La regularización como ejemplo de improvisación política
«La regularización extraordinaria no es una solución, es un síntoma de un país que sigue sin atreverse a abordar sus reformas estructurales»
Ilustración generada mediante IA.
El Gobierno de España ha tomado una deriva muy preocupante: sustituir la planificación por la improvisación. Así se pone de manifiesto con la reciente propuesta de regularización extraordinaria de inmigrantes. Estamos ante un parche coyuntural que no responde a las necesidades reales del mercado laboral ni a una estrategia de país.
España no necesita medidas puntuales que generen titulares efectistas, populistas y arbitrarios que generen caos. España necesita una política migratoria coherente, alineada con su estructura productiva, su demografía y sus sectores estratégicos. La regularización extraordinaria, lejos de resolver el problema, lo pospone y, en algunos casos, lo agrava.
Esta regularización es una más de las políticas del Gobierno orientadas a favorecer el crecimiento de la cifra de personas necesitadas de subsidios, que pagan con su esfuerzo los trabajadores y las empresas. Se menoscaba así el Estado de bienestar y la productividad, lo que perjudica a los más vulnerables y genera nichos crecientes de pobreza y rechazo a los extranjeros.
Desde el mundo empresarial llevamos muchos años advirtiendo de una desconexión preocupante entre las decisiones públicas y la realidad económica. Las empresas españolas compiten en mercados globales, operan bajo presión regulatoria y afrontan retos como la digitalización o la escasez de talento cualificado. En este contexto, lo que se necesita es previsibilidad y planificación.
Regularizar de forma masiva sin criterios vinculados al empleo efectivo, la cualificación o las necesidades sectoriales transmite un mensaje preocupante y es que la política migratoria se gestiona al margen de la economía real. Y no es así. Países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Reino Unido han avanzado hacia modelos basados en sistemas de puntos, cupos sectoriales o mecanismos flexibles adaptados a la demanda empresarial. España, en cambio, vuelve a optar por una solución reactiva y de espaldas a la realidad.
«Las regularizaciones extraordinarias no sustituyen a una política migratoria ordenada y pueden generar incentivos perversos»
Las críticas no se limitan al ámbito empresarial. Organismos como la OCDE, el Banco de España o centros de análisis como FEDEA o el Real Instituto Elcano advierten desde hace años de que las regularizaciones extraordinarias no sustituyen a una política migratoria ordenada y pueden generar incentivos perversos si no se acompañan de una estrategia vinculada al empleo.
Además, este tipo de medidas pueden tener efectos contraproducentes sobre la cohesión social y el propio mercado de trabajo. Sin una integración adecuada, sin formación y sin una conexión clara con sectores demandantes de mano de obra, el riesgo es cronificar situaciones de precariedad en lugar de resolverlas.
El problema de fondo es más amplio. Forma parte de una manera de entender la política económica basada en el corto plazo. España necesita recuperar la credibilidad económica a través de políticas serias, previsibles y orientadas a la competitividad.
Desde las empresas echamos de menos diálogo social, el acuerdo político y lealtad institucional con las comunidades autónomas, responsables de la gestión de las carteras de servicios sociales y sanidad, que se verán muy tensionadas en los próximos meses.
La regularización extraordinaria no es una solución, es un síntoma de un país que sigue sin atreverse a abordar sus reformas estructurales. Y mientras tanto, las empresas continúan esperando algo mucho más sencillo: sentido común, planificación y visión de futuro.