Jésica también cobró de Plus Ultra: la trama ordenó pagarle 2.000 euros a la ex de Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos aparece nombrada en el auto donde se imputa a Zapatero por el rescate de la aerolínea
Jésica Rodríguez en el piso de Plaza de España que presuntamente le pagó la trama de las mascarillas.
El auto que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra guarda una sorpresa inesperada: Jésica Rodríguez García. La expareja del exministro de Transportes aparece nombrada en el documento remitido por el juzgado al que ha tenido acceso este periódico.
El auto señala que el empresario peruano Felipe Baca, también imputado en la causa, ordenó al abogado Miguel Palomero «la realización de dos pagos, uno por un importe de 3.000 euros a ‘Alejandra’, aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano, y otro por un importe de 2.000 euros a ‘Jessica’».
Y no a cualquier Jésica. El documento no da lugar a error: «Como titular del número de teléfono español consta Jésica Rodríguez García, conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos Meco». La conversación se produce a finales de diciembre de 2020, en torno a un mes después de la ruptura de Rodríguez y Ábalos.
El auto no indica la razón de ese pago a Rodríguez. Lo que sí indica es que el pago de esos 2.000 euros «se dilató en el tiempo debido al temporal ‘Filomena’». Este y otros pagos de la presunta trama se realizaron entre el 18 y el 20 de enero de 2021, según el auto.
Cabe recordar que esta mujer fue previamente colocada por Ábalos y Koldo García en la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, y a donde no acudía a trabajar, aunque cobraba un sueldo.
El papel de Baca y Palomero
La Fiscalía Anticorrupción considera a Baca —el citado empresario que ordenó el pago a Jésica Rodríguez— una pieza clave del entramado de este caso. Concedió préstamos a Plus Ultra poco antes del rescate (varios millones de euros desde cuentas en Suiza en 2020, destinados a nóminas y liquidez) a través de sociedades ‘offshore’ (Suiza, Reino Unido, Luxemburgo) y movimientos financieros sin aparente justificación económica clara. Estos préstamos forman parte del foco inicial de la investigación.
Fue detenido en la isla de Aruba en marzo de 2026 por orden de la Audiencia Nacional, extraditado a España y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares (prohibición de salir del espacio Schengen). Su hermano Enrique también está bajo investigación y se ha ofrecido a comparecer.
Por su parte, Miguel Palomero es un abogado español y no está imputado en la causa. Su nombre aparece en el marco de la investigación, ya que Rodolfo Reyes, el empresario venezolano que fue accionista y consejero de Plus Ultra, pidió su colaboración para acceder a ayudas públicas.
El 23 de marzo de 2020, Reyes pidió colaboración de Palomero para llegar a ayudas con intermediación política, a lo que el segundo propuso al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. «Necesitamos llegar a las ayudas. (…) A ver qué se te ocurre a nivel político, dónde tocar puertas», pidió Reyes.
«Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín», contestó Julio Martínez Solá cuando tuvo constancia de estas conversaciones. En torno a un mes después, el 28 de abril, Martínez Sola se congratuló de haber conseguido «un puente» con Zapatero, «aunque sea pagando un poquitín».
En diciembre de ese año, Baca ordenó los pagos a Jésica y a la tal Alejandra. Y, apenas tres meses después, el Gobierno aprobaba finalmente el rescate de la aerolínea.