Cara y cruz de la democracia española
«El aspecto luminoso de las salvaguardas tiene su anverso: la facilidad con que aventureros y desalmados se pueden hacer con el poder»
Ilustración de Alejandra Svriz.
España tiene salvaguardas democráticas sólidas. Hay fiscales, jueces y policías incorruptibles, con las herramientas necesarias para cercar a un Gobierno en el poder. Los casos judiciales sobre el entramado criminal del Ejecutivo de Pedro Sánchez son inconcebibles en los países de Hispanoamérica, o al menos en el mío, en México. Ni queriéndolo sus protagonistas, y los hay dignísimos, podrían hacer algo semejante.
Cuando se dice con voz impostada y falso desdén que el calvario del presidente empezó con unos recortes de prensa y un grupo de abogados civiles como crítica, yo lo pienso más bien como una enorme suerte. La figura de la acusación popular —que el Gobierno quiso eliminar, no lo olvidemos— es una forma de control externo muy eficaz. Como postula la segunda ley de la entropía, todo sistema cerrado conduce al caos, que, en el caso de la política, se manifiesta a través de tres grados de intensidad: nepotismo, corrupción y, finalmente, crimen de Estado.
No es una intuición nueva. James Madison —tomo la cita de Libertad de expresión, de Jacob Mchangama— formuló una de las defensas más influyentes de los contrapesos institucionales: «Si los hombres fueran ángeles, ningún Gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles externos ni internos sobre el Gobierno». Toda democracia madura descansa precisamente sobre esa premisa: no confiar en la virtud de quienes ejercen el poder, sino diseñar mecanismos que permitan vigilarlo, limitarlo y corregirlo.
La acusación popular no requiere motivación ideológica, sino buena técnica jurídica. Y es el juez quien la descarta o archiva, como pasa la mayoría de las veces, o quien considera, de manera libre e independiente, que la acusación presenta indicios que merecen la pena investigar. Una vez abierta la causa, que puede ser secreta, su devenir ya es estrictamente jurídico. Y tiene a su favor diversos cuerpos de investigadores policiales de altas capacidades y manifiesta imparcialidad. Por eso, en España, la prensa cumple mejor su papel de contrapoder que en casi cualquier otro país, porque las revelaciones que se publican no solo alertan a la opinión pública, sino que pueden ser el origen de una acusación popular. Lo que, además, motiva que funcionarios honestos se conviertan en gargantas profundas.
Este aspecto luminoso de la democracia española, que vale igual para capuletos que para montescos, tiene su anverso: la facilidad con que aventureros y desalmados se pueden hacer con el poder entrando por la puerta chica de los partidos. En España no existe una división clara entre el legislativo y el ejecutivo, algo quizá normal en las democracias parlamentarias, pero que se agrava con las funciones exclusivamente simbólicas de la jefatura del Estado. Y eso hace que la división, a su vez, entre Gobierno y partido en el poder sea muy tenue, lo que otorga a los partidos un poder desmedido, más aún en un sistema de listas cerradas, donde la representación popular debe pasar por el tamiz del secretario de Organización.
Esa dependencia genera lealtades mafiosas y ley del silencio, ya que estar en las listas es el «ábrete, sésamo» de la política española y lo que da inicio a la maquinaria de colocación. El fenómeno tampoco es nuevo. En 1911, el sociólogo alemán Robert Michels publicó Los partidos políticos, una de las obras fundamentales de la sociología política moderna. Su conclusión fue tan simple como inquietante: «Quien dice organización, dice oligarquía». Lo que llamó la «ley de hierro de la oligarquía» sostiene que toda organización compleja —incluidos los partidos democráticos— tiende a concentrar el poder en una minoría dirigente que acaba desarrollando intereses propios y mecanismos de autopreservación. Más de un siglo después, resulta difícil encontrar una descripción más precisa para entender el sanchismo.
Adicionalmente, el poder real del Gobierno es menor de lo que se piensa, ya que las autonomías controlan ámbitos completos del Estado —incluidas competencias clave, como la vivienda, la sanidad y la educación— y la integración en Europa implica que áreas tradicionales de decisión gubernamental y enorme poder simbólico están en manos de Bruselas, como las fronteras o la moneda. Con una excepción: en España, con una economía altamente regulada e intervenida, alcanzar el poder implica una gran capacidad de injerencia en el engranaje económico, que debería ser mucho más autónomo, lo que generaría ciudadanos más libres, menos anclados al vasallaje del poder y más dispuestos a castigar con su voto la corrupción. Dados los laxos controles externos que existen sobre las decisiones económicas del Gobierno, y lo fácil que le resulta maquillarlas, el dinero público, incluido el que envía Europa, se maneja con fines partidistas y como premio o castigo, y se favorece descaradamente a asociaciones, organismos, grupos empresariales, medios, ONG y demás actores afines ideológicamente, sin el más mínimo filtro de interés público y abriendo amplias alamedas a la corrupción e incentivos para la permanencia en el poder.
Y esa es la paradoja de España: que tiene enormes capacidades para investigar a un Gobierno corrupto y criminal, pero no las tiene para evitar que llegue al poder un desalmado ni para fiscalizar adecuadamente el manejo del dinero público y su injerencia en el dinero privado. El problema real de Sánchez, Zapatero y compañía, dada su obscena inmoralidad, su escasa preparación intelectual y su nula experiencia de vida fuera de la política, es que supusieron que en el Gobierno se podía actuar con la misma impunidad y chulería con la que lo habían hecho en su partido, donde la obediencia debida a quien puede darte una candidatura es ley y donde la ropa sucia se lava siempre en casa. En el pecado llevarán la penitencia, por decirlo en el lenguaje santurrón de estos días.