La Fiscalía sale al rescate del hermano de Sánchez: «Hay que excluirle del juicio»

Una vez más la Fiscalía sale al rescate del Gobierno. En esta ocación, el Ministerio Público ha solicitando formalmente la exclusión definitiva del banquillo de los acusados de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la causa donde se investiga su polémico fichaje por la Diputación de Badajoz. Según la representante de la Fiscalía, se ha adherido explícitamente a la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del hermano del líder socialista. La acusación pública defiende que el delito de aceptación de un nombramiento ilegal establecido en el artículo 406 del Código Penal «es un delito leve» que acarrea únicamente una pena de «multa de tres a ocho meses». En este sentido, la Fiscalía subraya el factor temporal como cortafuegos jurídico: dicha infracción penal «prescribe al año», por lo que el recorrido punitivo contra David Sánchez está completamente extinguido. «No se desprende ningún indicio de conexidad material ni de continuidad delictiva… Es un delito que no es vicario, por tanto puede ser enjuiciado de forma independiente», sostiene el Ministerio Público para exigir que se le libre del banquillo.

La estrategia del Ministerio Fiscal pasa por desgajar por completo la actuación de David Sánchez de los posibles desmanes cometidos por los altos cargos de la Diputación pacense en la confección de su puesto laboral. La Fiscalía argumenta que se debe deslindar la participación del hermano del presidente de los presuntos delitos de prevaricación administrativa por los que también se sigue la causa. Para la acusación, el acto de aceptar el cargo constituye un «delito instantáneo» y netamente diferenciado de la prevaricación de origen. El escrito defiende ante el tribunal que se trata de «supuestos diferentes» donde, si bien uno pudo ser consecuencia del otro, no existió en ningún momento «connivencia» ni pacto delictivo mutuo. Al no existir un carácter vicario en la conducta del imputado, la Fiscalía insiste en que puede ser apartado de forma independiente y reclama un auto de sobreseimiento libre.

De forma paralela, la ofensiva de la Fiscalía no solo blinda al hermano de Pedro Sánchez, sino que también se extiende a la situación procesal del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. El Ministerio Público se ha alineado con las quejas de la defensa denunciando una grave falta de imputación formal y una vulneración palmaria del derecho fundamental a la defensa. La fiscal alega que a Gallardo se le introdujeron hechos nuevos de forma «sorpresiva» en el auto de procedimiento abreviado con respecto a la creación específica del puesto de David Sánchez, sin haber sido oído en declaración por ello en la fase de instrucción. «Nadie puede ser acusado sin que se le haya oído», recalca el argumentario fiscal, que concluye exigiendo al juez la anulación parcial del auto y la expulsión del dirigente provincial del procedimiento penal por estos hechos.

Pero, hay que recordar que tras varios años de instrucción judicial, la Audiencia Provincial de Badajoz decidió abrir juicio oral al considerar que existían indicios suficientes para llevar el asunto a juicio. Las acusaciones populares solicitan penas de hasta tres años de prisión para algunos de los investigados. Este jueves se han derrollado las cuestiones previas que se resolverá en la sesión del próximo lunes cuando se reanude la vista. Por su parte, las acusaciones populares han impugnado las solicitudes de nulidad de los letrados de los acusados. El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha reprochado a los letrados de los acusados que hayan puesto en duda durante las cuestiones previas, desarrolladas este jueves en la Audiencia de Badajoz, la parcialidad de los magistrados. «La sala ha sido impoluta en este procedimiento, si rechazan un recurso no significa que sea parcial sino que quizás el recurso no está bien formulado», ha argumentado, aseverando que se deje ya de perseguir o acosar a los jueces.

Y es que, hay que recordar que en el marco de las investigaciones sobre las cloacas del PSOE, los autos judiciales revelan que Leire Díez lideró una estrategia coordinada para desestabilizar y destruir el procedimiento dirigido por la magistrada Beatriz Biedma, juez instructora del caso de David Sánchez. El plan consistía en socavar y atacar la correcta dirección de la investigación sobre la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Para lograrlo, la trama intentó conseguir información comprometedora sobre la magistrada. Dentro de estas maniobras de «limpieza», uno de los movimientos más específicos atribuidos a la red de Leire Díez fue la utilización del exmarido de la propia juez instructora para intentar tumbar el caso. A través de él, se interpusieron denuncias contra varios jueces de Badajoz con el objetivo de generar un conflicto que forzara la anulación del procedimiento judicial. A pesar de estos intentos por desacreditar el trabajo de la magistrada y apartarla de la investigación, las maniobras resultaron infructuadas y la juez Biedma logró cerrar la instrucción, sentando finalmente a David Sánchez en el banquillo.