez Suárez, entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de la petrolera estatal. Las firmas favorecidas debían pagar un sobreprecio de casi dos millones de euros por cada buque, avanzó el digital Primer Informe en abril de 2021.

La mordida debía entregarse en efectivo y contaba con la aprobación de Maduro, que se beneficiaba directamente de esas operaciones. El expresidente venezolano fue capturado el pasado enero por la Administración Trump, acusado de esquilmar a PDVSA, narcotráfico y narcoterrorismo. Entre los favorecidos por esta triquiñuela se encontraría Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro deportado la semana pasada a Estados Unidos, donde se le acusa de blanqueo de dinero.

Zapatero y el petróleo venezolano

Buena parte de estas cuotas de petróleo habría favorecido a corporaciones chinas como Kunlun Holding, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por hacer negocios en Irán. El gigante asiático es uno de los principales importadores del crudo venezolano. El régimen chavista también entregó una cuota significativa a través de intermediarios a Camilo Ibrahim a pesar de su nula trayectoria en la industria. Según Primer Informe, unos seis millones de barriles con un valor de mercado superior a los 250 millones de euros.

Ibrahim, uno de los socios iniciales de Plus Ultra, mantenía una alianza con el empresario de origen peruano Felipe Baca para manejar los flujos de caja de la comercialización de crudo venezolano a través de Bluecap, con sede en Islas Mauricio. Ambos han sido en el pasado accionistas de la aerolínea rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021.

La ayuda pública está ahora bajo sospecha. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado a Zapatero por su papel en la concesión. Le atribuye el papel de líder en «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». El magistrado también señala su «intervención directa» en operaciones «de alto valor económico» en las que se insertan productos petrolíferos, de oro, acciones y divisas. Según el auto, habría sido el exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes quien propuso una «vía política» para conseguir el rescate.

Reyes sugirió en marzo de 2020 al propietario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, la posibilidad de recurrir a dos vías extraoficiales para obtener la ayuda pública. Una a través de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y otra mediante Zapatero. Este se mostró a favor de pagar por sus servicios de este último con un elocuente «como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín». Para sondear la predisposición del expresidente a ayudarle, contactaron con Ramón Gordils, viceministro de Cooperación de Maduro.

Menciones a Ibrahim y Baca

Las conversaciones se prolongaron durante meses e incluyeron a otros actores, entre los que se encuentran el presunto testaferro de Zapatero, el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, y Manuel Aarón Fajardo, hijo de un senador del PSOE. El juez considera que conforman el segundo nivel de la trama y que eran los encargados de realizar las labores de intermediación con los clientes. Los nombres de Ibrahim y Baca también aparecen en el escrito de 85 páginas.

En una conversación el 6 de febrero de 2021, un mes y medio antes del rescate de Plus Ultra, Reyes reclamó a Martínez Sola que organizara una comida con Ibrahim. El primero le dice que «Camilo estuvo con Zapatero» y que hablaron de que «todo va viento en popa». El día 26, día de la emisión del informe legal, fiscal y laboral emitido por Deloitte, Julio Martínez Martínez traslada a Ibrahim por WhatsApp la obtención de la ayuda pública y este le agradece su labor. Faltaban más de tres semanas para que el Consejo de Ministros aprobara el rescate.

Ibrahim fue vicepresidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) y dirigió durante años franquicias de Zara, Bershka y Pull&Bear. Mantenía relaciones privilegiadas con el chavismo, pero fue vetado de la Embajada de España en Caracas por presunto espionaje después de un encuentro con empresas españolas en 2015 en el que se vertieron críticas contra Maduro. El contenido de la charla se filtró y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) lo convirtió en el principal sospechoso de la grabación. El empresario fue rehabilitado años más tarde a petición de Zapatero.

En el auto de Calama también aparece Baca. Según las conversaciones intervenidas a los dirigentes de Plus Ultra y aportadas por la agencia Homeland Security Investigations (HSI), el empresario de origen peruano encargó el 31 de diciembre de 2020 a su abogado, Miguel Palomero, que realizara dos pagos, uno de 3.000 euros a Alejandra y otro por un importe de 2.000 euros a Jésica Rodríguez, la estudiante de Odontología que mantuvo una relación con Ábalos. Días más tarde, el 8 de enero, Palomero habló de entregar 20.000 euros a Reyes para un tercero, aunque no especificó su identidad.