Cultura amplía el Bono Joven de 400 euros pese al uso fraudulento en otras ediciones
La edición de 2026 nace entre advertencias del Gobierno, pero sin garantizar los mecanismos para evitar el fraude
Ernest Urtasun. | Jesús Hellín (EP)
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves 21 de mayo el real decreto que regula el Bono Cultural Joven, que en la edición de 2026 permitirá ampliar sus usos a nuevos productos y servicios. Una vez más, el Gobierno repartirá 400 euros para que quienes cumplan 18 años —en este caso los nacidos en 2008— puedan gastarlos en «artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural, productos culturales en soporte físico y consumo digital o en línea».
La presente edición llega con novedades. Para 2026, el Bono Cultural Joven añade al listado habitual la cobertura del gasto en adquisición de instrumentos musicales, material artístico o formación —presencial y online— en el ámbito de la cultura, según explicó en su presentación el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. De este modo, los 400 euros se podrán gastar no solo en compra de entradas para conciertos, productos culturales o suscripciones, sino también en cursos de creación, instrumentos, cámaras y programas informáticos para creación o producción cultural.
Sin embargo, la publicación del real decreto en el BOE no termina de aclarar la problemática surgida en los últimos años con esta ayuda —vía gasto público— al acceso a la cultura: la del fraude en el gasto del dinero adjudicado. El pasado mes de febrero, tras la viralización en redes sociales de varios vídeos de jóvenes usando la tarjeta prepago de su bono para entrar en discotecas o pagar consumiciones, el propio Ministerio de Cultura se vio obligado a lanzar una advertencia sobre su uso fraudulento.
El fraude del Bono Cultural Joven
Aunque el uso fraudulento del Bono Cultural Joven implica, según Cultura, la devolución íntegra del gasto y sanciones a comercios que lo amparen, lo cierto es que apenas se ha informado de la sanción a una decena de establecimientos y plataformas de venta que permitieron la compra de productos no culturales o servicios de hostelería mediante la tarjeta del bono. No consta oficialmente que ningún beneficiario particular haya tenido que devolver el importe defraudado.
Pese a que el fraude estimado alcanza los 480.000 euros tan solo en las dos primeras ediciones del Bono Cultural —2022 y 2023—, el ministro Urtasun calificó las cifras como «irrisorias». Según los datos del Ministerio de Cultura, los usos irregulares apenas representaron el 0,3% del dinero destinado al Bono Cultural Joven en sus dos primeras ediciones, cuya cantidad total destinada rozó los 160 millones. No existen datos oficiales sobre el alcance del fraude en las ediciones de 2024 y 2025, aunque el Gobierno asegura que sigue revisando justificantes y aplicando controles en todas las emisiones del bono.
El Ministerio de Cultura de momento no ha respondido a las preguntas formuladas por THE OBJECTIVE sobre qué medidas concretas tomará para evitar este fraude en la quinta edición del Bono Cultural Joven. El ministro Urtasun señaló tras el escándalo que «son muy pocos los casos» de fraude en un bono que «la inmensa mayoría de los jóvenes usa bien». En la publicación del real decreto en el BOE se alude a que «se mantiene la necesaria colaboración de entidades que realizan las funciones de apoyo y colaboración en la gestión de las ayudas, control de la aplicación de las ayudas».
Medidas de vigilancia
Fuentes de Cultura consultadas por este periódico recuerdan que, tras conocerse el escándalo de ediciones anteriores, se ha reforzado el sistema de geolocalización y el cruce de datos con la Agencia Tributaria para detectar de forma automática comercios que operen bajo epígrafes de hostelería pero intenten cobrar productos como culturales. En definitiva, intentar que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad «no cambien cultura por consumiciones».
La estrategia se centra principalmente en la colaboración de Cultura con la mencionada Agencia Tributaria o con Correos, la entidad encargada del control de pagos y tarjetas. De este modo, aunque el bono siempre ha funcionado con una tarjeta prepago (gestionada por Correos), al integrarse los datos de ubicación del terminal de pago (TPV) con el catálogo de empresas adheridas, se genera una alerta automática en caso de que el registro del comercio coincida, por ejemplo, con un epígrafe de hostelería o discoteca.
En cualquier caso, reconocen la dificultad para luchar contra la «pillería» de unos nativos digitales que saben cómo sortear las trabas de vigilancia. Unidades de la Policía Nacional y Guardia Civil colaboran de forma puntual en investigaciones sobre la reventa del bono en plataformas de segunda mano (como Wallapop o Vinted), pero las fuentes consultadas reconocen que este es un campo «muy difícil de acotar». En 2025, más de 366.000 jóvenes solicitaron el Bono Cultural Joven, un 8% más que en la edición anterior.