Fondos europeos y presupuesto paralelo

La aprobación de la revisión de la Cuenta General del Estado de 2024 por parte del Tribunal de Cuentas ha puesto en conocimiento público algo que los economistas estábamos viendo en cada ejecución presupuestaria publicada por la IGAE: los cambios entre partidas de los Presupuestos prorrogados desde 2023, sin límite, medida, fiscalización ni aprobación por el Parlamento, hasta el extremo de mover dinero de partidas íntegramente finalistas, como los fondos europeos, para hacer pagos como las transferencias periódicas del Tesoro a la caja de la Seguridad Social.

La ausencia de presupuestos actualizados, incumpliendo el mandato constitucional de presentar un proyecto de cuentas públicas al menos tres meses antes de finalizar el período de vigencia del presupuesto, obliga al Gobierno a hacer continuas modificaciones de crédito y transferencias no solo entre programas, sino incluso entre capítulos, sirviéndose de una habilitación especial consignada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la cual estableció en el artículo 9 la potestad del Ejecutivo de efectuar transferencias entre secciones, incluso saltando por encima de las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria.

Gracias a esta norma aprobada durante la covid y renovada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Gobierno hace y deshace exigiendo a quien no esté allí que haga un «acto de fe» sobre el uso, conveniencia, eficiencia y efectos de aquello que el Gobierno entiende necesario. Por mucho que algunas de las modificaciones introducidas hayan sido necesarias (por ejemplo, el incremento en el gasto en Defensa), ello no habilita a un Gobierno a eludir los preceptivos controles. Menos aún en un Estado de Derecho que se fundamenta desde hace siglos en la necesidad de que exista una restricción presupuestaria.

Esta situación excepcional se ha mantenido en el tiempo y abarca todas las partidas, incluidos los fondos Next Generation. No solo el Gobierno dispone de un dinero en una cuantía muy relevante, sino que, además, se sirve de un decalaje muy considerable en el tiempo entre cuando el Estado recibe el dinero proveniente de Europa y cuando este dinero es efectivamente transferido a los niveles de administración que convocan los concursos y ordenan los pagos a los beneficiarios finales. Es, dicho de otra forma, una suerte de financiación gratis (a tipo de interés cero), la cual, si no existiera, tendría que ser obtenida en el mercado a un tipo de interés que desde luego no sería cero.

A ello se añade el enorme volumen de recursos vía incrementos de recaudación fiscal que, año a año, recibe el Gobierno Sánchez-Díaz, proveniente, entre otras fuentes, de no ajustar los impuestos a la inflación. Con todo ello no solo se pueden hacer transferencias de crédito, sino también ampliaciones de créditos presupuestarios, creando poco a poco una suerte de «presupuesto paralelo» sin el preceptivo control de las Cortes Generales en un sistema democrático en el que funcionen los contrapesos más elementales, cuyo importe en 2025 superó los 77.000 millones de euros.

En el acumulado 2019-2025, extractando los datos publicados por la AIReF, Hacienda ha recaudado a través del IRPF 2 puntos de PIB solo por el efecto de la inflación. En el caso del IVA ha sido de 1,3 puntos y en el impuesto de Sociedades fue de 0,5 puntos. Tanto los Impuestos Especiales como otras figuras tributarias no supusieron incremento neto de recaudación por efecto de los precios durante el período. En total son 3,8 puntos de PIB que, convertidos a euros, son 54.218 millones de euros.

¿Hasta cuándo será posible mantener esta elasticidad aparentemente sin límite de la política fiscal? Por el lado de los ingresos, el horizonte es claro: en 2026 se seguirán haciendo pagos de los fondos Next Gen y la recaudación seguirá funcionando bien. Con lo cual, el único freno puede venir del lado jurídico, tanto si es nacional como, especialmente, europeo. No sería la primera vez (ni será la última) que Bruselas advierte de los usos y costumbres de los diferentes gobiernos con la gestión de una caja que debería ser financieramente independiente (y así figura en el Sistema de Cuentas Nacionales), como la Seguridad Social. Pero mezclar esto, que ya era discutible antes, con los fondos europeos y, más aún, teniendo en cuenta los resultados reales que estamos obteniendo en impacto sobre la inversión productiva y el crecimiento potencial, se convierte en un problema de primer orden.

Además de la voz de alarma que puedan dar las instituciones fiscalizadoras de la labor gubernamental, es urgente una labor pedagógica hacia los ciudadanos. Mientras tenemos la sensación de que el dinero es infinito, nadie quiere ver las consecuencias que a largo plazo tiene una conducta tan irresponsable. Hasta el punto de pensar que, si el comportamiento de la economía es bueno, ¿para qué necesitamos que haya Presupuestos?

Da igual el comportamiento económico. Es una cuestión básica de rendición de cuentas y de frenar al Gobierno en aquello que no debe hacer. Informar (por ejemplo, a través de las ejecuciones mensuales) no es someterse al control de las Cortes Generales, donde reside la soberanía popular. Es necesario intervenir a tiempo, tener derecho de veto y dar la oportunidad a la ciudadanía de contar con gobiernos estables a la luz de ver si son capaces o no de aprobar una guía clara de política fiscal. La aprobación de la revisión de la Cuenta General del Estado de 2024 por parte del Tribunal de Cuentas ha puesto en conocimiento público algo que los economistas estábamos viendo en cada ejecución presupuestaria publicada por la IGAE: los cambios entre partidas de los Presupuestos prorrogados desde 2023, sin límite, medida, fiscalización ni aprobación por el Parlamento, hasta el extremo de mover dinero de partidas íntegramente finalistas, como los fondos europeos, para hacer pagos como las transferencias periódicas del Tesoro a la caja de la Seguridad Social.

La ausencia de presupuestos actualizados, incumpliendo el mandato constitucional de presentar un proyecto de cuentas públicas al menos tres meses antes de finalizar el período de vigencia del presupuesto, obliga al Gobierno a hacer continuas modificaciones de crédito y transferencias no solo entre programas, sino incluso entre capítulos, sirviéndose de una habilitación especial consignada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la cual estableció en el artículo 9 la potestad del Ejecutivo de efectuar transferencias entre secciones, incluso saltando por encima de las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria.

Gracias a esta norma aprobada durante la covid y renovada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Gobierno hace y deshace exigiendo a quien no esté allí que haga un «acto de fe» sobre el uso, conveniencia, eficiencia y efectos de aquello que el Gobierno entiende necesario. Por mucho que algunas de las modificaciones introducidas hayan sido necesarias (por ejemplo, el incremento en el gasto en Defensa), ello no habilita a un Gobierno a eludir los preceptivos controles. Menos aún en un Estado de Derecho que se fundamenta desde hace siglos en la necesidad de que exista una restricción presupuestaria.

Esta situación excepcional se ha mantenido en el tiempo y abarca todas las partidas, incluidos los fondos Next Generation. No solo el Gobierno dispone de un dinero en una cuantía muy relevante, sino que, además, se sirve de un decalaje muy considerable en el tiempo entre cuando el Estado recibe el dinero proveniente de Europa y cuando este dinero es efectivamente transferido a los niveles de administración que convocan los concursos y ordenan los pagos a los beneficiarios finales. Es, dicho de otra forma, una suerte de financiación gratis (a tipo de interés cero), la cual, si no existiera, tendría que ser obtenida en el mercado a un tipo de interés que desde luego no sería cero.

A ello se añade el enorme volumen de recursos vía incrementos de recaudación fiscal que, año a año, recibe el Gobierno Sánchez-Díaz, proveniente, entre otras fuentes, de no ajustar los impuestos a la inflación. Con todo ello no solo se pueden hacer transferencias de crédito, sino también ampliaciones de créditos presupuestarios, creando poco a poco una suerte de «presupuesto paralelo» sin el preceptivo control de las Cortes Generales en un sistema democrático en el que funcionen los contrapesos más elementales, cuyo importe en 2025 superó los 77.000 millones de euros.

En el acumulado 2019-2025, extractando los datos publicados por la AIReF, Hacienda ha recaudado a través del IRPF 2 puntos de PIB solo por el efecto de la inflación. En el caso del IVA ha sido de 1,3 puntos y en el impuesto de Sociedades fue de 0,5 puntos. Tanto los Impuestos Especiales como otras figuras tributarias no supusieron incremento neto de recaudación por efecto de los precios durante el período. En total son 3,8 puntos de PIB que, convertidos a euros, son 54.218 millones de euros.

¿Hasta cuándo será posible mantener esta elasticidad aparentemente sin límite de la política fiscal? Por el lado de los ingresos, el horizonte es claro: en 2026 se seguirán haciendo pagos de los fondos Next Generation y la recaudación seguirá funcionando bien. Con lo cual, el único freno puede venir del lado jurídico, tanto si es nacional como, especialmente, europeo. No sería la primera vez (ni será la última) que Bruselas advierte de los usos y costumbres de los diferentes gobiernos con la gestión de una caja que debería ser financieramente independiente (y así figura en el Sistema de Cuentas Nacionales), como la Seguridad Social. Pero mezclar esto, que ya era discutible antes, con los fondos europeos y, más aún, teniendo en cuenta los resultados reales que estamos obteniendo en impacto sobre la inversión productiva y el crecimiento potencial, se convierte en un problema de primer orden.

Además de la voz de alarma que puedan dar las instituciones fiscalizadoras de la labor gubernamental, es urgente una labor pedagógica hacia los ciudadanos. Mientras tenemos la sensación de que el dinero es infinito, nadie quiere ver las consecuencias que a largo plazo tiene una conducta tan irresponsable. Hasta el punto de pensar que, si el comportamiento de la economía es bueno, ¿para qué necesitamos que haya Presupuestos?

Da igual el comportamiento económico. Es una cuestión básica de rendición de cuentas y de frenar al Gobierno en aquello que no debe hacer. Informar (por ejemplo, a través de las ejecuciones mensuales) no es someterse al control de las Cortes Generales, donde reside la soberanía popular. Es necesario intervenir a tiempo, tener derecho de veto y dar la oportunidad a la ciudadanía de contar con gobiernos estables a la luz de ver si son capaces o no de aprobar una guía clara de política fiscal.