El humor y las cloacas
«Si hace ocho años la moción de censura se vendió como un ejercicio de higiene democrática, hoy quienes exigen una moción son casi acusados de golpistas»
Ilustración generada mediante IA.
El 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional dictó la primera sentencia condenatoria del caso Gürtel. En ella se describía «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas». Una semana después, el 1 de junio, y como consecuencia de este anuncio, Mariano Rajoy perdió una moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez.
Han pasado exactamente ocho años y la historia no se está repitiendo, pero sí rimando. El martes 19 de mayo, el juez Calama de la Audiencia Nacional imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, y lo acusó de ser el «núcleo decisor y estratégico» de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias cuya finalidad es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».
Lo que anunció Calama era una imputación, no una condena. Pero la gravedad de lo que está ocurriendo hoy es mucho mayor que lo que motivó la moción de censura de 2018: porque el caso ZP llega tras años de caso mascarillas, caso hidrocarburos, caso Begoña Gómez, el caso del hermano del presidente, todos los detalles de las operaciones de Ábalos, Cerdán y Koldo… Y coincide con la confirmación de lo que se debería llamar «la Kitchen del PSOE», la trama cloaquera y fontanera del PSOE y mercenarios a su sueldo para obstaculizar investigaciones judiciales contrarias al Gobierno. La trama se inició tras la infame carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez en abril de 2024, obscena ya simplemente por su bolivarianismo y ahora resulta más obscena porque sirvió como pistoletazo de salida de un Watergate español.
En ese Kitchen del PSOE o Watergate español hay periodistas, algo que, he de confesar, me sorprende: creía que la prensa oficialista lo hacía por amor al arte (o, en todo caso, amor a las subvenciones, pero no tanto a las mordidas). Patricia López, que falleció el año pasado, utilizaba su web Crónica Libre como central de las cloacas: en una ocasión, y como ejemplo de que todos los caminos llevan a Villarejo, López vendió a Sánchez los audios que tiene el comisario sobre las saunas del padre de Begoña Gómez. López era experta en las cloacas del PP; parece que todo lo que aprendió investigándolas lo aplicó con el PSOE.
Pere Rusiñol, confundador de la revista Mongolia, simplemente quiero mencionarlo porque nunca me pareció un simple vocero gubernamental. Y, sin embargo, ha resultado ser un mercenario a sueldo del Gobierno: trabajó para Santos Cerdán y junto a Leire Díez en la trama para obtener información comprometedora de mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción (fiscales José Grinda e Ignacio Stampa), y llegó a ofrecerle un soborno de 300.000 euros a Grinda. Hace cuatro meses, cuando ya se había filtrado su involucración en la trama, participó en un debate en el canal de YouTube La ingobernable titulado (!!!) El humor y las cloacas con Pere Rusiñol.
«Qué mal se lo ha tenido que montar el PSOE para que en 30 años no le haya dado tiempo a montar su propio Estado profundo»
Si yo fuera su abogado, le recomendaría que si quiere salir en un canal de YouTube, que hable de jardinería o smash burgers, nada más. En él, obviamente, dice que las cloacas existen, pero que, claro, son solo de derechas: «Hay una continuidad seguro entre el franquismo y la democracia», «un exponente muy claro del Estado profundo se llama José María Aznar, que dice: ‘el que puede hacer, que haga’», «existe el Estado profundo y va al margen de la lógica del Gobierno». Qué mal se lo ha tenido que montar el PSOE para que en 30 años de presidencias no le haya dado tiempo a montar su propio Estado profundo.
Y luego está un caso más reciente, sin condena, pero que implica una pérdida de credibilidad enorme para el periodista señalado: el periodista de El Español Jorge Calabrés publicó varios mensajes de WhatsApp entre el redactor de ABC Joan Guirado y Koldo García: «Acordaos de mí, aunque sea para hacer fotocopias», «Yo soy leal a vosotros» (refiriéndose a Koldo y Ábalos), «Hago de infiltrado con los malos para saber lo que sea que quieren hacer».
La historia no se repite, pero rima. El goteo de casos de corrupción también está reabriendo el debate sobre la necesidad de una moción de censura. Pero al contrario de lo que ocurrió en 2018, hoy los socios del Gobierno no pueden sobrevivir sin él. Si hay una moción y unas elecciones, como promete Feijóo y prometió Sánchez en 2018 y no cumplió, muchos no sobrevivirían.
Feijóo promete una moción que parece que no saldrá adelante. Y Sánchez, por su parte, ha comenzado a hablar de que, ahora sí, va a intentar aprobar unos Presupuestos (después de tres años sin ellos), cuando sabe claramente que no tiene los apoyos.
Si hace ocho años la moción se vendió como una obligación cívica y un ejercicio de higiene democrática, hoy quienes exigen una moción son casi acusados de golpistas. Los socios del Gobierno se ríen de Feijóo porque no tiene apoyos para su moción. Es la manera que tienen de no detenerse a valorar si es necesario acabar con un Gobierno bunkerizado, inmóvil y rodeado de corrupción.