El drama de la lucha contra el narcotráfico en Cádiz y Huelva: faltan 686 guardias civiles

Las muertes de Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles que fallecieron en la persecución de una narcolancha en Huelva, volvieron a evidenciar hace una semana el drama de la lucha policial contra el narcotráfico en la costa occidental de Andalucía. Las organizaciones criminales que operan en el Estrecho de Gibraltar y que han desplazado su actividad a la costa onubense por la presión policial en Cádiz superan ampliamente en medios al Instituto Armado. Una realidad que quedó patente durante el siniestro mortal y que constató el gran problema que tiene el Ministerio del Interior en la zona, mientras las familias de la droga siguen extendiendo sus tentáculos.

Por un lado, los barcos que tienen los traficantes son mucho más sofisticados que los del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Las patrulleras del Instituto Armado no están adaptadas para frenar a las zodiacs que transportan la droga. Las organizaciones juegan con ventaja porque las suyas son más rápidas y ágiles, lo que les permite esquivar con facilidad a las de la Benemérita, mucho más grandes y con menos margen de maniobra en las zonas donde se producen las persecuciones. La desembocadura del Río Guadalquivir, en Cádiz, y la del río Guadiana (Huelva), y sus afluentes son los puntos calientes del narco, y el débil de la lucha policial contra el narco. 

Las patrulleras de la Guardia Civil

Fuentes de la Guardia Civil especializadas en narcotráfico dibujan precisamente este escenario como el posible desencadenante del choque que provocó la muerte de los dos agentes del Servicio Marítimo el pasado viernes. La colisión de las dos patrulleras, a juicio de estas fuentes, no fue fortuita, sino el resultado de las estrategias marcadas que siguen las narcolanchas para librarse de los agentes: aumentar la velocidad, dar giros bruscos y hacer eses con el objetivo de averiar o destruir los barcos del Instituto Armado. 

Si el Servicio Marítimo de la Guardia Civil logra interceptar a los narcos es porque los persigue hasta que se les agota la gasolina de la lancha o algún motor se les avería. No tienen muchas más opciones, advierten agentes de la lucha contra el narco.  El abordaje es prácticamente imposible y, al mismo tiempo, peligroso para todos los implicados. Las gomas en las que transportan la droga pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora. Una velocidad a la que resulta inviable atraparlos, teniendo en cuenta las características de las patrulleras del Instituto Armado y el riesgo que conlleva para los agentes alcanzar ese límite.

Déficit de agentes

Además de la falta de medios y la ineficacia de los existentes, el principal obstáculo al que deben hacer frente los guardias civiles especializados en narcotráfico es el acoso que sufren tanto ellos como sus familias por parte de las mafias de la droga o tener que hacer frente a jornadas de 12 horas, insuficientemente remuneradas y en las que son constantes las lesiones físicas y las agresiones. Un ‘cóctel’ perfecto que, como consecuencia, ha provocado que la mayoría de los agentes quieran marcharse de las unidades antidroga. 

Trabajar en La Línea de la Concepción, Algeciras o Tarifa se ha convertido en un auténtico martirio para muchos policías y guardias civiles. Prueba de ello es que, según revelan fuentes policiales, alrededor del 40% de los agentes que trabajan en el Campo de Gibraltar —unos 300 funcionarios— piden cambiar a un destino menos conflictivo cada año. Un hartazgo que también queda patente en todas las vacantes que quedan sin cubrir en cada concurso de traslados. Actualmente, según los datos recabados por Jucil, en Cádiz hay 2.720 agentes activos en un catálogo que marca 3.107, por lo que faltarían 387 agentes. En el caso de Huelva, convertido en lugar predilecto del narco, faltan otros 299.

En Andalucía, de acuerdo con la citada estadística, la falta de efectivos es mucho mayor y «afecta de forma directa a la seguridad ciudadana», según denuncia la asociación profesional de la Guardia Civil. Hasta agosto de 2025 se contabilizaron 16.610 efectivos disponibles, de los cuales 15.053 están en activo, frente a los 17.733 que contempla el catálogo, además de 880 reservadas ocupadas, un 47% menos de lo estipulado. Un balance que da como resultado un déficit de 3.193 agentes en la comunidad autónoma andaluza.

Jucil ha reclamado más transparencia sobre el reparto de los efectivos en las unidades y servicios y la ocupación real, habida cuenta de que los datos y la realidad, en muchas ocasiones, no coinciden. «Con frecuencia nos encontramos con plantillas en algunas zonas supuestamente cubiertas sobre el papel, pero no es así cuando llega el momento de salir a patrullar», señalan desde la asociación. Además, recuerdan que el actual catálogo está desactualizado y no responde ni al incremento poblacional que ha experimentado Andalucía ni a la evolución de la criminalidad en algunas zonas, principalmente en Cádiz y Huelva, derivada del narcotráfico, la proliferación de redes de petaqueros o la inmigración ilegal.

Sin un protocolo contra el narco

Lo que critican también los agentes es que no existe un protocolo de enfrentamiento contra los narcos cuando son interceptados. Explican que no pueden utilizar material antidisturbios, como pelotas de goma. Tampoco disparar contra las lanchas, en concreto contra los motores, para hundirlas, como ocurre en otros países vecinos. Unas medidas que, insisten, harían más eficaz la lucha contra el tráfico de droga. «Hasta que Interior no decida implantar cambios, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo. No hacer nada, o perseguirlos y esperar a que tengan algún fallo para poder detenerlos». 

Las muertes de estos dos agentes se suman, apenas dos años después, a las de los guardias civiles asesinados en el puerto de Barbate tras ser embestidos por una narcolancha. Cuatro fallecimientos que no han movido un ápice la estrategia del Ministerio del Interior contra el tráfico de drogas en la costa occidental de Andalucía. El malestar en el Cuerpo es máximo, sobre todo después de que ningún miembro del Gobierno acudiese al funeral en Huelva de los dos funcionarios policiales muertos y que la candidata a las elecciones andaluzas María Jesús Montero calificase lo ocurrido de «accidente laboral». El pasado miércoles, decenas de personas abuchearon al ministro en la jura de bandera de la nueva promoción de guardias civiles de Baeza (Jaén).

La situación alarmante que vive la costa andaluza con el narcotráfico fue recogida por la última memoria de la Fiscalía General del Estado, que se hizo eco de los informes de la fiscal delegada de Cádiz y advirtió también de que la desaparición del grupo operativo OCON Sur —el único grupo de élite especializado contra el tráfico de drogas— supuso un frenazo en las incautaciones y en el número de procedimientos judiciales. Interior decidió cerrar este departamento de la Guardia Civil en 2022 tras investigar a varios de sus mandos por sus vínculos con los narcotraficantes. Pese a los avisos del Ministerio Público, Marlaska sigue manteniendo que el cierre de la unidad no afectó a la lucha contra el narco.