Prioridad nacional, suicidio político

A veces, las palabras muerden, por la simple razón de que el significado de una de ellas resulta de una connotación generalmente aceptada, con carga negativa. Tenerlo en cuenta es el único modo de evitar la pregunta que parecería inmediata para la «prioridad nacional» —¿qué es ser español?— cuya reducción al absurdo acaba de mostrar Félix de Azúa. Así que más vale centrarse en el marco concreto, fijado por la intención de importar el éxito alcanzado por la «preferencia nacional», la consigna estrella del partido de Marine Le Pen en Francia. No hay que darle vueltas. «Prioridad nacional» tiene una significación unívoca: vulnerar los derechos legal o implícitamente reconocidos a los inmigrantes para sustituirlos por una sistemática discriminación, susceptible de acentuarse frente a aquellos que diluyen «nuestra identidad, usos y costumbres» (musulmanes).

La tenía en el programa del Rassemblement National de Le Pen y Bardella, y lo tiene para Vox, que es quien manda sobre este punto, habiéndose establecido como piedra angular de los pactos de gobierno en Extremadura y en Aragón: prioridad de los nacionales, esto es, frente a los inmigrantes —los europeos sufrirán en todo caso perjuicios colaterales—, para acceder a servicios sociales, ayudas, viviendas. Aunque el PP le eche luego azúcar al café amargo, y se intente salvar el choque frontal con la ley, la voluntad de discriminación es rotunda. Algo que ningún demócrata puede aceptar, y por supuesto tampoco refrendar con su voto. Oponerse a Pedro Sánchez es una cosa; suscribir un objetivo esencial del neofascismo, otra.

La consigna de «prioridad nacional» no es solo un medio eficaz para imponer el dominio de Vox sobre el PP, confirmado por la aceptación de Feijóo. Al igual que sucede con la «preferencia nacional» de Le Pen, es el emblema de una política centrada en una resuelta actitud de xenofobia, utilizando además a los inmigrantes como chivo expiatorio para un giro copernicano hacia la reacción en todos los aspectos de la política española. En El fascismo eterno, Umberto Eco hizo notar que el neofascismo «crece y busca el consenso, aprovechando y exacerbando el natural miedo a la diferencia». Así ha sido en toda Europa.

A partir de esa seña de identidad, van articulándose en Vox las designaciones de sucesivos enemigos a destruir, desde los satanizados defensores de las políticas verdes —la maldita Agenda 2030— a la transformación de una necesaria crítica de las insuficiencias de la UE en el recurso a una soberanía nacional… a la sombra de Trump, pasando por la fobia al feminismo. Como hay una multitud de aspectos de la vida social y política que hoy no van bien, al neofascista le resulta muy fácil esgrimir el gran rechazo, desde cuya actitud, sorprendentemente, no carga contra la izquierda en el poder, sino contra el partido conservador, aquí el PP. Es el camino del éxito para las ideologías del malestar en el último cuarto de siglo. Lo recorrió con éxito Le Pen en Francia y Vox sigue sus huellas.

La prioridad, y aquí la palabra adquiere un perfecto sentido, es desplazar al PP, jugando con la aritmética electoral que hace de Vox un componente imprescindible para evitar al PSOE. No importa que de este modo Vox se convierta en el mejor aliado para una victoria del PSOE en 2027. Ahora, al aceptar la imposición de la consigna central de Vox, cobra visos de verdad la mentira antes propalada por Sánchez de que tanto el PP como Vox son la extrema derecha. Y según veremos, queriendo evitarlo, Feijóo está contribuyendo con su torpeza a reforzar las posibilidades de que Vox aparezca como auténtico representante de la derecha. Las competencias adscritas a los representantes de Vox, en cumplimiento del acuerdo, en servicios sociales, inclusión social, familia, medio ambiente, garantizan una estricta aplicación de sus políticas, por encima de las eventuales interpretaciones conciliatorias de las presidencias autonómicas. Les toca actuar y actuarán de vigilantes, para mantener su hegemonía dentro de la coalición y además tendrán otra prioridad, más que simbólica, la representación de la Comunidad en el Senado.

«Abascal dista de ser Le Pen, y ni siquiera es Salvini. Avanza solo a partir de los errores ajenos»

No es que Santiago Abascal sea un prodigio en la habilidad para construir su oferta política. Dista de ser Le Pen, y ni siquiera es Salvini. Avanza solo a partir de los errores ajenos. Es como un ciclista de piñón fijo, repitiendo incansable el mismo golpe de pedal. Interés nacional por encima de todo, copia del MAGA, pero si Trump perjudica a España con sus aranceles, tampoco importa. La antítesis de Giorgia Meloni.

En la entrevista de Espejo público se mostró incapaz de ir más allá de tres falsas evidencias, tres verdaderas simplezas falsables, que Feijóo podría desmontar de un plumazo, si tuviera voluntad de hacerlo. La primera, la razón de exigir la prioridad nacional, el supuesto de que los españoles se ven discriminados injustamente para obtener los servicios sociales, en cuya prueba Abascal solo aporta la escena de un español que ve desatendidas sus peticiones, porque se las dan al inmigrante. Un grano convertido en granero. (Y así hasta la «remigración»). Segundo, que el PP no hace nada, acentuando la mil veces reiterada afirmación precedente de que PP y PSOE son la misma cosa. Tercero, frente a Vox, solo está Feijóo (o Génova) como enemigo, el resto de los populares está de acuerdo con él: llamamiento al PP para que en bloque pase a sus filas.

Tres simplezas, que en su reiteración convierten al líder de Vox en papagayo de sí mismo, ya que se aplican a cualquier circunstancia y objeción, pero que el PP no se toma la menor molestia de combatir. Solo le ha preocupado finalmente que Vox le vote para las presidencias autonómicas. Victoria pírrica, a costa de perder la batalla ideológica.

Las concesiones reseñadas en los acuerdos no son irrelevantes, y por lo visto, frente a la inseguridad popular, Vox seguirá su juego a fondo, por ejemplo, mediante la asignación recibida en temas de emigración, medio ambiente, agricultura, servicios sociales, tanto en Extremadura como en Aragón. No importa que el tema de la ilegalidad sea conllevado, si en la gestión de las consejerías su contenido determina las políticas. Y el recurso popular al «arraigo territorial», no solo es ambiguo, sino que puede provocar otro tipo de discriminación, similar a la antigua del PER, en la medida de que crea un amplio margen para que las autoridades regionales y locales procedan a evaluar ese «arraigo», lógicamente dirigido a aplicar la «prioridad nacional» y desde el caciquismo.

«Vox seguirá ganando terreno al PP en la visibilidad de temas cruciales, mientras la xenofobia se impone a la Constitución»

Vox seguirá ganando terreno al PP en el ejercicio del poder y en la visibilidad de temas cruciales, mientras la xenofobia se impone al espíritu de la Constitución. Abascal ha quemado las naves con éxito durante la negociación y sus hombres en Extremadura, Aragón y Castilla-León, llevarán a la práctica sus políticas excluyentes sobre las «legales» que pudieran intentar los presidentes populares. No se quedarán en un bluf.

Hasta ahora Juanma Bonilla en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, se han mantenido fieles en el fondo y en la forma a las exigencias de la Constitución. Resulta explicable su desazón actual, extensible no solo a los populares enfrentados con la hegemonía adquirida por Vox, sino a tantos ciudadanos disconformes con Sánchez, pero nada dispuestos a avalar una deriva política que arrastra al conjunto de la oposición hacia la extrema derecha, pura y dura. De cara a 2027, si el voto andaluz no lo remedia, el pacto de la «prioridad nacional» lleva al suicidio.

Además, cabe aplicar a Vox la frase de que no hay peor ciego que quien no quiere ver. Puesto a ejercer de guardián supremo del interés nacional, Abascal debiera intentar una visión del problema en su conjunto, y no solo desde sus anteojeras. Justo al entrar en vigor la legalización generalizada de los inmigrantes, la presión catalanista ha llevado a primer plano un problema aún más grave: la deriva hacia la destrucción del orden constitucional. No es ya ese supuesto deterioro de los intereses nacionales por atender a unos inmigrantes que han hecho posible la continuidad de nuestro crecimiento económico, aunque susciten importantes problemas por resolver —nunca desde la discriminación y la xenofobia—. Aquí y ahora estamos ante una traición abierta al patriotismo constitucional que debiera inspirar la política del presidente de gobierno. Por sorpresa, como tantas otras veces, Sánchez acaba de someterse, vía Illa, a exigencias independentistas de que normas constitucionales pasen a ser basura. Y con ellas los derechos de los españoles.

Han sido dos movimientos convergentes, provocados por la voluntad obsesiva de atraerse a Junts. El principal, de su frailuno delegado en Cataluña, al suprimir allí la vigencia del artículo 2.º de la Constitución, el español como la lengua oficial del Estado. Sin el catalán, no habrá permiso de trabajo para un inmigrante. Es la exclusión, disfrazada de «mecanismo de inclusión». En el Congreso, Sánchez lo ratifica por duplicado: Cataluña y España son «dos países». En pie de igualdad. La «prioridad nacional» de Cataluña frente a España, dictada por Illa, resulta así avalada.

Se ha dado un paso más en la destrucción del Estado constitucional, prólogo del decisivo hacia la confederación que dará Pedro Sánchez en 2027 con tal de salvar su ansia de mando. A Vox todo esto no le importa, al parecer, si cumple el objetivo principal —¿decidido por quién?— de suplantar al PP, también a toda costa. Y entre tanto, el grupo dirigente popular permanece pasivo, confiando en que todo va hacia lo mejor en el mejor de los mundos. Los ciudadanos, olvidados hasta el momento de la elección, no cuentan en este juego.