Así reconfigura Sánchez el censo electoral

Hay decisiones políticas que no gozan de espacio mediático, que no se explican en prime time, no generan pancartas ni son el foco de tertulias interminables. Y, sin embargo, tienen el potencial de transformar el país con una profundidad inusitada. 

Porque mientras el debate público se entretiene con polémicas artificiales y cabestrillos, el Gobierno está operando en un terreno bastante más relevante: el del voto. No mediante una reforma explícita de la ley electoral, que obligaría a dar explicaciones, sino a través de una combinación mucho más elegante de ingeniería legislativa y de discurso buenista de desagravio histórico. Todo, mientras la oposición se ahoga en debates semánticos estériles promovidos desde la equidistancia cobarde e irresponsable.

El primer engranaje de esta maquinaria tiene nombre: Ley de Memoria Democrática. Presentada como una reparación histórica, está funcionando como algo bastante más prosaico: una cadena de producción en masa de nuevos ciudadanos que, sin haber pisado el país ni aportado nada al sistema, gozarán del derecho al voto. 

¿Y cómo se articula esto? A través de una ampliación extraordinaria de los supuestos para adquirir la nacionalidad española. La ley permite que descendientes de españoles exiliados —hasta nietos, e incluso en algunos casos hijos mayores de quienes ya accedieron a la nacionalidad por normas anteriores— puedan obtenerla sin necesidad de residir en España, sin acreditar integración efectiva y sin cumplir los requisitos ordinarios que se exigen a cualquier extranjero.

Es decir, se prescinde de cualquier vínculo material con el país como condición para acceder a la nacionalidad española. Basta con acreditar una línea genealógica —a menudo reconstruida décadas después— para obtener un pasaporte y, con él, derechos políticos plenos.

Las cifras hablan solas: más de 2,5 millones de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades concedidas y una tasa de éxito del 98%. 

¿El detalle? Que muchos de esos nuevos nacionales no viven en España, no trabajan en España, no han cotizado ni aportado nada al sistema. Tampoco van a sufrir las consecuencias de las decisiones políticas que, sin embargo, podrán ayudar a tomar. Todos esos nuevos ciudadanos acaban en el CERA, el censo de residentes en el extranjero, que ya supera los 2,6 millones de inscritos. Y creciendo. Sin freno.

Pero el tema no se agota aquí, porque hay que extenderlo a los familiares directos de los solicitantes. Mientras un extranjero que reside y trabaja legalmente en España tiene que demostrar ingresos, vivienda y estabilidad para reagrupar a su familia —es decir, cumplir unas condiciones mínimas de responsabilidad—, el nuevo nacional que haya adquirido tal condición por la vía de la Ley de Memoria accede automáticamente al régimen comunitario.

Traducido al castellano: puede traer a su familia sin acreditar ingresos reales, sin demostrar condiciones de vivienda y sin pasar por los filtros que sí se exigen a otros extranjeros que llevan años dentro del sistema.

Por si fuera poco, el Gobierno decide añadir otra capa de presión: la regularización extraordinaria de medio millón de personas. Medio millón más que también podrán solicitar la reagrupación para sus familiares una vez cumplan con los requisitos.  Así que donde leen medio millón pongan ustedes un millón y medio o incluso más.

Y, sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es todo esto. Lo verdaderamente llamativo es el silencio.

Porque cuesta entender que, ante una transformación de esta magnitud, nadie haya puesto el grito en el cielo por el impacto directo que va a tener en el censo electoral. Ni debates parlamentarios, ni alertas institucionales, ni análisis rigurosos. Nada. Silencio mediático y político, no vaya a ser que te acusen de racismo o xenofobia. Ya saben que, en lugar de informar, muchos han decidido exhibir obscenamente unas virtudes morales de las que carecen y, de paso, sermonearnos al resto.

El único que parece haber entendido perfectamente el alcance de esta operación es, precisamente, quien la impulsa. Porque mientras los demás se pierden en discusiones accesorias, Pedro Sánchez ha identificado algo elemental: que si no puedes convencer al electorado, siempre puedes redefinirlo.

Pero el problema no se limita al plano electoral. De hecho, ahí es casi donde empieza.

Efectivamente, toda esta arquitectura tiene un impacto directo sobre otro elemento que, aunque muchos parecen desconocerlo, sí aparece de forma expresa como límite en la legislación nacional y europea en materia migratoria: la sostenibilidad del sistema.

No es una invención. No es un concepto racista o xenófobo, para tranquilidad de mis lectores bienquedantes. Es un criterio jurídico. Tanto la normativa española como la europea introducen de manera explícita la necesidad de equilibrar los flujos migratorios con la capacidad real de los Estados para absorberlos sin deteriorar los servicios públicos, la cohesión social y la seguridad jurídica.

Es decir, el propio sistema advierte de que no todo vale. Que hay límites. Que la integración no es solo una cuestión de voluntad política, sino también de capacidad material. Una capacidad que no tenemos. Sanidad y transportes públicos saturados, educación desbordada, justicia exasperantemente lenta, administración colapsada. Tras los nuevos procesos de nacionalización y reagrupación familiar, habrá más usuarios para repartir lo que ya no alcanza.

Porque estamos hablando de millones de nuevos usuarios de pleno derecho —entre nacionalizaciones masivas, reagrupaciones facilitadas y el efecto llamada de la regularización extraordinaria en curso— en una estructura administrativa que ya está sobrepasada, en unos servicios públicos que ya están tensionados y en un sistema que acumula retrasos, ineficiencias y bloqueos estructurales.

Pretender que esto no va a tener consecuencias o soslayarlas recurriendo al subterfugio argumental del racismo es, directamente, negar la realidad. Pero, sobre todo, una pregunta que nadie parece querer responder: ¿quién paga esto y cómo se sostiene en el tiempo?

Porque los derechos no son gratis. Nunca lo han sido. Requieren infraestructuras, recursos, planificación. Requieren medios y equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, se quiebra la confianza ciudadana, se pone en riesgo la paz social y se desmorona el sistema. A lo mejor es lo que se busca, no lo sé.

Pero necesitamos que analistas y medios abandonen de una puñetera vez esta retórica buenista, empalagosa y cómoda que lo reduce todo a una falsa dicotomía entre buenos y malos. La política de extranjería no puede convertirse en una herramienta de ingeniería electoral sin que eso tenga consecuencias. La nacionalidad no puede degradarse hasta convertirse en un trámite burocrático masivo. Y la sostenibilidad no puede ser un concepto decorativo que se ignora porque estorba a los intereses electorales de un sujeto sin escrúpulos que —como hemos visto con nuestros propios ojos— intentó un pucherazo en las primarias de su partido.

Menos consignas vacuas y más responsabilidad. Porque lo que está en juego es la integridad del sistema democrático y la viabilidad del modelo de bienestar.