El juez atribuye a Zapatero el liderazgo de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias
El expresidente del Gobierno ha sido citado a declarar como imputado el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Justicia cerca a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigado al expresidente del Gobierno el próximo 2 de junio como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado, que ha levantado este martes el secreto de las actuaciones del caso Plus Ultra, le imputa los presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha realizado registros en varias empresas a petición del juez.
Calama considera que la trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado». El auto acuerda la citación como investigado de Zapatero, pero también el registro de su oficina y de otras tres mercantiles. A través de un vídeo, el expresidente del Gobierno ha señalado que jamás ha realizado gestiones para el rescate de Plus Ultra y que toda su actividad pública y privada «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad».
A lo largo de 85 páginas, el magistrado señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». Calama sostiene que el expresidente del Gobierno incluso habría dado instrucciones para crear una sociedad off-shore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y que este y su entorno habrían cobrado casi dos millones de euros en comisiones.
La intervención de Zapatero
La intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano «revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos», insiste Calama en el auto.
Los hechos descritos, añade el juez, demuestran que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó el rescate en marzo de 2021. La Fiscalía Anticorrupción sigue desde 2024 el rastro del dinero al considerar «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones (incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda), evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del Gobierno. La investigación también revela, apunta el auto, la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, como Análisis Relevante, mediante contratos de asesoría elaborados por Zapatero ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas.
El expresidente del Gobierno reconoció el pasado marzo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que ha cobrado una media de 70.000 euros al año como consultor de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, uno de los tres detenidos en diciembre por el «uso indebido» de la ayuda publica que recibió Plus Ultra en 2021. El dirigente socialista ha especificado que el acuerdo que realizó con el empresario, al que los investigadores ven como su testaferro, incluía que la sociedad de sus hijas se encargara del marketing.
Sociedades instrumentales
Calama considera que estos hechos supone un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido. Añade que la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.
En su escrito, el juez recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos». Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea finalmente fue la vía de este último la que adquirió un «papel predominante» y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos.
El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Zapatero. Esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados. En esta estructura, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente del Gobierno y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería Zapatero y una empresa administrada por sus hijas, Whathefav SL. El expresidente del Gobierno admitió en el Senado en marzo que enchufó a sus hijas en Análisis Relevante para encargarse de tareas de marketing y comunicación: «Era parte del acuerdo». El juez observa en esta dinámica una justificación para «el trasvase de fondos».
El rescate de Plus Ultra
El titular delJuzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional sostiene que la gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, asumiría un rol equivalente a esta, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con la secretaria del expresidente del Gobierno.
En su resolución, el juez destaca que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021, cuando dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva que llevó a cabo el Consejo de Ministros el 9 de marzo de ese año.