Recordando lo obvio a un año del apagón

Un hecho insólito en la historia reciente de la economía española resuena con el mismo eco un año después. El «cero eléctrico» que durante horas se produjo en el territorio peninsular sigue generando polémica tanto política como técnica por la atribución de responsabilidades que pueden derivar en sanciones millonarias.

Si bien era esperable que hubiese conflicto entre reguladores, políticos, actores del sector y el operador del sistema, lo verdaderamente insólito es que se utilice la investigación técnica como forma de empantanar el debate de tal modo que sea imposible colocar la responsabilidad en el lugar exacto donde se encuentra.

La cuestión fundamental radica en la confusión entre el origen de los picos de tensión y por qué el sistema no fue capaz de absorber la sobretensión (como ocurre en infinidad de ocasiones), provocando el apagón. En esta confusión interesada es donde se ubican exactamente, de manera voluntaria o involuntaria, las miles de páginas de informes emitidos por diferentes instancias: desde la comisión parlamentaria hasta ENTSO-E, pasando por el MITERD, CNMC, gabinetes de estudios o REE, entre otros. Como si de un fenómeno sísmico se tratara, los autores se afanan en determinar qué planta o plantas de generación y dónde fueron las que provocaron la sobretensión.

Un esfuerzo fútil porque el control de la tensión en un mix de generación eléctrica con una presencia mayor de energías renovables no gestionables es muy complejo y pasa por articular cambios de fondo, especialmente, la introducción de almacenamiento u otros mecanismos (por ejemplo, compensadores síncronos). El 28 de abril de 2025 pudo ser una central fotovoltaica X o Y, pero hoy, mañana o cualquier otro día puede ser Z en cualquier parte del territorio.

Todo el tiempo perdido en determinar la zona cero del apagón es tiempo con ruido que no permite ver claramente dónde está el quid de la cuestión. Y ése no es otro que el trabajo del operador del sistema para hacer todo lo posible por anticipar, gestionar y amortiguar episodios de inestabilidad en un sistema cada vez más complejo. Porque si algo dejó claro el apagón, no es tanto dónde se originó la perturbación, sino que los mecanismos de respuesta no fueron suficientes en velocidad, coordinación o magnitud. En este sentido, el foco debería desplazarse desde la búsqueda casi forense del «culpable inicial» hacia la evaluación rigurosa de los protocolos de operación, los márgenes de seguridad y las herramientas disponibles para Red Eléctrica de España.

«Se elude la discusión de si el diseño regulatorio está alineado con las necesidades de un sistema dominado por renovables»

A este respecto, conviene señalar la minusvaloración de la necesidad de contar con energía de respaldo suficiente, incluso en un contexto de baja demanda prevista. Esa decisión operativa —que en su momento pudo parecer eficiente o se debió a otros factores— evidenció sus límites en un sistema con elevada penetración renovable y menor inercia. Lo paradójico es que, en los meses posteriores, esta infravaloración se ha traducido en una suerte de excusatio non petita, accusatio manifesta: un giro hacia una «operación reforzada» mucho más conservadora que, en la práctica, ha trasladado al conjunto del sistema un sobrecoste superior a los 2.000 millones de euros, del cual desconocemos qué análisis coste-beneficio se ha realizado.

Resulta llamativo que, un año después, el debate público siga orbitando en torno a hipótesis técnicas fragmentadas mientras se elude la discusión de si el diseño regulatorio y de incentivos está alineado con las necesidades de un sistema dominado por renovables intermitentes. Informes de organismos como la CNMC o el ministerio han aportado diagnósticos relevantes, pero su traslación a decisiones operativas y normativas sigue siendo parcial y, en ocasiones, excesivamente lenta.

La experiencia internacional, canalizada a través de ENTSO-E, apunta a que los sistemas eléctricos que avanzan hacia una alta penetración renovable requieren no solo más capacidad instalada, sino también más flexibilidad, más inercia sintética y mejores mecanismos de control en tiempo real. Esto implica inversiones, sí, pero también redefinir responsabilidades y exigir niveles de desempeño más estrictos al operador del sistema.

Recordar lo obvio, un año después, no debería ser un ejercicio retórico, sino una llamada a la acción. El apagón no fue un accidente aislado, sino una señal de advertencia. Insistir en explicaciones simplistas o en disputas de atribución solo retrasa lo imprescindible, como es, por un lado, no dejarse manipular por directrices políticas, haciendo la mezcla de energías con el máximo rigor y profesionalidad con la que se había hecho hasta la fecha; y, por otro lado, adaptar el sistema eléctrico a la realidad que ya tenemos encima. Porque la verdadera pregunta no es qué ocurrió aquel 28 de abril, sino cuántas veces más estamos dispuestos a correr el riesgo de que vuelva a ocurrir antes de hacer los cambios necesarios.