Lo espeluznante

El problema ya no es la corrupción. La corrupción es un fenómeno conocido y que una democracia dispone de mecanismos para combatir. El problema aparece cuando un Gobierno utiliza los resortes institucionales y los recursos de su partido para entorpecer la acción de jueces, fiscales y policías que investigan precisamente esa corrupción. Eso es lo que describe el auto dictado por Santiago Pedraz el pasado 26 de mayo. No estamos ante una mordida, una comisión o una factura inflada. Estamos ante algo cualitativamente distinto y de una gravedad institucional desconocida en nuestra democracia reciente.

El secretario de Organización del PSOE, partido del Gobierno asediado por los casos de corrupción —incluidos los que afectan al entorno familiar más próximo del presidente—, habría puesto la estructura del partido al servicio de una cloaca destinada a hostigar y difamar a jueces, desacreditar a la UCO, sobornar a testigos e influir en fiscales con el objetivo de desestabilizar procedimientos judiciales en curso.

La cloaca tiene nombre, organigrama y nómina

La historia, simplificada, es la siguiente. Existe un grupo organizado autodenominado Hirurok —«nosotros tres» en euskera— integrado por Leire Díez Castro, exresponsable de Comunicación de Correos y posteriormente vinculada a una empresa pública del sector del uranio; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; y Joseba Antxón Alonso Egurrola, empresario navarro investigado en la trama mordidas en la obra pública. Según la investigación, el grupo operaba a través de un canal de Threema con el mismo nombre y ofrecía capacidad de influencia sobre distintas áreas de la Administración. Hasta aquí, estaríamos ante un esquema relativamente convencional de tráfico de influencias.

Lo que confiere al caso una dimensión inusitada es que el auto sitúa en posición jerárquica superior a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. Es decir, al número tres del partido que sostiene al Gobierno. Al hombre encargado de negociar en el Congreso con Junts y Bildu. Al dirigente que, en la práctica, actuaba como auténtico ministro sin cartera de la legislatura. «Super Santos Cerdán», como lo llamaba Pedro Sánchez.

A partir de abril de 2024 —y este es el punto en el que la trama deja de ser un negocio sucio y se convierte en un ataque al Estado de derecho—, Cerdán encarga a Leire Díez la coordinación de una serie de actuaciones con un objetivo nítido: «Desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno». Son palabras del auto, no mías. La fecha no es casual. Es el momento en que se imputa a Begoña Gómez, en que se aceleran las diligencias contra David Sánchez Pérez-Castejón —hermano del presidente—, en que el caso Koldo amenaza con engullir a Ábalos. Y es también el momento en que Pedro Sánchez publica su célebre Carta a la ciudadanía y abre su periodo de reflexión.

Durante ese paréntesis en que el PSOE presentaba al presidente como un mártir progresista víctima del lawfare, se celebra el 26 de abril de 2024 una reunión en la sede del PSOE en Ferraz. Asisten Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, Santos Cerdán e Ion Antolín, director de Comunicación del partido. La noche anterior, Leire había escrito a Vicente Fernández: «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente». El auto la describe sin medias tintas como «el punto de inflexión».

La nómina del PSOE para destruir procedimientos

La trama no se autofinancia con un fondo opaco en Andorra ni con maletines en un parking. Se financia con cargo a los fondos del Partido Socialista. Cuatro mil euros mensuales para Leire Díez, según se infiere de las comunicaciones intervenidas, abonados por Santos Cerdán a través de una arquitectura societaria diseñada al efecto. Los vehículos: las sociedades de Gaspar Zarrías —ex secretario de Estado, conseguidor del PSOE andaluz y «amnistiado» por el Constitucional en el caso de los ERE andaluces—, las de Ismael Oliver y las del letrado Jacobo Teijelo, que además factura sus servicios al propio PSOE.

Y, cerrando el círculo, Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del partido, emitiendo las órdenes de encargo sobre las que se elaboraban las facturas falsas que permitían canalizar el dinero. Es decir: el departamento financiero de Ferraz operando como caja pagadora de una cloaca para reventar instrucciones judiciales. Todo presuntamente, claro.

Mientras Cerdán pagaba, dos empleadas del propio partido —Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso— se ocupaban, según la UCO, de la intendencia: transportes, desplazamientos, gastos. La cloaca tenía secretaría administrativa. Tenía facturas. Tenía nóminas. Tenía organigrama. Y todo, repito, sufragado con dinero del Partido Socialista Obrero Español.

Las maniobras contra Peinado, contra Biedma, contra Alaya…

¿Y a qué dedicaba sus jornadas laborales este equipo? A confeccionar y dirigir denuncias infundadas contra magistrados. El auto cita expresamente, con nombre y apellidos judiciales, a tres de las víctimas: la magistrada Biedma, la magistrada Alaya y el magistrado Peinado. Tres de las instructoras e instructores más incómodos para el sanchismo. Tres togas que, simplemente, hacían su trabajo.

Contra el juez Peinado —instructor del caso Begoña Gómez— se diseñó una campaña sostenida de descrédito, mientras desde la Moncloa, desde los ministerios y desde las terminales mediáticas afines se replicaba sincronizadamente el mismo mensaje: que era un juez prevaricador, ultra, parcial, lawfare, «el que puede hacer que haga». Lo que ahora sabemos es que esa campaña no era espontánea: tenía director artístico, presupuesto y planning. Contra la magistrada Biedma —instructora del caso del hermano del presidente en Badajoz— se dirigieron, según el auto, «sucesivas denuncias infundadas». El objetivo, en palabras textuales de la propia Leire Díez recogidas en la causa, era «destruir el procedimiento». Léanlo de nuevo: destruir el procedimiento. No defenderse de él, no recurrirlo, no rebatirlo. Destruirlo. Y contra la magistrada Alaya —cuya investigación de los ERE marcó a una generación entera del PSOE andaluz— operaba el mismo libro de jugadas.

Atención al elenco completo de objetivos: la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Sí: la UCO. La unidad de élite de la Policía Judicial española, la que ha sostenido instructivamente buena parte de las grandes causas de corrupción de nuestra democracia. La que en estas mismas diligencias acaba de realizar cuatro entradas y registros simultáneos en los domicilios de Zarrías, Pérez Dolset y Cerdán —incluido el doble registro en Milagro, Navarra—, interviniendo móviles, ordenadores, pendrives y, atención al detalle simbólico, «carpeta roja PSOE», pendrive rotulado «PSOE, chat WhatsApp Leire», informe Gibraltar, agendas, cuadernos manuscritos y dinero en efectivo. La UCO entró, encontró, levantó acta. La misma UCO a la que la trama llevaba meses tratando de descabezar por dentro, mediante ofrecimientos a sus propios agentes —el capitán Bonilla, el teniente coronel Balas, el coronel Corbí— para comprar información reservada sobre causas en marcha y para inocular sospechas falsas sobre el capitán Sánchez Yepes.

Y conviene retener una frase pronunciada en una reunión con el fiscal Stampa, y que aparece literal en el auto. La pronuncia Javier Pérez Dolset, mientras Leire Díez asiente: «Cuando sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente, entonces el presidente ya dijo, que se limpie todo». Leire remata: «Límpiese». Y Dolset cierra: «Límpiese, sin límite». Sin límite. Reléanlo. Sin límite.

Las testificales: un manual operativo de la cloaca

Si el auto del juez Pedraz es el esqueleto, las testificales son la carne. Dieciséis personas han pasado por la UCO entre el 27 y el 29 de mayo, y de sus actas emergen escenas que, leídas en frío, son sencillamente irreales. Permítanme detenerme en cuatro.

Uno. La compra de Carmen Pano. Es, probablemente, la pieza más cinematográfica del expediente. Quien lo cuenta no es Pano —que también—, sino su amigo Álvaro Gallego, el conductor que la llevó hasta Ferraz el día de la segunda entrega de dinero en efectivo. Declara Gallego —folio 3 de su acta— que, después de que THE OBJECTIVE publicara la exclusiva de Ketty Garat, la letrada Leticia de la Hoz, del despacho IDBO Consultants —satélite jurídico del PSOE—, los citó en su despacho de la calle Serrano 32. Cuatro reuniones.

En alguna participó un socio llamado «Ángel». ¿Para qué? Para que Pano cambiara su testimonio: que dijera que lo que entregó en Ferraz no era dinero, sino «documentos», y que cualquier dinero que hubiera de por medio se lo había quedado, naturalmente, Víctor de Aldama. ¿La contraprestación? Atención: 2.500 euros al mes durante siete años para pagar el alquiler de Pano —más de 210.000 euros—, 25.000 euros para sufragar la boda de su hija Leonor, 15.000 euros para que Gallego se comprara un coche. Casi un cuarto de millón de euros por reescribir una declaración judicial. Y el detalle que retrata al partido: De la Hoz les explicó —según el testigo— que el dinero se justificaría «a través de la instrumentalización de la contratación de Carmen Pano como trabajadora, o a través de la instrumentalización de contratos de intermediación». Empleos ficticios y facturas falsas. El método de siempre. Pano no cedió, declaró la verdad en el Supremo y De la Hoz le rompió el contacto. Conviene escribirlo despacio para que nadie pueda decir mañana que se entendió mal: el partido del Gobierno trató de comprar a una testigo de cargo del caso Koldo con un cuarto de millón de euros canalizados mediante un contrato laboral simulado. Presuntamente.

Dos. La orden de «ponerse de perfil». La firma un general de la Guardia Civil que ha estado en los dos puestos clave: Jefe de la UCO y, después, jefe de Policía Judicial (TIP L-93388-Y). Declara que el 12 de julio de 2024 se reunió con el entonces director general de la Guardia Civil para hablar de un oficio enviado por la UCO al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz —el del hermano del presidente—. El Director General calificó el oficio de «totalmente prospectivo y malintencionado», le dijo que la «credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos» y exigió que el informe pericial estuviera listo el siguiente viernes, «analizado y que no haya nada».

«La cúpula del Ministerio del Interior ordenando a la Policía Judicial autocensurarse en las causas que rozan al Gobierno»

Sí: el Director General de la Guardia Civil ordenando que el informe sobre el hermano del presidente cerrara con un «que no haya nada». Cuatro días después, el 16 de julio de 2024, una segunda reunión —esta vez con el Director Adjunto Operativo (DAO), el Jefe de Policía Judicial y el Jefe de la UCO— en la que, según consta literalmente en el acta, el DAO ordenó a sus subordinados que en «aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política» la unidad investigadora «no fuera proactiva» y «que [se pusieran] de perfil». «Que [se pusieran] de perfil.» Lo repito porque merece ser repetido. La cúpula del Ministerio del Interior ordenando a la Policía Judicial autocensurarse en las causas que rozan al Gobierno. Y, en paralelo —el testigo lo aporta documentalmente—, una nota de despacho de la Jefatura de Información de la Guardia Civil de mayo de 2025 que da cuenta de una «campaña de descrédito contra la UCO» perfectamente organizada, replicada después por los altavoces oficiales con la coartada de unas filtraciones que el DAO sabía —y por escrito— que la UCO no había podido protagonizar. Lo sabía y miraba para otro lado.

Tres. La oferta a un capitán de la Guardia Civil. Es la declaración de Rubén Villalba Carnerero, capitán incurso en el caso Koldo, citada por la UCO el 28 de mayo. Cuenta Villalba —y describe en detalle las dos reuniones, del 10 y el 26 de marzo de 2025— que Leire Díez se presentó ante él como persona vinculada a «los de arriba del Gobierno» y le ofreció, literalmente, tres caminos: sentarse con la Fiscalía, declarar ante un inspector de la Policía Nacional como testigo protegido o «ser la mano derecha de la directora de la Guardia Civil» como asesor. ¿A cambio de qué? De proporcionar información comprometedora sobre la UCO y, en particular, sobre el teniente coronel Balas, el capitán Bonilla, el coronel Corbí, el coronel Yuste y el propio DAO. ¿La recompensa final? «Recuperar la trayectoria profesional» y un puesto de máxima responsabilidad «tras la purga» que Leire pensaba dirigir en el cuerpo. Purga. La palabra es suya, no mía.

Pero hay más: Leire le invitó a cambiar de abogado —«por el dinero no se preocupe, que ella se haría cargo»—, le sugirió tres letrados del entorno (Ismael Oliver, José Aníbal, Jacobo Teijelo), descartó a dos por estar saturados con «las causas de hidrocarburos» y la defensa de Ábalos, y le pidió que escogiera a Oliver para «coordinar la estrategia» con la defensa de Koldo. La organización gestionaba, literalmente, las defensas de los imputados que le interesaba alinear. Y por si quedaba alguna duda sobre quién mandaba: «La directora de la Guardia Civil» —en palabras de Leire al capitán— «estaba esperando el feedback de la reunión». Repítaselo: la Directora General de la Guardia Civil, esperando el feedback de una operación de captación de un capitán imputado para reventar la UCO desde dentro.

Y cuatro. El sistema de recompensa. En la declaración de otro de los testigos comparece una frase que conviene subrayar. Cuenta que cuando Leire prometía sus «favores», lo hacía con un instrumento muy concreto: la fiscal María Teresa Verdugo de Málaga y la fiscal Rosana Lledó de la Audiencia Nacional. «Los fiscales deben seguir órdenes de sus superiores», le habría dicho Leire al testigo, «y la Fiscalía depende del Gobierno». La frase, en sí, ya es una vulneración del artículo 124 de la Constitución. Pero hay coda: el testigo declara que, posteriormente, la fiscal Verdugo obtuvo un cargo político en el Ministerio de Igualdad. Y otro testigo añade un detalle escalofriante recogido por la UCO: tras la detención y puesta en libertad de Leire Díez a finales de 2025, Javier Pérez Dolset habría comentado que el hecho de que la Fiscalía no pidiera prisión provisional para ella «podría tratarse del primer favor que la nueva fiscal general le hacía al presidente». Léanlo, porque está escrito en un acta judicial: el primer favor que la nueva fiscal general le hacía al presidente.

Cuatro escenas. Una testigo a la que se intenta comprar con un cuarto de millón. Una cúpula del Interior que ordena a la Policía Judicial «ponerse de perfil». Un capitán al que se le ofrece un despacho junto a la directora de la Guardia Civil a cambio de delatar a sus compañeros. Una Fiscalía a la que se le suponen «órdenes» y a una de cuyas integrantes se la asciende a cargo político tras ejercer su «favor». Y todo, financiado con fondos del PSOE, dirigido por el secretario de Organización del partido y, según se infiere de las propias palabras de los implicados, en interés directo del presidente del Gobierno. No es simple corrupción política. Es un intento sistemático de capturar las palancas de la Justicia y la Policía Judicial para impedir que los procedimientos abiertos contra el círculo del presidente lleguen a puerto. Y esto es solo lo que conocemos. El sumario sigue secreto. Y la UCO sigue trabajando.

Marchena y la cuadratura del círculo

Y conviene situar todo esto en un contexto más amplio. Porque lo que el auto de Pedraz documenta no es un episodio aislado. Es la concreción operativa, contante y sonante, de una estrategia política que muchos llevamos años describiendo y que el sanchismo se empeñaba en negar.

La captura del Consejo General del Poder Judicial. El bloqueo de su renovación durante cinco años mientras se intentaba alterar el sistema de elección de sus vocales. La campaña de desgaste contra Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma sala que condenó a los líderes del procés, que ha juzgado a Ábalos, a Koldo García y al fiscal general del Estado, y que previsiblemente tendrá que pronunciarse sobre otras causas que afectan al entorno del PSOE y del propio presidente del Gobierno. Todo ello acompañado del viejo intento de desacreditarle mediante el ya célebre y perfectamente irrelevante WhatsApp de Cosidó.

La designación de una fiscal general procedente directamente del Consejo de Ministros. Su posterior sustitución por un fiscal general que ha acabado condenado por desviación de poder e inhabilitado por un delito de revelación de datos reservados. La derogación del delito de sedición y la aprobación de una ley de amnistía diseñada para satisfacer a los socios parlamentarios de la investidura.

«No son episodios inconexos. Son piezas distintas de un mismo patrón»

Y, paralelamente, esta estructura clandestina financiada desde el entorno socialista para obstaculizar investigaciones judiciales, desacreditar a jueces y fuerzas policiales e inocular en la opinión pública la idea de que cualquier actuación judicial incómoda para el Gobierno constituye una operación de lawfare.

No son episodios inconexos. Son piezas distintas de un mismo patrón. La parte visible se ejecuta desde el Boletín Oficial del Estado. La parte oscura opera desde las cloacas. Ambas persiguen exactamente el mismo objetivo: reducir el coste judicial de la permanencia en el poder.

La gobernabilidad convertida en condición ‘sine qua non’ de la impunidad

Y aquí llegamos al núcleo. Porque lo verdaderamente novedoso —y lo verdaderamente espeluznante— del sanchismo no es la corrupción. La corrupción la padecimos antes y la padeceremos después; es un fenómeno triste pero conocido. Lo novedoso es la conversión de la gobernabilidad en una condición sine qua non de la propia impunidad.

Sánchez ha hecho de su permanencia en la Moncloa el único escudo eficaz frente al avance de las causas que le rodean. La suya, la del PSOE, la de su entorno familiar más próximo, la de sus socios de investidura. Mientras se sostenga la mayoría parlamentaria —por inverosímil, costosa o humillante que sea—, la maquinaria de protección puede seguir operando: nombramientos en el Tribunal Constitucional, nombramientos en la Fiscalía, leyes a medida, reformas penales, amnistías y leyes con las que reconfigurar el censo electoral a través de nacionalizaciones masivas. Y el eventual rechazo del suplicatorio para investigar al presidente a cambio de un referéndum plurinacional y republicano será la traca final.

Esa es la ecuación. Por eso ningún coste es alto. Por eso se aprueba lo que sea, se firma lo que sea, se pacta con quien sea. Porque, debajo, hay un cálculo frío y perfectamente racional: perder el Gobierno es perder el escudo. Aguantar es el único proyecto de país de Pedro Sánchez. Le va la impunidad en ello.