Los jueces acusados de 'lawfare' investigaron antes al PP y otros partidos

Los jueces acusados por la Moncloa y la cúpula del PSOE de lawfare investigaron y sentaron en el banquillo con anterioridad a dirigentes del PP y de otros partidos políticos. Por ejemplo, Santiago Pedraz participó en diligencias de causas como la Gürtel o la Kitchen, y Martínez Arrieta fue el ponente que ratificó en el Tribunal Supremo la sentencia sobre una de las piezas de corrupción que afectaba a los populares. Ahora, los sanchistas los inculpan, junto a otros magistrados, de emprender una guerra judicial en connivencia con los intereses políticos del Partido Popular. En la lista negra del lawfare incluyen a Ismael Moreno, Manuel Marchena, Arturo Zamarriego, Juan Carlos Peinado, Manuel García Castellón, José Luis Calama y Beatriz Biedma. Todos ellos instruyen o instruyeron procesos contra dirigentes y altos cargos socialistas y familiares próximos a Pedro Sánchez.

Los jueces se quejan de que la inculpación de lawfare es la peor calumnia que se le puede atribuir a un profesional de la judicatura, ya que, genéricamente, les estarían imputando un delito de prevaricación, como si un periodista redactara sus noticias despreciando la verdad, un médico se despistara en una operación o un comandante de vuelo pilotara ebrio un avión.

El neologismo anglosajón «lawfare» —«law», de «ley», y «warfare», de «guerra»— procede de la jerga militar, pero también se usa para definir prácticas judiciales y legales que supuestamente utilizan a los jueces como herramienta estratégica en la contienda contra rivales políticos. El primero en usar el término fue, en 2001, un oficial de Estados Unidos, Charles J. Dunlap Jr., quien en uno de sus ensayos se refería al uso de las leyes como sustituto de los medios militares convencionales.

Sin embargo, generalmente, los políticos manipulan el término «lawfare» para desviar el trasfondo de los escándalos por corrupción política en los que se ven inmersos. Cuando los afectados se sienten acorralados y sin argumentos, echan mano de este comodín; de la última bala para desacreditar las investigaciones judiciales. La estrategia siempre falla por la abundancia de pruebas de los sumarios y el testimonio de los testigos que deciden colaborar con los jueces. Se produce entonces un efecto bumerán que deja al descubierto la catadura moral e indecencia de algunos políticos que, finalmente, se reflejan en los resultados electorales.

Solo el populismo actúa como antídoto para amortiguar el descalabro o potenciar el liderazgo, como sucedió en Brasil con Lula da Silva y en Estados Unidos con Donald Trump. Ambos se presentaron como damnificados por prácticas de lawfare y recuperaron las presidencias de sus países. En Argentina, esa misma táctica le resultó infructuosa a Cristina Fernández de Kirchner.

El comodín del lawfare nunca le funcionó al PSOE

En España tampoco le funcionó a Felipe González en casos como Filesa y los GAL. En el proceso judicial contra el crimen de Estado, toda su cúpula del Ministerio del Interior fue condenada, y en el caso Filesa —sobre la financiación ilegal del PSOE—, también se sentenció a dos de sus parlamentarios, entre otros dirigentes socialistas.

Pero como la realidad y la verdad carecen de valor para los Óscar —Puente y López—, se sigue paseando el fantasma del lawfare por los pasillos del Congreso y en estudios de televisión. Los ministros de Transportes y de Transformación Digital se han convertido en los dóbermans del sanchismo, quejándose del trato que reciben los socialistas de jueces a quienes acusan de lawfare.

Eso sí, silencian los casos de contrincantes políticos afectados por decisiones judiciales —jaleadas por el PSOE, incluidas camisetas de colores— que luego no prosperaron, pero sí se llevaron por delante sus carreras y, en algún caso, hasta la vida. Me vienen a la mente nombres de políticos como Rita Barberá, que falleció en medio de un acoso sin precedentes; Francisco Camps, que llegó a ganar una decena de juicios; José Manuel Soria, al que le costó la cartera de ministro; Manuel Pimentel, que renunció a la cartera de Trabajo por una irregularidad de un miembro de su equipo; o la ministra Ana Mato, acusada en la Gürtel de «partícipe a título lucrativo» y castigada con una multa de 27.857 euros; o la larga lista de procesados por la operación Púnica, entre otros muchos casos.

Ninguno de esos políticos puso en marcha el ventilador del lawfare contra los jueces, aunque las investigaciones judiciales no resultaron muy exitosas. También habría que recordar los casos de Mario Conde y Sandro Rosell, que quedaron absueltos después de soportar una larga prisión preventiva. El expresidente del Barcelona permaneció en prisión 645 días por la obcecación de una jueza de la Audiencia Nacional, que se opuso a su libertad hasta en 13 ocasiones.

Antes de que Puente y López se aferraran al comodín del lawfare, su «puto amo», Pedro Sánchez, un joven diputado socialista de Madrid que se abría camino en el Congreso, ya en abril de 2012, sin tener conocimiento del neologismo lawfare, afirmaba en el programa de Intereconomía TV, El gato al agua: «Los jueces son susceptibles de crítica… Yo no creo en las casualidades», en referencia a las decisiones de los tribunales durante procesos electorales.

Se equivocaba porque los jueces de instrucción tienen generalmente por norma —no obligación— aparcar algunas de sus decisiones judiciales. El juez Calama esperó al recuento electoral en las pasadas elecciones andaluzas para comunicar la imputación de Zapatero. Con su decisión buscaba no interferir en la campaña electoral, algo también calificado por los socialistas como lawfare. Por experiencia propia y profesional, la realidad es que el calendario judicial nada tiene que ver con el político. A veces se produce un cruce de caminos, pero, en la mayoría de las ocasiones, la agenda de los tribunales está señalada con mucha anterioridad a las campañas electorales. Aun así, los jueces siempre buscan, por su propio interés, adelantarse a esas posibles interferencias.

Sánchez estuvo poco brillante en su intervención televisiva en la cadena de Julio Ariza. Entonces no hacía ascos a la cadena de El Toro. Lo mismo le había pasado años antes, en 1997, en su primera intervención televisiva en Telecinco, cuando en el programa Moros y cristianos —aún no había conocido a Begoña Gómez ni esta había sido procesada— atacó al juez Baltasar Garzón por sus investigaciones sobre los GAL para defender a Felipe González. Sánchez, que entonces ni en una ensoñación se veía como el fundador del sanchismo ni, probablemente, como el enterrador de un partido histórico como el PSOE, denunciaba una conspiración judicial contra quien acababa de abandonar la Moncloa. No acertó, ya que el felipismo desaparecía por su descomposición política debido a la corrupción económica y política.

Los jueces del «oprobio» para los sanchistas

Los fontaneros de Ferraz y de la Moncloa han puesto en marcha la maquinaria del ventilador del fango para denigrar a una larga lista de magistrados que realizan con decoro y eficacia su trabajo. Santiago Pedraz, vinculado al círculo de Baltasar Garzón y Dolores Delgado, siempre ha sido valorado por los socialistas y la izquierda comunista como un magistrado progresista que comulga con sus planteamientos políticos. Él tampoco lo ocultaba cuando era presentado como el enfant terrible de la judicatura. Formaba parte de un grupo de magistrados, como De Prada, que facilitó con su sentencia el estilete para la moción de censura de Sánchez contra Rajoy.

Si repasamos algunos de los procesos que pasaron por el despacho de Pedraz en la Audiencia Nacional, nos encontramos con ciertas investigaciones sobre la Gürtel, los papeles de Bárcenas, la operación Kitchen, Pujol —blanqueo, fraude fiscal y organización criminal—, que fueron utilizados por el PSOE como arma política, o sobre la corrupción del 3% de Convergència i Unió en Cataluña. U otros casos por los que fue aclamado por los socialistas y comunistas, como sus investigaciones por la muerte del cámara José Couso en Bagdad o cuando abrió una causa por una supuesta guerra sucia contra Podemos. Iglesias se quejaba de una campaña de lawfare en investigaciones policiales contra su partido por la elaboración del informe PISA sobre la financiación irregular de la formación morada a través de Irán y Venezuela.

El PP, sin llegar a utilizar el término lawfare, también lo hostigó por algunas de sus pesquisas derivadas de la Gürtel y de la caja B de Bárcenas o por su decisión de archivar el proceso por las manifestaciones violentas de la izquierda borroka con el lema «Rodea el Congreso».

Ahora, los socialistas, viéndose acorralados por las conspiraciones de una organización criminal con sede en Ferraz contra jueces, empresarios, guardias civiles y periodistas, se aferran al comodín del lawfare. Tiemblan porque las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueden demostrar que los agentes estaban equivocados: el leiregate o el santosgate, en realidad, se trataba de un sánchezgate en el que quedan tocados el ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil y el propio presidente del Gobierno.

El magistrado Ismael Moreno, de 70 años, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 desde 1985, también se enfrenta a las acusaciones de lawfare por atreverse a investigar la otra variante del caso Koldo en la Audiencia Nacional sobre el amaño de concursos públicos durante la pandemia.

El magistrado, que presenta un perfil de juez técnico y sobrado de experiencia, siempre alejado de los vaivenes mediáticos, también investigó las primeras fases sobre la sedición en el referéndum catalán del 1-O, centrado en la Asamblea Nacional Catalana. En aquella ocasión ya fue señalado por los independentistas por judicializar un conflicto político. Por tanto, no le pilla por sorpresa cualquier exabrupto de los dirigentes socialistas.

Moreno, que ideológicamente se encuentra en las antípodas de Pedraz, fue inspector de Policía antes de acceder a la carrera judicial, lo que le confiere un plus en el desarrollo de las investigaciones de casos de corrupción.

El PSOE no puede quejarse de sus decisiones judiciales, porque en 1997 no admitió a trámite un caso que desvelé en El Mundo sobre los negocios de Enrique Sarasola, el empresario socialista amigo de Felipe González que actuaba como una especie de Aldama del felipismo. En aquella ocasión, su nombre aparecía relacionado con el cobro de comisiones en las obras del Metro de Medellín, realizadas por un consorcio hispano-alemán. Su determinación contrariaba la postura de la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, María Dolores Márquez de Prado, en la actualidad abogada de Julio Martínez.

Los socialistas no perdonan sus pesquisas, incluso después de que Moreno se abstuviera en la investigación del caso Plus Ultra por su relación personal con uno de los abogados de la causa.

‘Lawfare’ también en el Supremo

Los magistrados del Tribunal Supremo Martínez Arrieta y Manuel Marchena también se han convertido en la diana de las críticas socialistas. El primero, presidente de la Sala de lo Penal y ponente de la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue asimismo el ponente de la pieza Fitur de la Gürtel contra el PP. El juez Arrieta confirmó la condena contra Francisco Correa y su organización por los contratos con la Generalitat Valenciana en la construcción del pabellón de Valencia en la feria de turismo. El magistrado ratificó las condenas por malversación y tráfico de influencias, entre otros delitos, contra Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa.

Entonces Martínez Arrieta, que también inhabilitó a Arnaldo Otegi en otra causa y participó en la investigación del golpe independentista de octubre de 2017, recibió los parabienes de los socialistas de Ferraz. Ahora lo acusan de ser un magistrado seducido por la herramienta del lawfare.

El caso de Marchena es muy parecido, sobre todo tras su participación en la condena contra el fiscal general García Ortiz. El canario de 67 años llegó a estar destinado en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General entre 1992 y 1994, cuando su jefe era el socialista Eligio Hernández, conocido en la lucha canaria como el Pollo del Pinar. Ya como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, archivó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el presidente del Congreso de los Diputados, el socialista José Bono.

Arturo Zamarriego, que adquirió protagonismo mediático en el caso Nicolay, que finalmente concluyó en nada, desde su despacho del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid emprendió una investigación sobre las andanzas de Leire Díez por el caso de las cloacas del PSOE por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, y por el caso SEPI. Durante la instrucción citó como imputados a Santos Cerdán y a Gaspar Zarrías.

Ferraz se queja de sus actuaciones y lo sitúa en la lista de jueces proscritos. No recuerdan que su investigación sobre el Pequeño Nicolás afectaba, indirectamente, a un alto cargo del PP y colocaba en una situación de inestabilidad a la vicepresidencia de Mariano Rajoy.

Juan Carlos Peinado es quizás el juez que más ha tenido que soportar los ataques de la trama del sanchismo desde que comenzó, en 2024, sus investigaciones sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente, por unos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación, entre otros. La investigación está concluida y pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid.

Desde entonces, las cloacas de Ferraz desataron una persecución implacable contra el juez, incluso investigando su vida privada con la ayuda de algunos medios de comunicación. La UCO encontró un documento sonoro de la propia Leire Díez en el que se quejaba de que sus planes de acción contra la judicatura no fueron considerados viables hasta que el juez Peinado emprendió sus acciones judiciales contra la primera dama. Fue cuando Ferraz y la Moncloa tocaron rebato y movilizaron a la trama mafiosa para salvar a Begoña.

Los fustigadores de Peinado, a quien acusan de plasmar en sus escritos su ideología ultraconservadora, deberían tener en cuenta que el mismo magistrado ha archivado o inadmitido multitud de causas presentadas por Manos Limpias o Hazte Oír.

Y en medio del ruido aparece Zapatero

El juez José Luis Calama, de 67 años, es titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 desde 2018 y está considerado un experto en delitos económicos. Cuando recayó en su despacho el caso del rescate de Plus Ultra y las sospechas de un delito de blanqueo de los 53 millones del crédito, jamás pensó que aquello acabaría con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La causa le llegó a su juzgado por reparto después de inhibirse en la causa un juzgado de instrucción de Madrid. Él nunca la buscó.

Solo con la presencia del primer presidente de la democracia imputado en una causa penal lo colocaban en un grupo de riesgo. El aumento de la presión en un caso de corrupción política es proporcional a la importancia de sus protagonistas, y esa máxima no falló con Calama. Su currículo y su comportamiento a lo largo de su carrera profesional, considerado un juez riguroso e independiente, no eran suficientes para blindarlo de los ataques socialistas sobre su lawfare.

Sus detractores no tenían en cuenta que el magistrado carecía de inquinas personales y políticas contra los socialistas. Antes había procesado por terrorismo a un anciano que envió seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos, entre otros destinatarios.

En sus antecedentes también destacaba su investigación en la Audiencia Nacional sobre el espionaje a Pedro Sánchez, Margarita Robles y Grande-Marlaska en el caso Pegasus, que acabó archivada por falta de colaboración en las comisiones rogatorias cursadas a Israel. Calama asimismo había archivado una denuncia contra el marido de la exalcaldesa de Más Madrid, Manuela Carmena.

Además, su juez de apoyo, Javier Ángel Fernández-Gallardo, había sido el secretario judicial del juzgado que instruyó la causa contra la trama Gürtel antes de convertirse en magistrado. Fernández-Gallardo ayuda ahora a los titulares José Luis Calama e Ismael Moreno en los casos Zapatero y Koldo. Es otro ejemplo de la transversalidad de los profesionales de la Audiencia Nacional.

Calama investiga también los pagos de un empresario de criptomonedas a Alvise Pérez, el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, partido que políticamente está valorado como de ultraderecha.

Otro de los jueces zarandeados por los socialistas es Manuel García Castellón, a quien le tocó enfrentarse al macroproceso Tándem sobre el comisario José Villarejo. También abrió otros procesos judiciales que afectaban al PP, como Kitchen, Púnica o Lezo. En los noventa instruyó el sumario Banesto contra Mario Conde, que sirvió para eliminarlo de la escena política cuando parecía que iba a enfrentarse electoralmente a Felipe González.

Ahora, García Castellón, ya jubilado, es otro de los magistrados apestados para el PSOE, también acusado de practicar lawfare.

La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que instruyó la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, también ha tenido que soportar el sambenito del lawfare por culpa de un solo caso que se cruzó en su camino. Un solo proceso, pero vigilado por el sanchismo: el de David Sánchez, el hermano del presidente. No basta con que la magistrada cordobesa —con 22 años de experiencia en la carrera judicial— suela firmar una media de 300 sentencias al año y presente un expediente limpio; la prioridad ha sido salvar al «hermanísimo» aun a costa de destrozar la imagen y el futuro de una mujer sin tachas. Y luego se presentan como progresistas y feministas.

La jueza ha sido perseguida, denigrada con bulos y montajes y acosada hasta el punto de temer por su vida. Sin esperarlo, se vio sumergida en una espiral en la que no todo se supera con un Orfidal.

Cuando se cruzan las líneas rojas

La experiencia de las últimas décadas acredita que todos los Gobiernos de distinto signo, ya sean centrales con presidentes del PP o del PSOE, o autonómicos con ejecutivos de CiU, PNV o socialistas andaluces, han tenido la tentación de controlar o desprestigiar a la judicatura. Para salvarse del ogro de la corrupción, han introducido a los jueces en el debate político. Siempre ha sido así, pero las cotas de influencia y presión nunca han sido tan altas como cuando han gobernado los socialistas. Primero, durante el felipismo, con escándalos de corrupción como Filesa o Roldán y los crímenes de Estado de los GAL. Parecía que lo sucedido en las dos últimas legislaturas del felipismo había tocado techo, pero no: la llegada de Sánchez y el sanchismo ha desbordado todos los parámetros de la corrupción.

El PP sigue soportando la estigmatización por casos como la Gürtel, los papeles de Bárcenas o la Kitchen, pero su penitencia por la corrupción ya la pagó en las urnas y, aún peor, con una moción de censura que echó a Rajoy de la Moncloa. Ahora cuenta con un líder limpio y sin ataduras del pasado que derrotó a Sánchez en las generales de 2023. El candidato socialista pudo restañar las heridas concitando a sus socios de la bancada Frankenstein. Desde 2018, Sánchez ha encontrado la fórmula para mezclar el aceite con el agua con el fin de permanecer en la Moncloa: Bildu con Coalición Canaria o Junts con los comunistas de Sumar. Sin presupuestos y casi siempre como el protagonista principal en la apertura de los informativos televisivos.

La Gürtel sirvió para cambiar el rumbo político de España, pero el pasado nos señala que solo los Gobiernos socialistas han cruzado las líneas rojas más estridentes de la democracia: comprando el silencio de Amedo y Domínguez con dinero negro en cuentas suizas a nombre de sus mujeres para tapar los GAL; premiando a Paesa con 300 millones de pesetas por la entrega de Roldán en Bangkok; elaborando el informe Crillon contra Mario Conde con fondos reservados del Estado, o enviando a dos guardias civiles corruptos y asesinos a un curso de helicópteros en Miami para apartarlos de la escena judicial.

Zapatero permitió un chivatazo en el bar Faisán de Irún al aparato de cobro del impuesto de la extorsión de ETA para salvar sus negociaciones con la banda terrorista. Sobre ese tema, el que sabe mucho es Antonio Camacho, el ex secretario de Estado (2004-2011) y ministro del Interior con Zapatero (julio-diciembre de 2011), y ahora abogado de Begoña Gómez.

No es la primera vez que la maquinaria del fango del poder ejecutivo ha dirigido el ventilador hacia los profesionales de la judicatura por atreverse a investigar las ilegalidades del partido y de los gobiernos socialistas. Bastaría con recordar los nombres de Marino Barbero, Baltasar Garzón —en su primera etapa como juez—, Javier Gómez de Liaño, Pablo Llarena o Mercedes Alaya. Todos ellos sí han sufrido un verdadero lawfare invertido desde el poder político.

Garzón, entre muchas de las maldades que las cloacas socialistas le urdieron, cierto día se encontró encima de la cama del dormitorio de su domicilio una monda de plátano. ¿Era un aviso al estilo mafioso porque se atrevía a investigar la guerra sucia de los GAL? Los conspiradores lograban entrar en su casa de Pozuelo, que estaba vigilada por la Policía. Después, desde un Ministerio del Interior dirigido por jueces —Belloch, Fernández de la Vega y Robles—, le fabricaron un dosier —el informe Veritas— con verdaderas alucinaciones sobre su vida privada, que los periodistas logramos reventar. Se trataba de un falso kompromat al estilo estalinista, con prostitutas y cocaína. Un burdo montaje de Mortadelo y Filemón. Lo contrario a lo que luego sucedió con las putas y madamas de Koldo o el Tito Berni, o la droga de los ERE.

A Gómez de Liaño le salió muy caro meter la nariz en dos casos tan malolientes como los asesinatos de Lasa y Zabala y Sogecable. Enfrentarse al bastión audiovisual de Polanco y Prisa le costó la carrera judicial. Fue condenado por sus colegas del Tribunal Supremo a 15 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada, lo nunca visto en la historia de la Justicia en España. Los votos a favor de la condena procedían de dos consumados felipistas: García Ancos, que había sido secretario general del Ministerio de Defensa en el primer Gobierno de González, y Enrique Bacigalupo, un reconocido magistrado profelipista.

Más tarde, el Tribunal de Estrasburgo dio la razón a Gómez de Liaño y condenó a España por privarle de un juicio justo con jueces independientes.

El magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero, que se atrevió a investigar el primer caso notable de corrupción del PSOE por financiación irregular y que culminó con la condena de dos de sus parlamentarios, además de otras seis personas, no pudo soportar las presiones de la Moncloa y del PSOE y abandonó la carrera judicial. El prestigioso jurista dejaba atrás diez años de una brillante carrera en los tribunales para dedicarse a la docencia. Durante la instrucción ordenó el registro de la sede del PSOE y del Banco de España.

Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo, sin el apoyo del Gobierno sanchista, sigue sufriendo los escraches desde las filas del independentismo catalán. Es la respuesta de los secesionistas por su brillante trabajo durante la instrucción de la causa especial 20907/2017 sobre el proceso secesionista de Cataluña. El juez se atrevió a dictar la orden de prisión contra Carlos Puigdemont y mandó a la cárcel a Oriol Junqueras y a otros instigadores de la asonada independentista del 1-O. Desde entonces, su vida y la de su familia —su mujer también es juez— soportan una persecución política.

Tampoco podemos olvidar el juego sucio al que se vio sometida la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El PSOE andaluz también la acusó de hacer coincidir sus decisiones judiciales con asuntos políticos andaluces. Fue desacreditada, perseguida y presionada para que abandonara una causa que acabó con dos presidentes socialistas —Chaves y Griñán— en el banquillo. En aquellos años, los socialistas sevillanos también crearon una brunete conspiratoria tipo fontanera Leire para acosarla con bulos y mentiras.

Gaspar Zarrías, que fue presidente de la Junta de Andalucía durante 16 días, vicepresidente un año y consejero más de 20, acusó a Alaya de practicar lawfare. Dijo de ella que destilaba «una pintoresca sintonía» con el Partido Popular. El político andaluz, que podría ser calificado como el eslabón podrido y el nexo de las corrupciones del PSOE, era consejero de la Junta de Andalucía en los años de los escándalos judiciales de los GAL, era el número dos del Gobierno andaluz durante los ERE y ha sido imputado por ayudar a las cloacas de Ferraz a montar una trama mafiosa.