Cuando la prioridad es nacionalista

La prioridad nacional es la manta que casi todo lo tapa en las últimas semanas. A ella se ha agarrado Vox desesperadamente para tratar de esconder la grave crisis de imagen que ha sufrido tras las elecciones en Castilla y León y las depuraciones internas. Algunos de los ajusticiados sostienen incluso que la única prioridad que cuenta en la vida interna de ese partido no es tanto la nacional y las otras zarandajas patrióticas, sino la económica y familiar. Y ponen como ejemplo los abultados ingresos que perciben las familias de Abascal, Ariza y los Méndez Monasterio.

También Pedro Sánchez, otro gran defensor de las oportunidades familiares —como atestiguan la situación procesal de su señora y de su hermano—, intenta estirar todo lo que puede la polémica de la prioridad nacional. Y es normal que lo haga. Ocho años lleva ya el profeta anunciando el inminente advenimiento del fascismo. Eso y las guerras de Trump son las únicas herramientas mediáticas que tiene para contraprogramar la avalancha de corruptelas, el achatarramiento de los servicios públicos y todas las noticias sobre el intento de pucherazo en 2016 que tan bien retratan las convicciones democráticas del presidente del Gobierno.

Como casi siempre, en medio ha quedado el PP, pinzado, apaleado por todos, esperando a que escampe y divulgando encuestas sobre la aprobación que el concepto tiene supuestamente entre el 40% del electorado socialista. Cruzada la frontera, los populares no tienen ya más remedio que aguantar el chaparrón hasta investir a sus presidentes autonómicos y después, probablemente, se parapetarán en la literatura ambigua del arraigo y en el cumplimiento estricto de la ley para no cambiar nada importante.

Si así ocurriese, el discurso estrella de Vox quedaría en simple humo, aunque los voxeros siempre tendrán la oportunidad de repetir la jugada de 2024 y retirarse de nuevo de los gobiernos autonómicos. Tratándose de Vox, nada se puede descartar, aunque tampoco es aconsejable estar todo el tiempo entrando y saliendo de la habitación como en un vodevil, porque, además de molestar a los uncidos en el cargo, genera una imagen de poca solvencia que puede alimentar el voto útil.

Se ha escrito con insistencia que la «prioridad nacional» es un concepto made in France, uno de los polémicos eslóganes salidos de la cocina del lepenismo. Sin embargo, los franceses no han inventado nada que los nacionalistas e independentistas peninsulares no llevaran ya años reivindicando en España. Mucho antes de que se acuñara «la préférence nationale» o el «America First», el discurso político en Cataluña y el País Vasco ya reivindicaba el egoísmo y la prioridad absoluta de los vascos y catalanes, no tanto sobre los inmigrantes, que es un asunto reciente en España, sino sobre el resto de los españoles, esa nación de maquetos y charnegos.

Es más, todos los Gobiernos de la democracia han tenido un sesgo de preferencia para tratar de apaciguar esa prioridad nacionalista, como si el resto de los españoles tuviera una deuda histórica con ellos. Pero ha sido en los últimos años cuando ese favoritismo se ha convertido en política de Estado. Desde la moción de censura de Pedro Sánchez, la Constitución y el Código Penal se han ido retorciendo para ponerse al servicio de las exigencias nacionalistas. De esta manera, la desigualdad y el privilegio, es decir, «los catalanes y los vascos primero», se han convertido en el eje sobre el que ha pivotado toda la política del llamado Gobierno progresista.

De ese contrabandeo político ha ido surgiendo la excarcelación de etarras, los indultos y la amnistía a los implicados en los graves delitos del procés. Pero también el trágala del cálculo del cupo vasco, las transferencias de competencias, el incumplimiento de las sentencias sobre el castellano, la condonación de la deuda o los compromisos para que Cataluña tenga una financiación singular y privilegiada, a costa del resto.

Incluso se han producido episodios de puro odio y supremacismo extremo, como la negativa de una consejera de Salud (de ERC) a poner las vacunas del covid a los guardias civiles y policías destinados en Cataluña, en la primavera de 2021. Mientras eso ocurría, el Ministerio del Interior miraba para otro lado.

Ese es precisamente uno de los talones de Aquiles de Pedro Sánchez, porque lo que ahora defiende Vox y el PP asume a regañadientes sobre inmigración ya había sido exigido desde mucho antes por algunos de sus socios nacionalistas. Ahí está, por ejemplo, el acuerdo con Junts —ese «partido racista» según la vicepresidenta Díez— por el que se delegaban a Cataluña las competencias en materia migratoria para tratar de frenar el auge de la extrema derecha catalanista. Finalmente, el acuerdo fue tumbado con la colaboración de Podemos, argumentando que no era «una delegación de competencia, sino una ley abiertamente racista».

Pero ni siquiera los propios socialistas son ajenos a esta moda de las prioridades nacionales. Incluso el propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quiere que el conocimiento del catalán sea una condición para la renovación de papeles cuando transcurra un año de la regularización que ahora está en marcha. Nada extraño, porque para el nacionalismo (y la mayoría de las políticas del PSC lo son), la lengua es la primera de las estructuras de Estado, es decir: su prioridad nacional.

Sin embargo, para el resto, la prioridad nacional debería ser un debate ordenado sobre inmigración, que bascule sobre datos económicos, demográficos y sociales y prescinda de tanto adjetivo inflamado. Un país que se enfrenta a una regularización masiva, que ni siquiera va a pasar por el Parlamento o que por la puerta de atrás quiere entregar millones de pasaportes a nuevos españoles que nunca han pisado el país, ni pagado un euro en impuestos, merecería que sus temores fueran contestados con información precisa. El oscurantismo, la opacidad y las descalificaciones al discrepante solo servirán para incrementar las dudas que millones de españoles tienen sobre las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez.