Las 'balas' silban cada vez más cerca

Siempre es la misma historia. Todos los finales de ciclo político se parecen como dos hermanos gemelos. Cuando ya no hay comprensión que tape tanta hemorragia, ni alcantarilla que digiera tanta corrupción, los señalados por la justicia se intentan exculpar recurriendo al enemigo exterior, al lawfare o al malvado «Estado profundo» que conspira desde las tinieblas del sistema contra la democracia.  

Le ocurrió a Felipe González con los GAL, Filesa y las otras tramas de corrupción de la época y los socialistas de entonces le echaron la culpa al denominado «Sindicato del Crimen». Pero también el Partido Popular de la Gürtel, la caja B de Bárcenas o el caso Kitchen recurrió a la conspiración. Mariano Rajoy llegó a decir aquello de que la «Gürtel no era una trama del PP, sino contra el PP». Pero como nadie escarmienta en cabeza ajena, Pedro Sánchez sigue la misma estela, en una de esas huidas a ninguna parte propias de los políticos acorralados, a los cuales las balas cada vez les silban más cerca. 

La camarilla de Sánchez sostiene que la culpa de todos sus males proviene de ese Estado profundo, un oscuro submundo donde jueces, fiscales, periodistas y fuerzas y cuerpos de seguridad conspiran para echarlos del Gobierno. Y el mentor, la mano negra de esa operación subterránea es siempre José María Aznar. Repiten como si se lo creyeran, que el expresidente, con su famosa frase: «El que pueda hacer, que haga», habría dado con la tecla para movilizar a todas las fuerzas del mal de la derecha y la extrema derecha. 

En ese Estado profundo (deep state), que antes ya habían denunciado Carles Puigdemont, Arnaldo Otegi, Pablo Iglesias e incluso el Donald Trump de su primer mandato, está supuestamente la clave de todo. A sus ocultos manejos le atribuyen los procesamientos de Begoña Gómez y del hermano del presidente, el acreditado concertista Von Azagra. Pero también a la caída en desgracia de Super Santos Cerdán y sobre todo a la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. 

«No pararán», fue la primera valoración de la portavoz del partido, Montse Domínguez, cuando se conoció la actuación del juez José Luis Calama contra ese «faro moral» de la izquierda interplanetaria e indesmallable sostén de la dictadura venezolana. 

«La camarilla de Sánchez sostiene que la culpa de todos sus males proviene de ese ‘Estado profundo’, un oscuro submundo donde jueces, fiscales, periodistas y fuerzas y cuerpos de seguridad»

Pero lo sustancial es que a continuación Pedro Sánchez también cerró filas con el expresidente Zapatero. En realidad, no podía hacer otra cosa porque ese sumario —el de los manejos para el rescate de la compañía Plus Ultra, entre otras cosas— le puede comprometer a él personalmente. De probarse los indicios, sería la pasarela que comunica a la trama con el Consejo de Ministros. Y una eventual culpabilidad de los imputados implicaría automáticamente graves responsabilidades penales para los que tramitaron y aprobaron el rescate. 

Pero igual de comprometedor que el caso Zapatero es el caso de la fontanera Leyre, esa letrina con sede en Ferraz que presuntamente se puso en marcha para desactivar las causas judiciales que afectaban al partido y a la familia del presidente. Que la trama, según el auto del juez Pedraz —al que el PP acusaba antaño de pijo rojo— se activara justo en aquellos días de abril de 2024, cuando Sánchez meditaba su futuro tras la imputación de su esposa, es revelador de muchas cosas.

Hay material suficiente para sospechar lo peor. Los ciudadanos tienen derecho a saber urgentemente si toda la fontanería del partido, algunos amigos personales del presidente, le traicionaron montando esa oficina de tintes mafiosos para acabar profesionalmente con los Balas y los Luzones o simplemente cumplían sus órdenes. 

La consecuencia de todo esto es que Pedro Sánchez está cada vez más expuesto. Hay demasiada gente de su entorno que está imputada, procesada o esperando sentencia. ¿Alguien se cree que el hombre con más poder e información del país lo desconociera todo de todos? Ahora, la gran duda es si seguirá estando penalmente por encima de estos sumarios o si el hombre de las primeras ocasiones será también el primero en tener que dar explicaciones ante el Tribunal Supremo. Ni siquiera esta es una cuestión reciente, porque hace ya varios meses que la periodista Gemma Nierga le preguntó directamente si dimitiría en el caso de ser imputado. La pregunta, como otras tantas, se quedó sin respuesta.

Pero mientras se aclara esa X, Sánchez seguirá sufriendo día a día las consecuencias de intentar seguir en el poder a cualquier precio. Cuántas veces hay que repetir que no se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo. Se creyó tanto su Manual de resistencia que debió pensar que España era una de esas repúblicas tropicales donde Zapatero abraza a tiranos y hace negocios. Por eso creyó que se podía controlar todo el Estado llenando la administración de Tezanos, Intxaurrondos, Garcías Ortiz, Escrivás o Condes-Pumpido. 

Inútil intento. Porque en los momentos claves, en España siempre emerge el Estado de Derecho. Es el Estado de derecho de siempre, el que derrotó a la banda terrorista ETA y al golpismo catalán del 1 de octubre de 2017. También el que ha ido desmantelando todas las tramas de corrupción descubiertas con gobiernos de uno y otro signo. Y actúa en la superficie, cumpliendo las leyes y observando todas las garantías de un Estado democrático. 

«¡Quiero a Balas!», había reclamado Leyre Díaz con esa arrogancia de la poligonera que se cree que es alguien.  Y Balas, Antonio Balas, el teniente coronel de la UCO, se hizo presente, primero en el juicio del ‘caso mascarillas’ y después entrando en la Dirección General de la Guardia Civil, por orden judicial. Aunque les pese a Pedro Sánchez y a Óscar Puente, España todavía es una democracia plena y, en consecuencia, las balas cada vez le silban más cerca.