Cómo destruir una democracia

El centenario del nacimiento de Marilyn Monroe ha permitido recuperar algunas de sus películas. Entre ellas, Cómo casarse con un millonario, una apolillada comedia, que se salvó por las intervenciones de la propia Marilyn y de Lauren Bacall. Un trío de mujeres jóvenes iba dando tumbos en la búsqueda del rey Midas. La sucesión de pequeños desastres, cerrada con un final feliz, me hizo recordar el contraste con la venturosa trayectoria de un hombre de buen ver, Pedro Sánchez, que en cambio viene consiguiendo aquello que se propone: el monopolio del poder político. A fin de cuentas, las tres chicas perseguían sus objetivos dentro de un estricto respeto al orden establecido. En cambio, desde el principio, nuestro hombre ha sido consciente de que su propósito era incompatible con el respeto a la normativa y a la moral política vigentes. Y hasta ahora, no faltó al compromiso que contrajo consigo mismo. Tal vez por eso ha triunfado. Su ejecutoria es a este respecto ejemplar, hasta el punto de que podría hacerse acreedor a un título comparable al del film: «Cómo destruir una democracia».

Un reciente libro convertido en clásico, Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt, ha explicado que el fin de las democracias ya no tiene lugar al producirse un golpe de Estado, como tantas veces en el curso del siglo XX, sino mediante un proceso de degradaciones sucesivas. En su curso, van siendo eliminadas las garantías jurídicas, sometiendo la división de poderes al decisionismo del Ejecutivo, para desembocar finalmente en un régimen autoritario, en una democracia iliberal —el más reciente hallazgo— o en una dictadura. La democracia va siendo vaciada de su contenido y de su sistema de garantías.

En nuestro caso, ese vaciado, atendiendo a sus orígenes, desemboca en una cleptocracia, por la simple razón de que la captura del poder, primero en el partido, después en el gobierno, por el grupo de Sánchez, estuvo asociada a una voluntad permanente de enriquecimiento. Desde la construcción de la candidatura de Zapatero a la peripecia del trío del Peugeot. Los objetivos fraudulentos no solo gravitaron sobre la forma de acceso al poder, sino que marcaron las reglas de juego al alcanzarlo. Los célebres wasaps de Sánchez a Ábalos, revelados por El Mundo, fustigando uno tras otro a los líderes autonómicos de su partido, no solo son indicadores de autoritarismo, sino muestra de que su modo de gestión del PSOE no era el propio de un líder político, sino del jefe de una banda delictiva.

No hay contenido político alguno en las órdenes dadas por Pedro Sánchez a su sicario, sino solo atención exclusiva al cumplimiento sin reservas de sus decisiones, acompañado de descalificación y desprecio para quienes no las atienden. El trato habitual entre compañeros de partido no existe. Sí la amenaza del castigo: así a Fernández-Vara. Otras revelaciones posteriores, con Ábalos y Koldo como protagonistas, suponen un peldaño más en el descenso al envilecimiento moral y político. El despotismo encuentra justo complemento en el mundo sórdido de las jésicas.

Lo refleja muy bien la gráfica expresión de Alfonso Guerra, del PSOE como partido reducido hoy a «asociación de bandidos y macarras». Bajo un «puto amo» si queremos cerrar el círculo. No tanto tiempo nos separa del PSOE de Felipe González. Podremos darnos cuenta de las dimensiones del hundimiento.

«La ofensiva contra la autonomía judicial constituye una seña de identidad en todas las estrategias antidemocráticas»

Además, según cabía esperar, la prostitución moral estuvo acompañada de la política. La historia interminable de las concesiones al catalanismo radical se remonta al acceso a la secretaría general de Zapatero, que la alcanza con los votos catalanes y decide perpetuar ese apoyo con un aval irreflexivo al estatuto que elaboren los socialistas catalanes. Fue una caja de Pandora que nadie pedía y de la cual saldrán todos los males posteriores. No importará que el proyecto de nou Estatut vulnere la Constitución, igual que ahora la vulnera la política lingüística de Illa. Anticipándose al totus tuus de Sánchez ante Junqueras y Puigdemont, Zapatero asumió con decisión la consigna de Fernando VII, solo que marchando todos y él el primero por la senda anticonstitucional. Despunta así la amenaza del suicidio del Estado, tanto por concesiones al independentismo como por la negación de España. Con la «singularidad financiera» en puertas, está lejos de haberse disipado. Todo lo contrario.

A su lado, la ofensiva contra la autonomía judicial constituye una seña de identidad invariable en todas las estrategias antidemocráticas, de Erdogan a Orban, de Trump a Sánchez. La razón es obvia. Si un presidente trata ejercer sus funciones por encima de la ley, atendiendo solo a sus propios objetivos, en gran parte fraudulentos, tropieza de modo inevitable con la barrera de la legalidad. Y a continuación con las instituciones encargadas de su defensa. Una judicatura independiente es incompatible con un absolutismo llevado al extremo: Jacobo I y los jueces. Lo que ya intentó el monarca Estuardo en el primer cuarto del siglo XVII se repetirá con otros protagonistas a lo largo del tiempo.

En nuestro caso, siempre con su carga de corrupción anexa, como tuvo lugar por el rápido impacto de la pandemia sobre la actuación del Gobierno Sánchez-Iglesias en 2020. El riesgo que suponía la indagación de una jueza sobre las manifestaciones del 8-M provocó una respuesta del Ejecutivo sin precedente alguno en Europa. Nada menos que el Gobierno lanzó una campaña, por sus portavoces y medios, contra una supuesta «causa general» resucitada, añadiendo medidas disciplinarias contra el encargado de la investigación, coronel Pérez de los Cobos. Por vez primera, Pedro Sánchez, frente a la amenaza judicial, se autodeclaraba invulnerable.

La guerra contra el Poder Judicial se había iniciado, exasperándose más tarde cuando los procedimientos alcancen a quienes integran el entorno de Sánchez. Sus componentes, con Ábalos y Koldo al frente, pusieron al descubierto su condición en el comercio de mascarillas. Desde entonces hasta hoy, la táctica seguida por Sánchez reproduce la de Mussolini ante la corrupción y exacciones de todos los suyos, exhibiendo su aislamiento: impasible el ademán, afirma que nada tiene que ver con él, y quien piense otra cosa es divulgador de bulos y un reaccionario enemigo del progreso en España.

«Los procedimientos judiciales destapan la mentira de un ‘progresismo’ cargado de corrupción en torno a Sánchez»

A partir de entonces, asistimos a la construcción progresiva de un puzzle donde son colocadas las piezas de la entrega del Estado, conforme Sánchez va necesitando los votos de unos y otros independentistas, no para gobernar como dice, sino para sostenerse en el poder. Hasta que llega el momento de una entrega mayor, la Ley de Amnistía, caso único a escala mundial, siendo una ley exculpatoria de quienes han cometido un gravísimo delito, redactada en lo esencial, según confesión propia, por los mismos culpables. Tras ese golpe decisivo, el Estado de derecho va recibiendo un golpe tras otro y perdiendo componentes del TC, en especial por lo que toca a la regulación lingüística de la Constitución.

La única ventaja de esa caída es que la acción judicial irá descubriendo la otra cara del espejo, a pesar de que el Constitucional de Conde Pumpido invalide la actuación del Tribunal Supremo con su refrendo a la Ley de Amnistía. Sobre todo, los procedimientos judiciales destapan la mentira de un «progresismo» cargado de corrupción en torno a Sánchez. De ahí la insistencia en sostener a su fiscal general del Estado, la otra pieza clave en su conquista buscada del Poder Judicial.

Tenemos así las dos primeras fases. Primero, ataque a la actuación judicial y cleptocracia con las mascarillas, aunadas ya en la crisis de la covid. Segundo, fractura del orden constitucional y estrategia de entrega al independentismo catalán, con la ley de Amnistía. El auto del juez Pedraz pone fecha al inicio de la siguiente vuelta de tuerca: el viraje agresivo desde instancias del partido de Gobierno (y del Estado), ya al margen  de la ley,  contra todo el que se oponga al presidente, los jueces en primer término. Ha sido una guerra civil larvada, de acuerdo con la teoría del Muro, decidida en los famosos cinco días de reflexión. La cleptocracia se sabe descubierta y pone en marcha una estrategia cuyo enemigo a neutralizar y destruir es el Estado de derecho. Ni más ni menos.

Lo grotesco de los instrumentos utilizados, tales como la llamada fontanera a la orden de su jefe Cerdán, no excluye una implacable voluntad llevar hasta el fondo esa ofensiva. Para ello, Sánchez cuenta con un sólido y técnico aparato de manipulación de la opinión pública. Si eso falla, con la garantía para la resolución a su favor de cualquier procedimiento decisivo, garantizada por el Constitucional. La ofensiva contra el Tribunal Supremo y el Fiscal Anticorrupción, llevada a cabo por Ábalos y Koldo en el «proceso de las mascarillas», no ofrece otra explicación. No les importó el previsible agravamiento de las condenas por quienes les juzgan y son sorprendentemente atacados. Saben que la lealtad al One les será recompensada. Fue una advertencia para los demás implicados en la red de procesos por corrupción ligada al Gobierno.

«La política exterior de Sánchez encubre bajo la máscara del pacifismo una aplicación estricta de su vocación antidemocrática»

Lo que ya aburre es la asombrosa falta de originalidad en la argumentación, llamemos eso de algún modo, tanto por parte de algún perro de presa lanzado contra los críticos, como por el coro de papagayos. Todo se resuelve esgrimiendo la «presunción de inocencia», pero esta concierne a cada individuo y no puede consistir en una absolución a priori, tal y como siempre es invocada en las declaraciones del Gobierno. Tampoco en ocultar los datos manifiestos del proceso de corrupción como tal. Intoxiquen de modo más imaginativo.

Un sistema de corrupción como el nuestro no debe dejar fisuras. La política exterior de Sánchez, amparada siempre por el belicismo destructivo de Netanyahu y Trump, encubre bajo la máscara del pacifismo una aplicación estricta de su vocación antidemocrática, en este campo, frente a los intereses de España y a los de la UE. Ahí está la inexplicable política de entrega a Marruecos, sin contrapartida alguna, y sin tener en cuenta lo que representa arrojar a Trump e Israel en brazos de Mohamed VI, cuyo irredentismo es inevitable, pues del mismo depende el apoyo popular. Y por añadidura, fuera gastos militares, que para pacifistas como Sánchez, los de Podemos o Sumar, no existe amenaza alguna y la gravísima que plantea Putin a Europa no nos concierne. Sobre Ucrania, Sánchez es tan sensible como Enrique Santiago, aunque tenga que asentir formalmente a la UE.

Pero donde la traición a la democracia resulta más explícita es en el alineamiento de Sánchez (más Zapatero) con el golpe de Maduro en Venezuela y, de forma larvada, pero no menos significativa, jugando a francotirador en las relaciones con China, al margen de y frente a la UE. Curiosamente, la Caracas connection ha puesto a Sánchez al lado de Trump, de nuestra amiga Delcy y frente a la restauración democrática. Zapatero ha jugado allí el papel político-económico de su vida: lo propio del «progresismo» debe ser la defensa de dictaduras. No hace falta insistir en que solo su honestidad personal debió impedir que una entrega tan generosa ha podido tener una remuneración que también lo fuera. Y en cuanto a China y a Huawei, los indicios están ahí, en espera de análisis para medir su alcance.

Para terminar, una estupenda demostración de cinismo: Pedro Sánchez ha afirmado que no convoca elecciones al carecer de espíritu partidista, a sabiendas de que las ganaría, cuando lo que sabe es todo lo contrario. Así que privado de recurso alguno para impedir la solución democrática, el voto, su guerra contra la autonomía judicial, contra el Estado de derecho, ha dado un paso más al recurrir a la denuncia neofranquista de la conspiración contra él. En contra de sus palabras, auto a auto, sale a la luz que el único intento de acoso y derribo es el suyo, siempre contra la verdad y la normativa constitucional. Se ve obligado entonces a «pasar a la contraofensiva», según sus corifeos.

«Cabe excluir la hipótesis de que Sánchez nos permita llegar sin más a las urnas. Si lo ve posible, jugará la baza del pucherazo»

En cualquier caso, sabe que si sigue por la senda ya trazada, prolongando su agonía con las concesiones a la soberanía financiera de Cataluña y al monopolio euskaldún del empleo público en Euskadi —por no hablar de un nuevo estatus—, su derrota en las generales de 2027 está asegurada. Y Sánchez no quiere repetir la suerte de Orbán en Hungría. Necesita por ello dar un último golpe, esta vez de muerte, a la democracia en España.

Cabe, pues, excluir la hipótesis de que Pedro Sánchez nos permita llegar sin más a las urnas. Si lo ve posible, jugará la baza del pucherazo. El fraude amenazador que despunta aquí es el del voto de españoles nacionalizados en el extranjero. A favor de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno parece estar desarrollando una campaña para capitalizar ese voto, con tan progresista respaldo, y que pudiera tener gran número de beneficiarios en Hispanoamérica. No es poca cosa obtener la nacionalidad española en países como Cuba, donde hay unos 400.000, se estima, descendientes de españoles (entre ellos, por lo que me toca, son ya más numerosos que mis parientes aquí). Muchos no votarán, pero en una elección apretada, todo voto adicional sirve. Y el Gobierno intentará ganárselos.

El otro recurso, digno de su promotor, sería el uso fraudulento del Artículo 92 de la Constitución para convocar un referéndum consultivo, del que surgiera una mayoría «progresista», la cual a continuación arrastrara la electoral. No importa que ante ese proyecto, la crispación política llegara al máximo: el Muro se vería así reforzado. En cuanto al recurso invocado, la «singularidad financiera» de Cataluña, disfrazada de café descentralizador para todos, sería una oferta posible, pero poco atractiva. Más eficaz: el órdago de la «España plurinacional», el objetivo compartido por independentistas, «comunes» y otra izquierda basura de raíz leninista. A ninguno de estos les importa tener en cuenta que, de hecho, la plurinacionalidad, con la nación española y el reconocimiento de las nacionalidades, lo que corresponde a la realidad política y psicológico-social (identitaria) del país o los países, ya esté en la Constitución.

La plurinacionalidad propuesta llevaría a un objeto imposible, una pseudo-confederación, con dos Estados soberanos, el catalán y el vasco, en una relación dual con el resto, privado además por ellos de existencia nacional reconocida. Un bodrio listo para estallar. Y si el rey, no lo refrenda, nos lo llevamos por delante de manera encubierta. Una república con «el socialismo del siglo XXI», deseada por Podemos, el PCE y en su día también por Sánchez, nos espera como versión europea de la vía venezolana. Con razón en 2008, cuando despuntaban en la UCM ejerciendo la violencia antidemocrática, y sin que yo supiera quiénes eran personalmente, les califiqué de «fascismo rojo». Su enemigo fue siempre la Transición. Si todo sale como esperan, tendrán la posibilidad de enterrarla de modo definitivo.

La gravedad de la situación no depende del caso Zapatero como tal, sino del viraje ofensivo que Pedro Sánchez emprende a partir del auto del juez Calama, de guerra declarada frente a la «conspiración». Más que nunca, jugará a fondo con aumentar la crispación, exhibiendo una deliberada cobardía política, en vez de pronunciar un mensaje a la nación, con pruebas en la mano, si cosa tan terrible de veras sucede. Lo que cuenta para nuestro hombre es seguir envenenando la vida política, para consolidar a largo plazo su mando y satisfacer su ambición personal. ¿Hasta cuándo, Catilina?