Saldos de la visita papal

No soy creyente. Tampoco soy de esos ateos que consideran la religión una superstición ridícula o un vestigio que debería desaparecer. Respeto profundamente a los creyentes, entre otras cosas porque muchos de mis amigos católicos han demostrado a lo largo de los años un respeto hacia mi ateísmo bastante mayor del que suelen mostrar mis amigos y familiares ateos hacia la experiencia religiosa de los demás. Reconozco, además, la matriz católica de España y, por extensión, de Hispanoamérica. Nuestra cultura, nuestras instituciones, nuestro lenguaje moral y buena parte de nuestros códigos simbólicos son incomprensibles sin el catolicismo. También entiendo que, para un católico, el Papa representa la experiencia terrenal más cercana a lo trascendente que puede encontrarse dentro de su fe.

Por eso no me incomoda especialmente la fascinación que despierta una visita papal. Vivimos en una civilización del espectáculo y la Iglesia católica ha aprendido a desenvolverse en ella con notable habilidad. Tampoco me sorprende que una ceremonia religiosa cuidadosamente diseñada en términos estéticos y rituales produzca una emoción colectiva comparable a la de cualquier gran acontecimiento cultural o musical.

Sin embargo, el momento verdaderamente relevante de la visita no fue ninguno de los actos religiosos. Fue su intervención ante el Congreso de los Diputados y, sobre todo, el aplauso unánime y prolongado con el que fue despedido. Ahí es donde, para mí, empiezan los problemas.

Lo que un Papa diga en un templo, en una homilía o en un acto confesional pertenece al ámbito de su comunidad religiosa. Soy incluso tolerante a las afectaciones no menores que las misas públicas del Papa supusieron, pero lo que diga ante la representación de la soberanía nacional afecta a todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes. Y en ese contexto resulta significativo que no compareciera como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, última teocracia de Occidente, sino como obispo de Roma y pastor de la grey católica. Es decir: como líder religioso.

España tiene una historia inseparable del catolicismo. Nadie discute eso. Pero en una democracia liberal y aconfesional conviene preguntarse qué privilegio institucional permite que un líder religioso se dirija a las Cortes Generales en cuanto tal. ¿Aceptaríamos con la misma naturalidad la intervención del arzobispo de Canterbury, o del patriarca ecuménico de los cristianos ortodoxos, o ya puestos, del dalái lama, un ayatolá chií o algún gurú de los sijs? La cuestión no es menor. Además, la neutralidad del espacio público exige que el Estado trate por igual a quienes profesan una fe y a quienes no profesamos ninguna.

«España tiene una historia inseparable del catolicismo. Pero en una democracia liberal y aconfesional conviene preguntarse qué privilegio institucional permite que un líder religioso se dirija a las Cortes Generales en cuanto tal»

Dicho esto, el contenido del discurso resultó más interesante que la escenografía institucional que lo hizo posible. León XIV asume explícitamente los límites contemporáneos de la influencia de la Iglesia. Quedan lejos los tiempos en que el papado aspiraba a ejercer una hegemonía política y moral sobre la sociedad. El mensaje ya no pretende disputar la arquitectura constitucional de los Estados modernos, sino situarse en un plano moral. Eso sí, situando sus creencias morales en la categoría de valores absolutos. Es decir, marcar unos límites infranqueables a la soberanía nacional.

En cierto sentido, es la aceptación de una derrota histórica. Desde el siglo XIX, la Iglesia ha tenido que acomodarse a un mundo liberal, secularizado y pluralista que en otro tiempo combatió con saña. Pío IX fue el último papa que intentó enfrentarse frontalmente a la modernidad política, la separación de la Iglesia y el Estado y la secularización. Y aunque también proclamó la infalibilidad del Sumo Pontífice, es el propio León XIV quien demuestra con su aceptación del rol limitado de la Iglesia que el papado ya no pretende ejercer la autoridad política universal a la que aspiró en otros tiempos. La Iglesia ya no discute la legitimidad del Estado liberal; intenta influir sobre él desde fuera.

La cuestión es que esa influencia parte de una premisa que no comparto: que determinados principios morales derivados de la doctrina católica deben actuar como límites universales de la acción política. En el discurso aparecieron de forma explícita cuestiones como la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural o la defensa de los derechos de los inmigrantes. Son planteamientos respetables, pero problemáticos cuando se presentan como absolutos.

Por mi parte, encuentro discutibles ambas formulaciones si se convierten en absolutos. No considero compasivo prolongar artificialmente el sufrimiento insoportable de una persona desahuciada y con la voluntad libre de poner término a un dolor inútil. Tampoco creo que obligar a una menor violada a continuar un embarazo sea una exigencia moral superior. Son ejemplos extremos, pero sirven para poner a prueba la rigidez del dogma. Del mismo modo, tampoco creo que una sociedad pueda funcionar bajo la lógica de fronteras abiertas. Las sociedades democráticas tienen obligaciones de solidaridad, pero también límites materiales, institucionales y culturales que no desaparecen por invocación moral. Es casi un tema matemático, disciplina de Robert Prevost antes de convertirse en Papa.

Algo parecido ocurre con los llamamientos a la paz. Ni los ayatolás, ni Hezbollah, ni Putin, ni Trump, ni Xi Jinping o cualquier otro actor geopolítico dejarán de actuar según sus intereses porque el Papa recuerde las virtudes de la concordia. Sin comprender la lógica del poder, la geopolítica y la naturaleza de los conflictos existentes, la paz es una pura aspiración retórica, en el caso del Papa, y el refugio de los oportunistas, en el caso de Sánchez y compañía. El Papa ofrece respeto a la labor del legislador, pero marca unos límites que no le competen y además exige que la soberanía popular no entre en asuntos religiosos, y ahí hay otro problema. Lo dijo a propósito del secreto de confesión, que se ha mostrado como la puerta de entrada de muchos abusos, pero vamos a aceptarlo en este juego de tolerancia; pero, ¿qué hacemos con la ablación del clítoris del islam somalí?

Y, sin embargo, la importancia del discurso no reside en que tenga razón o no. Reside precisamente en que podemos aceptar unas partes y rechazar otras. Podemos hacerlo porque disponemos de criterios morales que existen fuera de la religión. Hay universales éticos. Algunos proceden claramente de la tradición judeocristiana. La genealogía cristiana de los derechos humanos resulta difícil de negar. Pero otros valores fundamentales de nuestras sociedades —la libertad de conciencia, la autonomía individual o la libertad sexual— nacieron precisamente de la emancipación progresiva respecto de las autoridades religiosas.

Por eso el verdadero protagonista de la jornada no fue el papa ni tampoco el Congreso. Fue el pluralismo. La posibilidad de escuchar una voz religiosa influyente sin que esa voz posea la última palabra. La posibilidad de respetarla sin someternos a ella. La posibilidad, en definitiva, de que creyentes y no creyentes compartan un espacio político común sin necesidad de compartir una misma fe.

El Papa se ha ido. El eco de los aplausos se desvanece. La política española regresa a su habitual estado de excepcionalidad permanente. Y los problemas reales siguen donde estaban: en los tribunales, en los medios de comunicación, en las instituciones y en la acción de los ciudadanos. No se resolverán mediante sermones, por elevados que sean, sino mediante las herramientas imperfectas de la democracia liberal.