¿De qué color es nuestro progreso?

En Volver la vista atrás (¡gracias Mauricio por la recomendación!), Juan Gabriel Vásquez recrea la vida en China del cineasta colombiano Sergio Cabrera y su hermana Marianella. Allí habían aparecido en la década de los 60 del siglo pasado, junto a sus padres, para luego quedarse un tiempo más, ya como adolescentes, y completar así su «educación revolucionaria». Toda esa remembranza es fascinante y sobrecogedora de por sí, y más aún cuando el relato es oficiado por la pluma de Vásquez, pero alcanza su cénit en los años en los que discurre la Revolución Cultural.

En un momento de ese período, la guardia roja y los miembros del Regimiento Rebelde deciden cambiar los colores de los semáforos. El rojo, sostenían, no debía ser la señal para detenerse pues rojo es «el color del progreso», así que se trataba de invertir los colores y asignar el verde para parar. «Ponte a pensar – le apunta a Sergio Cabrera su tutora Li- en lo que siente un revolucionario cuando ve que alguien más, en otro país, ha decidido por un capricho que el color rojo, el color por el cual estamos dispuestos a dar la vida [el color de la sangre de nuestros héroes] se convierte en una orden para detenerse».

Dicho y hecho: cientos de guardias se pusieron manos a la obra, y, destornillador en mano, fueron calle a calle modificando la señalética. Un joven Cabrera gastaba su ocio apostándose en los cruces para comprobar, con una pizca de angustia, cuánto rendimiento en la coordinación de acciones se alcanzaba con el «nuevo régimen». Cuán interesante sería conocer el coste en vidas humanas de esa «transición revolucionaria» sumadas a las otras cientos de miles aniquiladas en la pira sacrificial de una ideología: ¡mi vida por la aceleración de la historia en pos de la sociedad comunista (y por la aceleración de un vehículo revisionista)!

El nombre que demos a las cosas o el color que empleemos para fijar el contenido de una regla de comportamiento son arbitrarios, sí, pero lo que designan es de lo más relevante. A propósito de los términos «izquierda» y «derecha», decía Norberto Bobbio allá por 1995 en Derecha e izquierda, que todavía seguían siendo útiles en el lenguaje político, y que todo aquel que proclama que ya no tienen sentido debe presuponer, al menos, sus referencias, aunque sean vagas. Si alguien predica de un objeto que no es «ni blanco ni negro» debe saber lo que son los colores, qué es blanco y qué es negro.

Bobbio, uno de los intelectuales europeos con mayor influjo en la socialdemocracia española, y europea en general, tiene razón en un sentido muy relevante, y que resulta particularmente pertinente en estos tiempos políticos tan perturbadores en España: en la medida en la que sabemos qué tipo de valores y aspiraciones, y en qué proporción, predominan en la paleta de quien se reclama de izquierdas o «progresista», podemos juzgar si el cuadro que se ha pintado o se está pintando es un adefesio por contraste con las ideas abstractas que se abrazan. No basta, por tanto, con decir o decirse «gobierno progresista» para serlo, de la misma manera que un espectador que, como Sergio Cabrera, se apostara en uno de aquellos cruces donde el verde del semáforo significa detenerse, no podrá afirmar: «Es rojo porque paran».

«La evolución de los salarios en España durante los últimos 30 años no cabe ser descrita como gran progreso»

No: en España ni se «progresa» ni se implementan políticas con resultados «progresistas» porque gobierne el PSOE en una coalición autoproclamada como tal, o, alternativamente, porque «no gobierne la derecha». Y creo que la anterior afirmación se sostiene si uno atiende a ciertas métricas o criterios de ese progreso al que se aspira, así como a la realidad; a los datos.

Obvio es decir que la noción misma de «progreso» es uno de esos conceptos esencialmente controvertidos. Por ejemplo: uno podría pensar que la evolución de los salarios en España durante los últimos 30 años -han subido un magro 2,7%, a la cola de los países de la OCDE- no cabe ser descrita como gran progreso, pero, quizá, si nos fijamos en la desigualdad, medida a partir del índice de Gini, nuestro juicio es más favorable. Ciertamente se ha reducido –también descendió durante los años en los que no gobernó un «gobierno progresista»- pero en otros países en los que el Gobierno es «de derechas», véase la Alemania de Merkel o la Francia de Macron, es, o ha sido, más bajo que en España. Hoy sabemos que la pobreza infantil es la más elevada en la Unión Europea, donde ha gobernado incluso la «extrema derecha».

Recurramos al fin, nuevamente a Bobbio, para fijarnos en cómo el despliegue de un conjunto de prestaciones públicas –sanidad, educación, vivienda, pensiones- caracterizaría típicamente a un partido político de izquierdas, progresista en nuestro caso, cuando tiene las riendas de «la cosa pública».

Para ello, como es bien sabido, la condición necesaria es, como señala el artículo 31.1. de la Constitución –un texto votado por partidos «no progresistas»– dotarse de un «sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

«Desde 2019 por no deflactar la inflación se ha producido una subida de impuestos que ha afectado más a los salarios más bajos»

¿Qué ha pasado en España desde la llegada de la actual coalición progresista? Una suerte de buen samaritano tuitero, de nombre Jon González, y con acreditadas dotes para el cálculo, el análisis económico y la infografía, ha demostrado cómo en los últimos años, es decir, desde 2019, por efecto de no ajustar a la inflación las tarifas y otros componentes del IRPF (esto es, por no deflactar) se ha producido lo que se conoce como una «progresividad en frío», es decir, una subida de impuestos sin concurso del legislador y que, para mayor inri, ha afectado más a los salarios más bajos. Estamos, así, ante un fabuloso hallazgo de la política progresista («regresividad fiscal en caliente», quizá pueda ser la denominación) que se habrá de estudiar con calma.

El efecto es tan llamativo que no han faltado los intentos – todos fracasados según los propios refutadores- de desmontar las conclusiones de González. Pero la más interesante de todas esas objeciones –factura de un alto cargo del Ministerio de Hacienda- es la que consiste en afirmar, contrafácticamente, que un gobierno no progresista, de derechas, no habría cambiado las cosas. Una versión apenas disimulada del «si es con barba San Antón y si no la Purísima Concepción».

Sea como fuere, sumen a lo anterior que en ocho años el Gobierno «progresista» no solo no ha hecho nada por amortiguar los privilegios fiscales de los que gozan dos de las comunidades autónomas más ricas de España, sino que está dispuesto a sumar a ese carro a la segunda más rica, Cataluña, reconociendo su «singularidad» y dotándole de un sistema de financiación que es al progresismo lo que Donald Trump a la diplomacia vaticana.

¿Y qué decir del resto de prestaciones características del Estado social? Después de ocho años de Gobierno progresista, una combinación de desastrosa política legislativa en materia de alquileres y ridículo volumen de construcción de vivienda pública o protegida, habida cuenta del colosal aumento de la demanda propiciado por la inmigración, condena hoy a la juventud española a dificultades de emancipación nunca vistas. También a la angustia a quienes no son tan jóvenes.

«La situación financiera del sistema de pensiones es calamitosa»

Las pensiones, ya generosas en términos relativos, suben, sí, porque se han vuelto a indexar al IPC, pero la comparación con las rentas de quienes están en activo no permite pintar una imagen muy halagüeña de la justicia intergeneracional. La situación financiera del sistema es, por lo demás, calamitosa, por mucho que se agite, cual trilero callejero, ese espantajo de la «hucha de pensiones». El carácter contributivo del sistema mediante las cotizaciones sociales va camino de ser residual frente a las salvíficas inyecciones financieras que provienen de los recursos generales vía impuestos, y de ahí que solo se pueda sostener la sostenibilidad del sistema mediante el expediente de «cambiar las porterías» en el terreno de juego de la definición y caracterización del sistema mismo.

¿Y la asistencia sanitaria o educación? Se trata de competencias transferidas, y, por tanto, aquí es más difícil calibrar el éxito, fracaso o traición del Gobierno progresista, pero, como he sugerido ya antes, resulta sumamente instructivo comprobar qué «color» tienen las administraciones autonómicas y cuál es su hoja de servicios; por ejemplo, cuál es el plazo para ser operado o qué resultados académicos obtienen los estudiantes que acuden a colegios públicos en esas comunidades, pues ya verán que los colores «confunden» y los prejuicios ideológicos quedan arrollados como los peatones que cruzaban en rojo.

Vuelvo así, para terminar, a la China de la Revolución Cultural. ¿Sabe, amigo lector, lo más interesante o frustrante, antropológica o psicológicamente hablando, de todo lo anterior? Que llegará el día en el que haya que votar y no pocos de sus conciudadanos, rocosos y refractarios ellos ante el principio de realidad, volverán a depositar su voto en la urna al modo en el que ese ciudadano chino fanático concebía que «necesariamente el rojo significa avance», aunque en los cruces los coches estuvieran colisionando y sus conciudadanos siendo masivamente atropellados.

Veremos.