Bono cultural: Urtasun castiga por fraude a Kinépolis, El Corte Inglés y otras 120 empresas

El Ministerio de Cultura asegura que al menos 122 empresas han utilizado fraudulentamente el Bono Cultural que la cartera de Ernest Urtasun da a quienes cumplen 18 años para que puedan gastar 400 euros en productos del ramo. Según los datos obtenidos por THE OBJECTIVE, empresas y marcas tan reconocidas como El Corte Inglés, Mediamarkt y Kinépolis han recibido una parte de los 487.050 euros utilizados irregularmente en 2022 y 2023. En estos casos, la cartera exige la devolución del dinero usado irregularmente.

La mencionada información revela que Cultura expulsó del programa a estas 122 empresas por haber permitido un uso irregular de la ayuda pública. Según la documentación oficial de la que dispone este medio, en 2022 hubo 51 empresas expulsadas y en 2023 otras 93, aunque 22 de ellas aparecen repetidas. Entre ellas figuran nombres muy conocidos del sector cultural y del entretenimiento, como Game, Yelmo Films, Fever, Daily Price, las anteriormente enumeradas, librerías, plataformas de ticketing, salas de cine y pequeños comercios especializados repartidos por toda España.

El documento del que dispone esta redacción es una resolución oficial firmada por la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, en la que señala que en «la convocatoria 2022» el «importe total de fraudes» fue de «218.091,67 euros», mientras que en la «convocatoria 2023» alcanzó los «268.959,22». El documento añade que el «porcentaje que representan los fraudes» fue del 0,30% y del 0,31%, respectivamente. En total, casi medio millón de euros de fondos públicos empleados irregularmente en el programa estrella del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Bono Cultural Joven se presentó desde su inauguración en 2022 como una herramienta para facilitar el acceso de los jóvenes a productos culturales y, al mismo tiempo, impulsar sectores especialmente golpeados tras la pandemia. Cada beneficiario recibe actualmente 400 euros para gastar en libros, cine, música, espectáculos, videojuegos o plataformas digitales, entre otros productos y servicios culturales. Desde su lanzamiento, el programa ha estado rodeado de polémica por distintos casos de reventa y compra de productos ajenos a los fines previstos inicialmente. Parte de las críticas se han centrado en la capacidad de control de la Administración y en la facilidad con la que determinados establecimientos habrían validado operaciones fraudulentas, como es el caso —según el Ministerio de Urtasun— de estas 122 sociedades.

Cultura no facilita toda la información requerida

La resolución del Ministerio ha sido remitida a THE OBJECTIVE tras realizar una consulta a través del cauce oficial dispuesto para el cumplimiento de la Ley de Transparencia de 2013. En ella, el Ministerio de Ernest Urtasun evita acusar expresamente a las empresas de fraude deliberado y habla de «empresas que han permitido un uso indebido» del Bono Cultural Joven, posteriormente expulsadas del programa.

Cultura rechaza facilitar buena parte de la documentación solicitada alegando que su difusión podría perjudicar las labores de inspección y vigilancia todavía en marcha. El departamento invoca para ello el artículo 14 de la Ley de Transparencia y sostiene que «la publicidad de las irregularidades detectadas podría comprometer la eficacia de los procedimientos de reintegro aún no concluidos». El Ministerio tampoco facilita el desglose económico individualizado de cada caso en su respuesta, no concreta qué tipo de operaciones fraudulentas se realizaron en cada establecimiento ni ofrece cifras consolidadas de las convocatorias de 2024 y 2025, ya que continúan «en fase de ejecución y seguimiento», asegura, por lo que los datos disponibles son todavía provisionales. Respecto a 2026, se afirma en la resolución que la información «no existe», ya que la convocatoria aún no se ha puesto en marcha.

La polémica por el uso fraudulento del bono en discotecas

En el documento oficial, el departamento informa del importe total abonado por el Bono Cultural Joven —71.963.800 euros en 2022 y 87.522.700 en 2023— y detalla el sistema de control que se ha implantado para detectar los usos fraudulentos del mismo. El modelo se basa, según explica Cultura, en «un control preventivo tecnológico, operativo desde el inicio». Entre las medidas aplicadas se incluye «el filtrado automático de transacciones, mediante la restricción por códigos de actividad (IAE) y el bloqueo de terminales de punto de venta (TPV) no autorizados». Además, los beneficiarios están obligados a aportar justificantes de compra a través de la plataforma oficial, «los cuales son validados individualmente para asegurar que el objeto de la compra es un producto cultural subvencionable».

La mayor indignación con el uso indebido del Bono Cultural se dio en las discotecas, de las que incluso llegó a haber vídeos en internet promoviendo su uso para pagar reservados y botellas. Según la normativa, el bono es válido para espectáculos, actuaciones y eventos culturales, incluso si se celebran en un recinto de este tipo, pero no puede destinarse al consumo de alcohol ni cuando no hay un trasfondo cultural claro.

Cultura asegura igualmente que el sistema antifraude incorpora «auditorías externas y revisiones de operaciones» y añade que, «desde la convocatoria de 2022 hasta la actualidad, estos mecanismos han sido progresivamente reforzados y modificados».