Delcy Rodríguez tampoco repatriará etarras a España con la anuencia de Sánchez

La heredera de Maduro, Delcy Rodríguez, tampoco repatriará a España la docena de terroristas de ETA refugiados en Venezuela desde hace décadas bajo el amparo del chavismo. En la lista de prófugos se encuentran tres de los carniceros de ETA: Arturo Cubillas, José Luis Eciolaza Galán —alias Dienteputo— y José Ignacio de Juana Chaos. Al mismo tiempo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha decretado el «punto final» de las investigaciones sobre el santuario de ETA tras oponerse a seguir con el proceso contra la colonia etarra del chavismo. Esta determinación ha provocado indignación y desmoralización en las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Marta Durántez, teniente fiscal de la AN y responsable del esclarecimiento de los 300 crímenes sin resolver de ETA, denegó a mediados de abril la solicitud de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) de investigar a miembros de la organización terrorista. Algunos de ellos fueron deportados o huyeron a Venezuela en los noventa y ahora viven refugiados allí bajo la protección del Gobierno chavista. DyJ considera que con la caída de Nicolás Maduro y los cambios políticos en Venezuela se abría una puerta para recuperar muchos de los casos sepultados por el olvido y por el bloqueo de la dictadura bolivariana.

Durántez, nombrada en 2024 por el exfiscal general Álvaro García Ortiz como sustituta de su compañero Marcelo de Azcárraga, adoptó tales medidas tres meses después de la solicitud de DyJ. Unos días antes recibió en su despacho de la AN a la exdiputada de HB Bildu Jone Goirizelaia, que durante décadas fue la letrada de la izquierda abertzale. Según fuentes de las asociaciones de víctimas, la abogada de Arnaldo Otegi se oponía a que los fugados de ETA en Venezuela fueran perseguidos por los delitos de asesinato.

Los pactos secretos de Sánchez con Bildu para llegar a la Presidencia del Gobierno y el nuevo régimen bolivariano, que utiliza a José Luis Rodríguez Zapatero de mediador, están impidiendo cualquier avance para la extradición de los asesinos de ETA protegidos en el Caribe. La nueva presidenta, fiel colaboradora de Chávez y Maduro, que ahora se presenta como «reformista», sigue premiando a los terroristas con un asilo extrajudicial. Es la recompensa a su colaboración con los gobiernos chavistas y con la narcoguerrilla colombiana de las FARC, siempre aliada al movimiento bolivariano.

Para los familiares de las víctimas del terrorismo, la única esperanza de ver sentados en un banquillo español a los etarras fugados pasa por la victoria de María Corina Machado en unas próximas elecciones democráticas. La líder de la oposición ha reconocido en más de una ocasión que su país se había convertido en refugio de terroristas y narcos, incluida la influencia de Irán, Hezbolá y Hamás.

Machado: «Un ecosistema criminal-terrorista»

Machado siempre se ha referido al régimen dictatorial de Maduro como un reducto protector de terroristas: «Hay que desmontar un ecosistema criminal-terrorista no solamente en su cúpula, sino en toda su estructura», declaraba hace dos años al diario El Nacional.

La colonia etarra en Venezuela, desde el fin de ETA, se ha visto reducida a una treintena de activistas, pero no extinguida. En 2011, en el programa Objetivo de Telemadrid, pude desvelar una larga lista integrada por medio centenar de activistas de la organización armada tras conseguir un documento secreto del Sebin, los servicios secretos venezolanos.

En la actualidad, el grupo se ha reducido a una docena, según ha recopilado la asociación de víctimas Dignidad y Justicia en la documentación que ha presentado en la Audiencia Nacional. Los etarras eran 13, pero finalmente Dienteputo ha logrado huir de Venezuela. El terrorista fue uno de los que participaron, junto con Ángel María Tellería y Mikel Goikoetxea Bengoetxea, alias Txapela, en el asesinato en Zarauz, en 1981, de la policía María Jesús García, acribillada a tiros a quemarropa en una operación antiterrorista. Desde entonces, Dienteputo se encuentra en paradero desconocido.

Dos años después, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) vengaron su muerte y asesinaron al dirigente etarra Txapela en una operación parapolicial coordinada por el Ministerio del Interior. Dienteputo también estaba en la lista de los objetivos a abatir, pero una vez más logró huir.

ETA desapareció, pero no los delitos de sus asesinos; de ahí la importancia de acabar con la impunidad del chavismo. Algunas causas han podido prescribir, pero nunca «el derecho de las víctimas a conocer la verdad», como destacaba en una entrevista el exfiscal de la AN Marcelo de Azcárraga, quien se esforzó por esclarecer los crímenes de lesa humanidad.

La reforma del Código Penal de 2010, con Zapatero en la Moncloa y mayoría en el Congreso, declarando no prescriptibles los delitos de terrorismo que hubieran causado la muerte a una persona, provocó una avalancha de exmilitantes de ETA que optaron por regresar a España para acogerse a la nueva norma. La medida excluía los atentados cometidos antes de la entrada en vigor de la ley, que prescribían a los 20 años. Los beneficiados se presentaron ante la Justicia y limpiaron sus antecedentes. No era el caso de quienes decidieron permanecer en Venezuela u otro país americano, que prefirieron seguir al margen de la ley.