Presupuestos y financiación autonómica: tiempo de descuento
«Al Congreso y al Senado se les está hurtando la labor de control 'ex ante', puesto que, si no hay cuentas actualizadas, ningún proyecto legislativo puede contrastarse»
Ilustración generada por la IA.
En medio de una sucesión de escándalos de corrupción que parece no tener fin, el presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda hicieron dos anuncios relevantes: por un lado, el primero anunció que habrá en los próximos meses un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Por otro lado, el segundo, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, remitió una carta a los consejeros autonómicos reactivando la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.
Nada hay que celebrar en ambos anuncios. En el primero, el Gobierno tiene la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos ante las Cortes Generales antes de tres meses de la expiración de los vigentes. Un mandato que ha sido sistemáticamente incumplido en lo que llevamos de legislatura y cuyo debate se distorsiona habitualmente relacionándolo con que no es necesario tener cuentas públicas actualizadas vista la trayectoria del crecimiento económico. Como si ambos fenómenos estuvieran relacionados de manera causal.
Una cosa es el crecimiento del PIB y otra muy distinta que el Parlamento ejerza su labor de control ex ante y ex post de la política económica que sigue el Gobierno. Ahora mismo, al Congreso de los Diputados y al Senado se les está hurtando la labor de control ex ante, puesto que, si no hay cuentas actualizadas, ningún proyecto legislativo puede contrastarse para ver si su coste económico es factible o no, si está en línea o no con la política presupuestaria o si genera riesgos para la estabilidad presupuestaria y el control de la deuda pública, tal como está consagrado en el artículo 135 de la Constitución Española.
Pero también la labor de control ex post está teniendo lagunas importantes. Hacienda se presenta ante las Cortes Generales bajo una política de hechos consumados, ya que los cambios entre partidas y capítulos presupuestarios ya han sido realizados y con una dudosa posibilidad de echarlos atrás. Excepto un puñado de diputados que conocen bien los aspectos del Presupuesto, el resto frivoliza con un fenómeno sin precedentes en nuestro país, como es llevar tres años de prórrogas presupuestarias única y exclusivamente gracias a dos coyunturas que nunca antes había tenido un Gobierno en democracia: primero, un incremento de doble dígito anual de la recaudación fiscal y, segundo, la gestión que se hace del dinero europeo, el cual, hasta que se lleva a su destino final, sirve como fuente de financiación y cajón de sastre para dotar gastos concretos que no tienen nada que ver con la finalidad última de los fondos (léase, por ejemplo, la polémica al respecto de hace unas semanas con el Tribunal de Cuentas).
Al camino presupuestario le quedan bastantes hitos por cumplir. Lejos quedan las palabras del vicepresidente Cuerpo, que encontró lo que parecía ser una buena excusa —a su juicio, claro— para no avanzar en la elaboración de las cuentas de 2026: que la incertidumbre provocada por el conflicto en el Golfo impedía hacer la actualización del cuadro macroeconómico. Lo que es absolutamente increíble es que lo que es normal, preceptivo y necesario —por ejemplo, la orden ministerial que indica a cada uno de los ministerios que remitan sus previsiones de gastos a Hacienda— se haya convertido en un hecho noticiable y rellene minutos de información en los medios. Malos tiempos son esos en los que hay que defender lo obvio. Durante meses hubo que hacerlo con el Plan Fiscal y Estructural (antigua Actualización del Programa de Estabilidad), en lo que España se quedó como la única gran economía del euro que no lo remitía a Bruselas.
Si lo relativo a los Presupuestos Generales del Estado promete ser un proceso complejo, mucho más lo será lo que se haga —que ya veremos hasta dónde y cómo— en materia de reforma del sistema de financiación autonómica. Por lo pronto, el debate sigue a expensas de cuál sea el modelo definitivo que salga de la negociación con los independentistas en Cataluña para, después, cuadrar aguas abajo en el resto de las regiones de régimen común. Algo así como: «Primero va el resultado; después vemos cómo se hacen los cálculos para que dé ese resultado exacto». Es tan evidente que el proceso es a la inversa que hasta en la carta remitida por el secretario de Estado de Hacienda a los consejeros autonómicos vuelve a cambiar las reglas de la discusión, señalando que el año de referencia será 2023. ¿A quién beneficia este cambio de base de cálculo? ¿Y por qué?
El actual modelo de financiación no se puede sostener por más tiempo si no fuera por el incremento de la recaudación fiscal, la cual permite transferir la mayor cantidad de dinero de la serie histórica a las comunidades autónomas. No es una gracia ni una política del actual Gobierno. Es la fuerza de los números de recaudación. Hasta el 30 de abril de este año (los cuatro primeros meses de 2026), la recaudación neta por impuestos directos y cotizaciones sociales —en cifras redondas— supera en 12.000 millones la obtenida en el mismo período de 2025 y en 6.000 millones la de impuestos indirectos. El presupuesto de gasto no financiero ha crecido un 9,7% (pagos realizados) en lo que llevamos de año.
A estas alturas, después de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no debemos aspirar a que Hacienda presente una metodología consistente para el reparto de los fondos a las autonomías. Saben perfectamente que comprometer 21.000 millones de euros adicionales para las regiones es inviable para la Administración Central en un horizonte a 2031. Solo viendo el crecimiento tendencial de las principales partidas de gasto (con dato base de 2024), el Estado central se enfrenta a un crecimiento del gasto de 155.540 millones de euros, a lo que hay que añadir la tendencia peligrosa en otra Administración, como es la Seguridad Social, con el gasto en pensiones. Por muy elevada que pueda ser la previsión de crecimiento económico, el Estado no tiene la capacidad de generar los suficientes recursos para cubrir el déficit estructural, cumplir con el mandato de estabilidad fiscal y presentar unas cifras que no provoquen un susto importante en Bruselas.
Estos son los minutos que nos quedan de legislatura. Y tanto los Presupuestos como la financiación autonómica son dos tareas casi imposibles de abordar.