El juicio a David Sánchez sepulta sus opciones de salir indemne

Esta semana ha resultado clave en el desarrollo del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en relación con la plaza que se habría creado ad hoc para él en la Diputación de Badajoz, entonces gobernada por el PSOE. Los interrogatorios practicados a testigos y acusados no parecen haber beneficiado a la estrategia de defensa, en un procedimiento que quedará visto para sentencia la próxima semana. De hecho, como consecuencia de la evolución del juicio, la mayoría de las acusaciones populares han elevado de tres a seis años la petición de condena para David Azagra —nombre artístico del hermano de Pedro Sánchez—, al considerar que existen elementos suficientes para sostener una responsabilidad penal más grave de la inicialmente planteada.

El arranque del juicio oral ofreció un espejismo de tranquilidad para los intereses de los procesados que no tardaría en desvanecerse. Aunque el primer día de testificales parecía que todo giraba a favor de los once acusados —entre los que también se encuentra el expresidente de la Diputación pacense y excandidatos del PSOE a las elecciones en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo—, el escenario cambió por completo al profundizar en las declaraciones clave. La atención de la jornada inaugural se centró en la comparecencia de Evaristo Valentí, exdirector del Conservatorio Superior Bonifacio Gil, y la directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz, Yolanda Sánchez.

Ambos cargos de la estructura musical y educativa de la provincia se mostraron contundentes en la fase de instrucción en la que se aseguró que antes de que se adjudicara el puesto ya se sabía que era para David Sánchez. La instrucción penal había dejado constancia de un rastro documental aparentemente irrefutable sobre la presunta naturaleza teledirigida del proceso de selección. De hecho, Valentí envió un correo electrónico a su homóloga, Yolanda, el 19 de mayo de 2017, antes de que se convocara la plaza, con el asunto «el hermanísimo». Este correo electrónico se convirtió desde el inicio de las investigaciones en la principal arma de las acusaciones para demostrar la existencia de una trama predeterminada para otorgar el puesto de alta dirección al hermano del jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, el escenario sufrió una notable modulación cuando los testigos se sentaron en el banquillo frente al tribunal de la sección penal. Durante el juicio, los dos responsables rebajaron esa acusación y explicaron que existía «un rumor» con que se iba a presentar a la plaza, pero no que sería para él. Las defensas de los acusados aprovecharon esta matización de inmediato, reduciendo el polémico correo a mera conjetura o comidilla de pasillo entre compañeros de trabajo dentro del ámbito cultural pacense.

Además, en ese mismo día de vista, el tribunal decidió exonerar a David Sáchez del delito de aceptación de nombramiento ilegal, el más leve, porque consideraba que estaba prescrito, y a Gallardo del delito por la contratación al hermano del líder del Ejecutivo porque no le preguntaron por él durante la fase de instrucción. El primer día de testificales fue un balón de oxígeno para los acusados. El segundo invirtió la situación.

«Me dijeron que el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez»

La segunda jornada de declaraciones cambió por completo la atmósfera del tribunal y desmanteló la estrategia de normalidad institucional que intentaban proyectar las defensas de los miembros de la Diputación de Badajoz. Llegó el turno de una de las candidatas que optó al puesto de alta dirección adjudicado a David Sánchez el 30 de junio de 2017, cuando Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE tras celebrarse las primarias. La comparecencia de esta aspirante —cuya cualificación técnica y experiencia profesional constaban debidamente acreditadas en el expediente del concurso— aportó una carga de profundidad devastadora contra la limpieza del proceso selectivo.

La candidata Cristina de Frutos aseguró que tres días antes de presentarse a la entrevista del 27 de junio, un compañero le escribió un mensaje de WhatsApp en el que le dijo que «el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez», el actual presidente del Gobierno. Recibido en los días previos a la evaluación formal de los candidatos, este mensaje parecería confirmar que el presunto favoritismo era un secreto a voces en determinados círculos sectoriales, mucho antes de que el tribunal calificador emitiera su dictamen oficial. La testigo relató ante los magistrados la sorpresa e incredulidad inicial que le produjo aquella comunicación: «Yo pregunté quién era, pensando que era alguien de nuestro entorno, y me mandó una foto de Pedro Sánchez. Decidí no presentarme, pero recibí una llamada de la Diputación y me dijeron que estaba muy bien valorada y que les interesaba mi proyecto y por eso fui».

De Frutos desgranó las flagrantes anomalías que, según su testimonio, rodearon la ejecución material de las pruebas de selección. Lejos de encontrarse con un proceso de evaluación riguroso, competitivo y exhaustivo, acorde a las exigencias de un puesto de alta dirección en una administración pública, la realidad de la entrevista resultó radicalmente distinta. Explicó que duró unos 15 minutos y el tribunal examinador no hizo ni una sola pregunta. El contraste entre la pantomima de su evaluación y la posterior justificación oficial del nombramiento de David Sánchez terminó por confirmar las peores sospechas de la aspirante. Manifestó que cuando vio que el hermano del actual presidente del Gobierno había resultado elegido por haber respondido muy bien a las preguntas, ella entendió en ese momento que se había producido un agravio comparativo, porque ella no había tenido la posibilidad de responder a ninguna cuestión: no le formularon ninguna. La indefensión y la arbitrariedad del proceso quedaron resumidas en una frase final que resonó con fuerza en la sala del tribunal: «Sentí que no había igualdad de oportunidades».

El testimonio de Cristina de Frutos ha alterado sustancialmente la valoración de la prueba de carga de la que disponen las acusaciones particulares y populares. En el ámbito del derecho penal administrativo, demostrar la existencia de una prevaricación en un proceso de selección de personal requiere evidenciar que la resolución adoptada no solo fue injusta, sino que los responsables actuaron a sabiendas de su ilegalidad, dictando una resolución arbitraria que postergó los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. La revelación de que una candidata cualificada fue citada para mantener una entrevista de apenas 15 minutos en la que el tribunal calificador guardó absoluto silencio, sumada a la posterior motivación del nombramiento basada en la «excelencia de las respuestas» del candidato seleccionado, constituye un indicio de una presunta simulación procedimental.

Otra de las cuestiones fundamentales que se están dirimiendo en la vista oral es por qué no se convocó de manera pública la plaza de responsable de la Oficina de Artes Escénicas, el segundo cargo de relevancia que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz tras reincorporarse a su actividad laboral al finalizar una baja de paternidad. Las defensas de los encausados se parapetan bajo el argumento técnico de que se trata, en esencia, del mismo puesto que le había sido adjudicado en 2017 como director de los conservatorios, sosteniendo que la administración simplemente procedió a realizar un cambio en la nomenclatura corporativa.

La declaración del testigo Ángel Seco, técnico de formación del Área de Cultura de la institución provincial, sin embargo, puso esta versión oficial en tela de juicio. Seco detalló las funciones específicas que desempeñaba dentro del programa Ópera Joven, una ambiciosa iniciativa musical que comenzó a gestarse en 2018 bajo el impulso directo de David Sánchez, cuando aún ejercía formalmente como coordinador de actividades de los conservatorios. La labor principal de Seco consistía en la gestión técnica y el control de los expedientes de licitación para las óperas y el resto de las actividades paralelas vinculadas a este proyecto. Como ejemplo de la dinámica, mencionó la licitación de la conocida ópera Carmen, producción en la que él redactó los pliegos de condiciones técnicas, basándose de manera estricta en las características artísticas y las actividades didácticas transmitidas directamente por la dirección del área y la jefatura de servicio.

La explicación de Seco aclaró la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas en el organigrama del área de Cultura, relacionándola directamente con funciones totalmente distintas a la mera coordinación de conservatorios que ocupaba David Sánchez con anterioridad. De su declaración judicial se desprende, por tanto, que no se trataba en absoluto de una simple continuidad o unificación de un mismo puesto, sino de una plaza de nueva creación que requería un procedimiento de cobertura independiente.

La declaración de Antonio Balas

çPor su parte, la declaración del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, encargado directo de dirigir la instrucción, resultó verdaderamente demoledora para los intereses de los acusados. El mando afirmó con rotundidad en la sala que la plaza que presuntamente se amañó para el hermano del presidente del Gobierno se concibió «en un nivel superior», apuntando de forma directa en la autoría intelectual al exlíder del PSOE de Extremadura, el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La comparecencia del teniente coronel durante toda la mañana del miércoles sirvió para desgranar ante el tribunal el constante trasiego de correos electrónicos intercambiados por los cargos provinciales durante los meses previos a la creación de la polémica plaza. El investigador detalló un extremo clave que también ha sido refrendado de forma unánime en sede judicial por los propios responsables del departamento de Recursos Humanos de la Diputación.

Y es que, en un primer momento, los técnicos remitieron a Gallardo una lista detallada de una treintena de cargos estructurales que consideraban estrictamente necesarios nombrar en el área de Cultura, bajo el asunto genérico de «reestructuración». Al recibir la propuesta, el exlíder socialista y expresidente de la Diputación se quejó formalmente por el elevado impacto presupuestario y alegó formalmente que la corporación no podía asumir tales contrataciones de personal. Ante esta negativa, el área de Recursos Humanos le aclaró que no se trataba de nuevas incorporaciones externas que generaran un gasto extra, sino de una simple reestructuración interna que afectaba a personas que ya se encontraban trabajando en la plantilla fija de la Diputación. En definitiva, se trataba solo de reorganizar los recursos existentes. Teniendo en cuenta este antecedente, el hecho de que más tarde se decidiera convocar de manera urgente un puesto de nueva creación de alta dirección —más de diez años sin ocuparse dentro del organismo pacense y que ni siquiera figuraba entre las prioridades solicitadas por los jefes de servicio— fue un acontecimiento anómalo que llamó poderosamente la atención de los investigadores de la Guardia Civil.

De hecho, los especialistas de la UCO plasmaron esta tesis delictiva en un detallado informe fechado en noviembre de 2024, donde se subraya explícitamente que «pese a que las propuestas que se elaboraron no contemplaron en ningún momento la necesidad de la creación de un puesto de alta dirección» para coordinador de los Conservatorios provinciales, «y pese al parecer del presidente [Gallardo] sobre lo excesivo» de la propuesta, «tres días más tarde» —el 8 de octubre de 2016— el jefe del Servicio de Recursos Humanos envió un correo a otros tres altos cargos locales «donde [se incluyó] documentación sobre la creación de un puesto de alta dirección en el seno del Conservatorio Superior de música». Por todo ello, el teniente coronel Balas concluyó su comparecencia ratificando las conclusiones del informe policial ante el tribunal: «Lo que vemos en nuestra actuación en esta causa es que la necesidad, que ese cargo de puesto directivo, no nace en el área de Cultura, sino que viene impuesto desde las altas instancias de la Diputación».

David Sánchez y la oficina sin «ventanilla»

La declaración del hermano del presidente del Gobierno no convenció a los presentes en la sala. El interrogatorio, que duró apenas unos diez minutos, se limitó a intentar ubicar físicamente el despacho de la Oficina de Artes Escénicas; una pregunta que el acusado no había sabido responder en su declaración previa ante la jueza instructora Beatriz Biedma. La explicación que ofreció en esta ocasión ante el tribunal de la Audiencia Provincial fue un tanto rocambolesca. El acusado explicó que utilizaba «despachos comunes» y que «no era entendido como una oficina con ventanilla, un edificio físico». Durante su corta comparecencia, el hermano de Sánchez titubeó y dudó en sus aclaraciones en varias ocasiones, como cuando explicó que «entendía» que el despacho común estaba dentro de los Servicios Centrales, en Plaza de España, o que el despacho no era un «edificio, sino una categoría administrativa». Esta falta de concreción geográfica y funcional alimentó las sospechas de las acusaciones sobre la posible inexistencia de una actividad laboral efectiva y presencial en Badajoz.

El acusado tampoco supo explicar de forma coherente el contenido del correo electrónico enviado a su amigo íntimo y exasesor en el Palacio de la Moncloa, Luis Carrero. Se trata de otro de los acusados en el procedimiento, quien consiguió el cargo de jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en el Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz. El hermano del presidente del Ejecutivo admitió mantener un vínculo estrecho de larga duración con él: «Sí, tengo una amistad con él desde hace tiempo. Teníamos una colaboración laboral. Él me ayudaba a redactar mejor mis ideas». Según ha remarcado el hermano del presidente, esta asistencia por parte de Carrero se prestaba «de manera desinteresada», concluyendo así el bloque de preguntas en torno al contenido del «correo electrónico que le manda a Luis Carrero».

Con respecto al correo electrónico en el que ambos hablaban de la adjudicación de la plaza justo cuando se acababan de publicar las bases oficiales, el hermano de Sánchez justificó el mensaje asegurando: «En septiembre de 2023, yo empiezo a escuchar en los pasillos que va a haber una plaza y le digo que esté atento por si le interesa. A los dos meses él me dice que la plaza ya estaba. Entonces, yo equivoqué que la plaza ya estaba convocada con la adjudicación». A pesar de este intento de atribuir el contenido a una confusión terminológica personal, lo cierto es que la contestación de Luis Carrero a David Sánchez no deja margen a la duda ni encaja con un simple error de fechas.

El rastro documental aportado a la causa muestra cómo David Sánchez le contesta un mensaje a su amigo Carrero que dice así: «Ohhh! Eres mi primera lectura de la mañana. ¡qué mano tienes! ?? GRACIAS. El dla 6 es el acto de presentación de opera Joven. Yo llegaré el 5 por la noche y marcho el 6. En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Ve avisándome para que me organice. quiero estar por Madrid por entonces. Un beso ?? [sic]». La respuesta de su amigo Luis Carrero es todavía más explícita y comprometedora para la línea de defensa: «Gracias, hermanito!! De la Incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre? Tú ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo… En Moncloa ya solté la liebre, pero al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra, no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto. ¿Ya te pasaron el presupuesto??? [sic]».

Este revelador intercambio de mensajes de texto tuvo lugar 23 días antes de que se publicaran las bases de la convocatoria oficial (cuya fecha de registro consta el 22 de noviembre de 2023). Por lo tanto, si David Sánchez se hubiese equivocado realmente entre la publicación de la convocatoria y la adjudicación final de la plaza, su interlocutor se lo habría aclarado en la propia contestación en lugar de detallarle cuándo vendría a Badajoz y qué directrices manejaba. Además, la carga de prueba resulta palmaria al confirmarse que el correo electrónico fue enviado antes incluso de convocarse de manera formal la citada plaza pública.

Otro de los elementos sospechosos que se han puesto de manifiesto a lo largo del procedimiento es la sorprendente celeridad con la que se habría tramitado la homologación del título académico de David Sánchez, expedido por el Conservatorio Estatal N. A. Rimski-Kórsakov de San Petersburgo. En este caso concreto, un trámite burocrático de tal envergadura se resolvió en el tiempo récord de apenas una semana con el fin de que pudiera ser computado a tiempo para la adjudicación de la plaza en Badajoz. Sin embargo, como quedó acreditado en sede judicial por el exdirector del conservatorio, Evaristo Valentí, este tipo de procesos administrativos de convalidación internacional de ninguna manera se resuelven con semejante agilidad, sino que el Ministerio de Educación suele requerir de varios meses e incluso años para completarlos de manera ordinaria.

Por otro lado, las acusaciones han puesto el foco en una llamativa alteración documental detectada en el expediente relativo a la plaza de David Sánchez. En un primer momento, las actas originales reflejaban que el único candidato seleccionado a lo largo del proceso había sido el hermano del presidente del Gobierno. No obstante, en la causa penal figura la existencia de un segundo expediente modificado en el que, formalmente, constan seis aspirantes admitidos y donde, de forma providencial, tras la realización de la entrevista personal, es el propio David Sánchez quien termina obteniendo la mayor puntuación de la convocatoria.