De prioridades, naciones y fronteras

Una manera útil, inevitable incluso, de arrancar cualquier discusión relativa a las políticas inmigratorias es pensar si querríamos vivir en un mundo sin fronteras, esto es, un mundo en el que la libertad de movimientos y residencia no encuentra barreras. En ese mundo, por ejemplo, los individuos pueden establecerse sin tener que demostrar «arraigo», «integración» o dominio alguno de la lengua. O dicho de otra forma, en tal escenario, para empezar, ni siquiera hay una autoridad encargada de otorgar algo así como «permisos de residencia» porque, para empezar, no hay siquiera fronteras que vigilar, pues, en definitiva, no hay Estados-nación que tengan jurisdicción soberana sobre un territorio. 

En ese mundo ideal habrá de existir un poder mundial que, mediante el monopolio de la fuerza, tendrá encomendadas las tareas tradicionalmente asignadas a los Estados. Si entre ellas está, por ejemplo, la provisión de servicios esenciales con los que garantizar la educación o la sanidad, una suerte de Administración mundial se encargará de que todos, por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, dispongamos de educación o asistencia sanitaria independientemente de nuestra capacidad de pago. Para ello tendrá que existir algo así como una Administración tributaria mundial que se encargue de recaudar impuestos para sufragar aquellas prestaciones, así como la policía, jueces, etc. ¿Usted quiere vivir en un mundo así o lo considera más bien una distopía? 

A mi juicio, ese mundo es el que se sigue necesariamente de abrazar el ideal de los derechos humanos. O dicho de otra forma: la persistencia de fronteras, es decir, de Estados-nación, es difícilmente cohonestable con la proclamación de aquellos. No se me ocurre mejor forma de sintetizar la idea que recurrir al artículo 28 de la propia Declaración Universal: «Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos».

Del hecho de que no vivamos en un mundo ideal no se sigue que no tenga sentido articular nuestras aspiraciones o principios más allá de que las condiciones del mundo real impidan hoy su implantación, pues nos permite comprobar cuán cerca o lejos estamos de ese horizonte y cuán justificadas están algunas restricciones a la libertad de movimientos y residencia: si la altura del muro fronterizo es excesiva o lo es el número de guardias que lo han de vigilar. Piensen, así, en los menores no acompañados. ¿Creemos que en ese mundo ideal sin fronteras los menores tienen libertad de movimientos y residencia? Es decir, ¿aceptaríamos que un menor abandone su casa, se instale en otro lugar y que las autoridades no lo devuelvan a su familia? 

Imaginen que en un país con severas desigualdades territoriales los menores migraran a otros lugares. Piensen incluso que los propios padres los «abandonen» en una ciudad más próspera porque creen que así tendrán mejores oportunidades. No me parece que la política prioritaria, por defecto, en ese mundo real consista en desplegar esfuerzos para que vivan en centros públicos de acogida allí donde llegaron para después incorporarse al mercado laboral. Antes bien, creo que de lo que se trataría es de devolver al menor a la familia, y si resultase que, dada la situación familiar, sus intereses y necesidades están comprometidos, entonces sí, pero solo entonces, hacer que los servicios sociales se ocupen. 

«Intentar impedir que los menores extranjeros lleguen a España por su cuenta o disuadirles de hacerlo, lejos de ser ‘inhumano’, es lo propio»

El número de menores españoles que huyen de casa y campan por su cuenta es infinitamente menor que el de los miles de menores extranjeros que, en condiciones de enorme peligro y penosidad, acaban en nuestras costas, calles o plazas. Pero ese hecho no ha de oscurecer ni el principio ni el objetivo, de la misma manera que no claudicamos ante algunas realidades obstinadas como la de las agresiones sexuales, el fraude fiscal o la corrupción política. Intentar impedir que los menores extranjeros lleguen a España por su cuenta y riesgo o disuadirles de hacerlo, lejos de ser «inhumano», es lo propio, salvo excepciones muy contadas. 

La idealización en que consiste pensar en un mundo sin fronteras nos ayuda a calibrar cuán robustos y coherentes son nuestros principios de puertas para adentro, y cuánto nos creemos en puridad nuestras proclamas llegado el caso de poder efectivamente desplegar la libertad de movimientos y residencia. En estos días de baraúnda, es sencillamente abracadabrante pensar que quienes se desgañitan a propósito de la inhumanidad, racismo y xenofobia de esa confusa «prioridad nacional» que figura en los pactos PP-Vox, han estado cerca de lograr —y siguen aspirando a conseguir— que millones de sus actuales conciudadanos vean limitados sus derechos a moverse y residir libremente en Cataluña interponiendo una frontera. 

A la espera de nueva y mejor ocasión, ellos, y otros nacionalistas patrios, cuyas «prioridades nacionales» han sido perfectamente metabolizadas, o que incluso llegan a integrar la agenda del «progresismo» o de la dizque «izquierda», no renuncian a desmantelar la evidente barrera lingüística que se alza frente a quien quiera residir en esos territorios. Más bien la suben de altura y ahora también para los extranjeros que quisieran prorrogar su autorización de residencia si es que se encuentran allí donde hay una lengua cooficial: el extranjero que no aprendió catalán durante el año que residió legalmente en Cataluña volverá a una situación de irregularidad —y por tanto será sujeto de posible expulsión, explotación laboral, etc.—, mientras que el extranjero que residió en Extremadura sí podrá renovar su permiso y seguir moviéndose y residiendo libremente por España. 

La pregunta o preguntas siguen en pie: ¿qué significa en el mundo real, aun con las legítimas aspiraciones cosmopolitas que muchos ciudadanos españoles albergamos, la existencia de fronteras en España, es decir, que existan de manera conceptualmente necesaria «ciudadanos» y «extranjeros» con distintos derechos en cada caso? ¿Cuánto estamos dispuestos a asumir la dura realidad de que no podremos deportar a todos los extranjeros en situación irregular, pero cuánto estamos dispuestos a esforzarnos para que esa situación no vuelva a suceder en el futuro? ¿O acaso es ya la excepcionalidad de la regularización masiva, como en tantos otros asuntos patrios, la norma fundamental de nuestra política migratoria? 

«España no puede, por razones obvias, universalizar prestaciones sociales a cualquier ser humano ‘sin mirar su DNI’»

España puede y debe controlar sus fronteras en muchos sentidos, pero en esta situación no-ideal unas formas o requisitos son más legítimos o justificables públicamente que otros. ¿Por qué los nietos del exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura pueden adquirir la nacionalidad española sin pisar España, como oportunamente se preguntaba el constitucionalista Javier Tajadura, con el consiguiente gerrymandering que ello implica, y sin embargo a los latinoamericanos en general les es exigido un plazo de residencia de dos años en España? ¿Y por qué al resto de extranjeros, salvo excepciones, diez años?

Una política aspiracional y basada en los derechos humanos, que se toma en serio la libertad de movimientos y residencia, que aborda con rigor y planificación el fenómeno migratorio, se antoja esencialmente «estatal» en el sentido de estar orientada por la evidente consecuencia de que esos extranjeros deberán poder circular y residir como los nacionales y que el Estado social en que se constituye España, como afirma el artículo 1 de la Constitución, no puede, por razones suficientemente obvias, universalizar prestaciones tales como la asistencia sanitaria, la educación, la vivienda, el ingreso mínimo vital, a cualquier ser humano, «sin mirar su DNI». 

No: no es racismo ni xenofobia afirmar que en el mundo real, y más allá de las razones humanitarias que asisten a quienes tienen una urgencia, o son menores, España no puede planificar ni garantizar la asistencia sanitaria pensando en que cualquiera, sin más condición que la de padecer una enfermedad —tal vez sin ni siquiera haber pisado España— es usuaria del sistema público.

Una política semejante no debería ser la moneda de cambio en las componendas para alcanzar el poder territorial y satisfacer anímicamente a la grey propia, pero tampoco el resultado del tacticismo oportunista que se cuece opacamente en un Consejo de Ministros operando ya solo al dictado de la demoscopia que le permite mantenerse en el poder, siquiera sea desgobernando.