Doblar la apuesta
«El tiempo dirá si España conserva la suficiente energía para poner fin a un período contrario a los intereses mayoritarios o si nuestra moral cívica se ha rendido»

Ilustración generada mediante IA.
En democracia, cuando un Gobierno se encuentra ante situaciones imprevistas e incontrolables, caben dos actitudes: la primera es la más sensata, atenerse a las reglas de fondo del sistema y admitir el problema, el fracaso en su caso; la segunda es una respuesta temeraria, enfrentarse a todo doblando la apuesta, lo que, es evidente, equivale a negar cualquier validez a una lógica política que implica que la legitimidad del poder no depende del poder mismo, sino de factores que lo limitan.
En España la falta de tradición sólidamente democrática y liberal ha hecho posible que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda que la solución de sus desastres consista en prolongar ocho años más su gobierno progresista. Ello supone la traducción política del sádico refrán que recomienda «al que no quiera caldo, dos tazas».
Repasemos algunos de los datos clave que definen la deficiente legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez:
1. Lleva tres años sin presentar Presupuestos al Congreso, lo que es contrario a la Constitución y parece servirle para manejar los dineros públicos a su antojo.
2. Es absolutamente incapaz de aprobar leyes porque apañó su investidura con los votos de grupos que jamás buscarán otra cosa que el beneficio egoísta de sus provincias y no tienen el menor interés en regulaciones generales que no les otorguen favores de excepción.
3. Con el apoyo de estos grupos contrarios al orden constitucional y al sentir mayoritario de los españoles, ha aprobado leyes, como la amnistía a los golpistas catalanes, por completo opuestas a sus promesas electorales.
4. En política exterior —que debiera subordinarse a intereses de Estado, con frecuencia inmemoriales—, ha impuesto exigencias de su supervivencia personal, como ha ocurrido, por ejemplo, con la humillante y continuada sumisión de nuestra posición internacional a los intereses marroquíes.
5. Ha pervertido las instituciones básicas de la democracia, privando al Poder Legislativo de cualquier autonomía política y, derrotado en su intento de controlar por completo el Tribunal Supremo, ha reducido al Tribunal Constitucional a ser una cámara dedicada a anular las sentencias de aquel si contravienen sus conveniencias.
6. El PSOE, que fue uno de los dos pilares del sistema constitucional, se ha visto arrasado en su función política bajo el poder omnímodo de Pedro Sánchez, quien, además, ha convertido en paja la independencia institucional de las comunidades autónomas nombrando a alguno de sus numerosos ministros para encabezar las listas electorales, por cierto, sin el menor éxito.
A todo ello hay que añadir decenas de acciones políticas muy nocivas, como las chapuceras regulaciones de emigrantes, las tramposas estadísticas del paro, sus presuntuosas e ineficaces políticas feministas o el evidente deterioro de las economías familiares, además de la insoportable atmósfera de corrupción que le rodea, con sus primeros colaboradores a punto de condena penal o sus más directos familiares empeñados en sacar tajada de su poder político.
Ante este panorama, que arruinaría la moral de cualquiera, y no es que la de Sánchez esté intacta, nuestro presidente de Gobierno trata de huir hacia delante, presentándose como un titán capaz de soportar y vencer «la ola ultraderechista internacional» y a las campañas «de la derecha y la ultraderecha» contra su Gobierno, por decirlo con sus palabras.
«El sistema constitucional ha permitido a Sánchez soportar un cuadro tan adverso porque está pensado para evitar la inestabilidad política»
Por desgracia, el sistema constitucional español ha permitido a Pedro Sánchez soportar un cuadro tan adverso porque está pensado para evitar la inestabilidad política, un miedo inoculado por la retórica franquista contra la perversidad de los partidos, de modo que el Congreso solo puede destituir al presidente del Gobierno mediante un voto de censura constructiva que, en la práctica, resulta inviable tras haber amarrado una investidura contraria a intereses vitales de una mayoría muy amplia de ciudadanos.
El otro factor que favorece la patológica situación política que padecemos es el carácter maniqueo de un cierto sector de los electores y, en particular, de buena parte de los seguidores de los partidos políticos de izquierda que se han acostumbrado a creerse por encima de cualquiera de las instituciones de la democracia liberal, sosteniendo que se encuentran «del lado correcto de la historia».
En este punto hay que reconocer que hemos mejorado respecto al franquismo que gobernaba «ante Dios y ante la historia». No estamos en una teocracia, pero esta clase de personas no se fía de la opinión del ciudadano, que es lo esencial en una democracia, sino de la supuesta superioridad de sus valores que ningún voto podría destruir y, de ahí, por cierto, que se lancen a tomar las calles no ya cuando pierden las elecciones, sino cuando temen que suceda, como está ocurriendo ahora mismo en Andalucía.
Ante un cuadro semejante, es comprensible que haya quienes se teman que la democracia misma está en riesgo y que Sánchez y los suyos sean capaces de asestarle un golpe definitivo que permita establecer el principio orwelliano de que «si la izquierda gana, perfecto y, si no es así, se aplica el principio que establece que la izquierda debe estar para siempre en el gobierno», de modo que cuando Pedro Sánchez se adjudica dos nuevas legislaturas, solo está anunciando una primera fase del carácter intemporal de su magistratura, como se decía de Franco, por cierto.
«Hay que confiar en que los jueces y la prensa independiente cumplan sin miedos con su misión»
¿Qué se puede invocar para no incurrir en la desesperación frente al deterioro continuado de nuestra débil democracia? En primer lugar, la esperanza en que se respete el mandato de convocar elecciones, con toda probabilidad más tarde de lo deseable, que deberán otorgar el gobierno a otra fuerza política que sea capaz de restaurar el edificio deteriorado.
Antes de que eso ocurra, hay que confiar en que los jueces y el resto de los funcionarios públicos, civiles y militares, cumplan sin miedos con su misión, como vienen haciéndolo hasta ahora. Y que la prensa independiente siga informando de lo que el Gobierno trata de ocultar para que muchos ciudadanos puedan revisar serenamente el sentido de su voto, aprendiendo a discernir lo que cuenta el Gobierno de lo que efectivamente ocurre.
El tiempo dirá si España conserva la suficiente energía como para poner fin a un período agotado y contrario a los intereses mayoritarios o si nuestra moral cívica se ha rendido, una vez más, al servicio del poder y de los supuestos favores que se nos otorgan por ser mansos y crédulos con los gobiernos en lugar de ser exigentes y críticos con lo que en verdad hacen con nuestros impuestos.