El PP pide ampliar los supuestos para que se usen armas de fuego ante el narcotráfico

El PP ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica para modificar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) con el objetivo de ampliar y concretar los supuestos en los que los agentes pueden utilizar armas de fuego, incluyendo casos frente a personas armadas y contra embarcaciones u otros medios de transporte cuyos ocupantes se resistan a detenerse.

Actualmente, el artículo 5.2.d de la Ley Orgánica 2/1986 establece que los agentes «solamente deberán utilizar las armas» en situaciones en las que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, siempre de acuerdo con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

La iniciativa plantea sustituir esa redacción por la fórmula de que podrán «utilizar armas en los casos y términos establecidos en la presente ley», añadiendo un nuevo artículo quinto bis para desarrollar esos supuestos.

Casos de grave riesgo para la seguridad ciudadana

En él establecen que, en el cumplimiento de sus funciones, cuando vistan uniforme o previa identificación en otro caso, los miembros de las FCSE estarán autorizados para utilizar armas de fuego cuando exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana.

La proposición precisa que el uso de armas de fuego deberá ir precedido de la correspondiente advertencia e intimidación para el cese de la conducta hostil, salvo cuando, por la inminencia del peligro o por las circunstancias concurrentes, no sea posible hacerlo sin poner en riesgo o incrementar el riesgo para la vida, la integridad física propia o de terceros, o para la seguridad ciudadana. El PP considera situaciones de «necesidad absoluta» que justifican el uso de pistolas en actuaciones frente a personas armadas, especialmente si portan armas de fuego o blancas, que se resistan a su detención o a la entrega de las armas.

En este caso, el texto exige que esas personas hayan sido advertidas e intimadas de manera clara y terminante al menos en dos ocasiones, y que no sea posible emplear otro medio menos lesivo sin poner en riesgo o incrementarlo para la vida o la integridad física propia o de terceros, o para la seguridad ciudadana.

Disparar al que huye

La proposición también contempla el uso de armas de fuego contra embarcaciones u otros medios de transporte cuando sus ocupantes se resistan a detenerlos y no se disponga de otros medios eficaces para lograr su detención, una vez que hayan sido advertidos e intimados de manera clara y terminante al menos en dos ocasiones.

Cuando no sea posible efectuar esa advertencia de viva voz, mediante megafonía o por un medio similar, plantea que pueda realizarse mediante disparos al aire antes de dirigirlos contra la embarcación o el medio de transporte. Además, el texto señala que no serán necesarias la advertencia ni la intimidación cuando se observe que los ocupantes portan armas de fuego, o cuando la embarcación o transporte se usen como medios de agresión o de acoso contra la fuerza actuante.

Se trata de las técnicas conocidas como el fuego inhabilitante o ‘disabling fire’, consistente en inutilizar los sistemas de propulsión y guiado de una embarcación con pistolas.

Mayor seguridad jurídica

En su exposición de motivos, el PP sostiene que la utilización de armas de fuego por parte de Policía Nacional y Guardia Civil tiene una regulación de rango legal «limitada» en el ordenamiento jurídico español. Y señala que la evolución de la criminalidad en España y los mayores riesgos que afrontan los miembros de los agentes imponen la necesidad de dotar su actuación de un «marco jurídico más preciso» y, con ello, «más seguro».

El Grupo Popular subraya que no se trata solo de dotar la acción policial de «los más altos niveles de eficacia» en garantía de los derechos de los ciudadanos, sino también de preservar los derechos fundamentales a la vida y la integridad física de los propios agentes.

Así, citan los cuatro guardias civiles fallecidos en los últimos años durante su lucha contra el narcotráfico y el Informe de Seguridad Nacional de 2025, que alude al incremento del uso de buques nodriza, narcosubmarinos y rutas alternativas, entre otras amenazas.