Condenado un exalcalde socialista de Puertollano (Ciudad Real) por prevaricación
Joaquín Hemoso estará cinco años inhabilitado por adjudicar el proyecto del campo de fútbol sin concurso público
El exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, a su llegada a la Audiencia Provincial de Ciudad Real. | EP
La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ciudad Real ha condenado al alcalde de Puertollano entre 2003 y 2013, Joaquín Hermoso Murillo (PSOE), y a quien fuera secretario municipal accidental, Juan Luis Vázquez Calvo, a cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las obras del campo de fútbol del Cerrú.
En la sentencia, adelantada este miércoles por La Tribuna de Ciudad Real y consultada por Europa Press, toma carta de naturaleza la tesis de la Fiscalía, respaldada por la magistrada, de que el Ayuntamiento firmó un contrato de permuta con una empresa privada para levantar el estadio a cambio de parcelas municipales sin tramitar un expediente administrativo ni convocar concurso público, prescindiendo de los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la ley.
La sentencia, que no es firme y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real, concluye que el exalcalde firmó el acuerdo antes de que el pleno lo aprobara y que las actuaciones posteriores no corrigieron esa irregularidad. La jueza considera que dictó de forma consciente una resolución ilegal, al eliminar cualquier mecanismo de concurrencia y publicidad, sin concurso público ni informes previos, y revestir posteriormente de apariencia legal una decisión ya adoptada.
La jueza concluye que Hermoso Murillo actuó como autor del delito, mientras que Vázquez Calvo participó como cooperador necesario.
El caso Cerrú está relacionado con los expedientes administrativos y las contrataciones vinculadas a la construcción del estadio de fútbol del Cerrú, y una operación vinculada a este proyecto: la permuta de terrenos en la barriada del Abulagar planeada entre el Consistorio y la empresa que inicialmente iba a construir el campo, inaugurado en 2010.
Vulneración de los principios de publicidad
En el año 2007, Joaquín Hermoso Murillo, en su calidad de alcalde, y el secretario municipal, Juan Luis Vázquez Calvo, decidieron llevar a cabo un contrato de permuta con la empresa Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa), vulnerando los principios de publicidad y concurrencia básicos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en ese momento.
El 16 de octubre de 2007, Hermoso Murillo firmó el contrato de permuta. Según ese acuerdo, en contrapartida a la construcción del campo de fútbol, el exalcalde comprometía al Ayuntamiento con la entrega a Proinsa de las parcelas de titularidad municipal situadas en el Plan de Actuación Urbanística del sector IV, conocido como Abulagar, con una superficie de 34.846 metros cuadrados. El Ayuntamiento otorgó la licencia de obras a la empresa Teconsa, vinculada societariamente al grupo castellano-leonés Martínez Núñez y a Proinsa.
Acaba así el caso con el origen más mediático de la historia de Puertollano: en la mañana del 11 de julio de 2018 irrumpía en el Ayuntamiento la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de la Operación Cerrú por irregularidades en la contratación de las obras. A partir de ahí se sucedieron doce horas que señalaron un hito judicial y policial en la historia democrática de la ciudad minera.
Aquella operación con registros policiales y detenciones en grupo —se investigó hasta a 15 personas— se disolvió en la fase de instrucción seis años después, descartando la trama delictiva, más allá de la presunta actuación en solitario del exalcalde Joaquín Hermoso y del exsecretario municipal accidental Juan Luis Vázquez Calvo.
En noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Ciudad Real también condenaba al exalcalde de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo a una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa en su participación en el procedimiento de contratación y adjudicación de las obras de la plaza de toros de la ciudad minera entre los años 2007 y 2008. El exsecretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo también era condenado a siete años por el mismo delito.